¿Qué es lo peor que un ser
humano puede hacerle a otro? Seguramente no es posible contestar esta pregunta,
pero sí percibir su oscura fascinación. Algo de esa oscuridad puede alumbrarse
mediante la reconstrucción detallada del delito por el que está detenido el
psicólogo Jorge Corsi, especialista en violencias y abusos, además de Marcelo
Rocca Clement y Augusto Correa; otro acusado está prófugo. Con la ayuda del
fiscal de la causa, Martín Niklison, PáginaI12 ordenó las piezas de una historia
de la que es más fácil saber el final que el comienzo: uno solo de los chicos
abusados declaró hasta ahora. Se sabe que hubo por lo menos dos más, pero no
cuántos en total. Y está constatado que ya hace ocho años, cuando Rocca Clement
fue detenido por un caso similar, Corsi estaba relacionado con él.
La prehistoria de la investigación empieza
en mayo del año pasado, cuando un chico de 13 años les cuenta a sus padres, con
palabras que sólo ellos recordarán para siempre, que ha sido usado sexualmente
por cuatro hombres. El 25 de mayo de 2007, los padres del chico hacen la
denuncia en una comisaría. Se da intervención a la División Delitos contra
Menores de la Policía Federal, que notifica al juzgado de instrucción de turno,
el Nº 41, a cargo de María Fontbona de Pombo; interviene la fiscalía de Martín
Niklison.
La declaración de la víctima debió esperar
porque “el chico estuvo realmente mal. Pasaron dos meses hasta que estuvo en
condiciones de declarar, y en ese tiempo tuvo una internación psiquiátrica”,
recuerda el fiscal Niklison. Pero la investigación había empezado el primer día.
El padre puso a disposición de los investigadores el celular de su hijo y se
examinó el registro de las llamadas. Aparecía ya un tal “Geo”.
Cuando el chico pudo declarar, su testimonio
se tomó, como indica la ley, ante una psicóloga especializada. Se utilizó una
cámara de Gesell, mediante la cual los funcionarios judiciales pudieron
presenciar el interrogatorio sin intervenir directamente, y la entrevista quedó
registrada “para que la víctima no necesite volver a declarar en el proceso,
para que no se vea obligada a volver a hablar del tema”, explica el fiscal. Dos
audiencias testimoniales fueron suficientes para completar la declaración del
chico, a partir de lo cual “la investigación se aceleró”. El juzgado ordenó la
intervención de líneas telefónicas. El primer imputado que pudo identificarse, a
partir de la declaración y las escuchas, fue Marcelo Rocca Clement, de 34 años,
que ya está procesado por otro hecho cometido hace ocho años (ver
aparte).
El chico había conocido a Rocca Clement en
el Shopping Abasto, ese mismo verano. Se lo había presentado otro adolescente,
de 16 años. Es verosímil que este chico también haya sido víctima del grupo
antes. “Será citado como testigo: que pase a ser considerado víctima dependerá
de él y de los padres, según hagan o no la denuncia. Es que se trata de un
delito de instancia privada, de modo que sólo puede juzgarse si existe denuncia;
pero, una vez efectuada la denuncia, pasa a ser delito de acción pública, y la
causa continúa en cualquier caso”, explica el fiscal Niklison.
Cuando conoció a Rocca Clement, el chico
estaba a su vez con dos compañeros de colegio, pero éstos se alejaron o los
abusadores prefirieron dejarlos de lado: “De los tres, eligieron al más
vulnerable. Iban seleccionando, como en la película Río místico, donde al que
parece más fuerte, dispuesto a hacerles frente, lo dejan ir”, comenta el
fiscal.
Por intermedio del amigo de 16 años y de
Rocca Clement, el chico conoció al tercer integrante del grupo, Augusto Correa,
de 26 años, estudiante de sociología, que trabajaba en el Centro Deportivo Costa
Rica, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, quizás en el
vestuario, empezaron los juegos de manos. Pero los encuentros sexuales se iban a
producir en otro lugar, según la investigación: el departamento donde vivía el
psicólogo Jorge Corsi, de 62 años, en la calle Paraguay. Los otros se encargaban
de llevarle los chicos. “A Corsi, las víctimas jamás lo veían fuera de su casa.
A Rocca sí: le gustaba el fútbol, los deportes, así se acercaba a los chicos”,
cuenta el fiscal, y agrega que las reuniones “no hubieran podido ser en otro
lado porque Rocca vivía con los padres y Correa también vivía con su
familia”.
El dato fuerte de que “Geo” era Jorge Corsi,
profesor en tres universidades, especialista de prestigio internacional en
violencia familiar, se obtuvo “a partir de cruces de llamadas entre Rocca y el
psicólogo. También se hicieron seguimientos”, recuerda el fiscal. Pero hubo unos
días de confusión: “Por un error del padre del chico al trasmitir la
información, el domicilio de Corsi, en la calle Paraguay, se consignó en una
cuadra equivocada”. Aclarado este error, ya sí, todo coincidía: “La descripción
del edificio, del departamento, hasta el gatito que tenía Corsi”.
La acusación sostiene que, en el
departamento de Corsi, por lo menos cuatro hombres adultos tenían relaciones con
menores varones. El cuarto imputado está prófugo. “El chico dijo que este hombre
lo penetró por lo menos una vez –cuenta el fiscal–: por eso está imputado”, al
igual que los demás.
En esos meses, agosto y septiembre del año
pasado, “los cruces telefónicos hablaban de otros dos menores en danza.
Aparentemente, estaban desde antes en contacto con el grupo. Pero no teníamos
pruebas de que se estuvieran cometiendo delitos con respecto a ellos”. En
septiembre del año pasado, “estábamos en lo que se llama ‘escucha directa’: los
policías monitoreaban permanentemente las conversaciones telefónicas: la idea
era allanar en el momento en que se diera una reunión, pero esa posibilidad no
se dio”.
En diciembre, el fiscal pidió que se
concretaran los allanamientos y las detenciones, pero la jueza no accedió en ese
momento: “Quería asegurarse de los datos; de hecho ya se había cometido un error
con respecto a Corsi. La actitud de la jueza es comprensible: detener a una
persona con la exposición pública de Corsi, si no había indicios suficientes,
podía ser destruirle la vida. Pero ahora sí, estoy absolutamente seguro de su
responsabilidad”.
Hace un mes, el fiscal volvió a insistir.
“No se podía demorar más, habiendo menores victimizados.” Esta vez sí, la jueza
ordenó a la policía allanar y detener, pero hubo que esperar todavía porque
Corsi estaba en España, en uno de sus trabajos de asesoría sobre violencia
familiar y abuso infantil.
Finalmente, el miércoles de esta semana se
efectuaron las tres detenciones y los allanamientos, donde se secuestraron 12
computadoras, dos de ellas en la casa de Corsi; también se encontraron DVD y
fotos. Todos estos materiales están siendo examinados por la División Delitos en
Tecnologías de la Policía Federal. En cuanto a las versiones de que los
abusadores habrían subido materiales a Internet, “no tenemos nada hasta ahora.
El chico dice que le tomaron fotos y lo filmaron con cámara web, de modo que es
posible que hayan subido material a la red. Los expertos de la División
Tecnologías no debieran tardar más que unos días para efectuar las pericias, y
elevarán el informe al juzgado”, cuenta el fiscal.
En cuanto al cuarto imputado, prófugo, no
tiene antecedentes penales ni actuación pública. “Pidió exención de prisión; yo
me opongo y no hay motivos para que la jueza la conceda”, dice el fiscal. El
fiscal había pedido la detención de dos hombres más, pero la jueza no lo aceptó.
Uno de ellos tiene 31 años y el otro es un joven de 20 años, que resulta haber
sido la víctima en la causa contra Rocca Clement, de 2000: “Después de haber
pasado por eso quedó pegado a la situación, pobre chico”, comenta el fiscal. De
todos modos, si bien este joven iba a las reuniones en lo de Corsi, “la víctima
no dijo que este chico haya tenido relaciones con él”, por lo cual la jueza no
encontró mérito para ordenar su detención.
A partir de la indagatoria que se efectuó el
jueves, la jueza tiene un plazo de diez días hábiles o 14 días corridos para
dictaminar o no el procesamiento. “Sin duda dictará el procesamiento”, prevé el
fiscal, que presenta acusación por violación agravada, al haber sido cometida
por dos o más personas, y por corrupción de menores; la pena correspondiente es
de ocho a 20 años. “A partir de los 12 años de edad, cuando hay consentimiento
de la víctima, se considera estupro y no violación, y la pena es menor. Pero, en
este caso, la libertad y la voluntad del chico estaban afectadas como para que
pudiera consentir. El cuenta que al principio no aceptaba. Según su testimonio,
le daban bebidas alcohólicas, en una oportunidad una ‘que lo hizo sentir mal’, y
también utilizaban marihuana. Le hacían regalos. Estaba todo armado para
derribar su capacidad de decisión”, dice el fiscal.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-108567-2008-07-27.html
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