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Dos mujeres corriendo en la playa - Pablo Picasso

En este número:

El "malestar"militar

32 años del golpe

Plenaria Memoria y Justicia CARTA ABIERTA

Nybia Sabalzagararay -Reconocen que fue asesinada

Caso Martirena

Caso LUZARDO

Caso MARÍA CLAUDIA

Caso BERRÍOS

Marcha en Defensa del Agua y la Vida

Argentina ¿un ejemplo a seguir?

CHIAPAS: Alerta ROJA

EEUU-Irán-Irak - Immanuel Wallerstein

PARAGUAY: Impunidad para EEUU - Pérez Esquivel

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la lucha continúa

Nro. 44- A 32 años del golpe de Estado. Las cuentas pendientes. 04/07/05

Esto no significa que debamos confrontar al mundo con nuevos principios doctrinarios y proclamar: ¡He aquí la verdad, de rodillas ante ella! Significa que debemos desarrollar nuevos principios a partir de los principios existentes del mundo. No debemos decirle: Abandona tus luchas, son mera locura, nosotros te daremos los verdaderos objetivos. En vez de ello, debemos simplemente mostrar al mundo por qué él está en lucha, y la conciencia de eso es lo que deberá adquirir, quiéralo o no.

Marx, Carta a Rouge 1843

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"Caminar a solas es posible, pero el buen peregrino sabe que el camino es largo y requiere compañeros." H. Cámara

Estimado lector:

Les acercamos una serie de materiales y documentos que hablan por sí mismos acerca de la situación en la lucha por los DDHH en el Uruguay de hoy. Nuestro paisito, uno de los últimos bastiones de la impunidad en el Cono Sur camina con pasos de gigante hacia nuevas definiciones. Una ola de rumores y trascendidos de "fuentes militares" enturbian el panorama político nacional. Las movilizaciones de los trabajadores, el primer paro general del gobierno progresista, los reclamos en materia de defensa del agua y la vida son los temas de la agenda política. El Tratado de inversiones con los EEUU tras la cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay quedó en el "freezer" por la enorme oposición en filas del propio Frente Amplio y en el movimiento sindical. En próximos números abordaremos más analiticamente estos candentes temas.

Los trascendidos sobre el "malestar" militar
EL MOMENTO DE LA OBEDIENCIA DEBIDA

Samuel Blixen

Semanario Brecha, Montevideo, 24-6-05

El comandante del Ejército mantiene una actitud dual: a sus generales les habla de malestar frente a la política del gobierno en materia de derechos humanos y al presidente Vázquez de acatamiento; mientras, la usina de rumores despliega los "planteos" militares en los medios, presionando a la justicia por prescripciones de delitos de lesa humanidad. La justicia, por su lado, espera su hora.

El presidente Tabaré Vázquez afirmó el miércoles 22, durante su visita a la sede del PIT-CNT, que no dará un paso atrás sobre las decisiones adoptadas en materia de derechos humanos y que no tolerará ningún "planteo" militar. Vázquez aseguró a los dirigentes de la central que no hay retorno respecto de lo que se ha decidido, y que no recibió ninguna queja de los mandos. Dijo que no existe inquietud en las Fuerzas Armadas aunque se detectó cierta preocupación por las decisiones adoptadas en Argentina respecto de la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida; comentó que existe, sí, una campaña de trascendidos.

Todo parece indicar que los "planteos" se están haciendo desde los medios de comunicación. Nunca como ahora han proliferado tanto las "fuentes militares", nunca han sido tan locuaces como ahora y nunca contaron con tanto espacio para hacer afirmaciones cuya seriedad y valor no pueden ser confirmadas porque las "fuentes" no se identifican ante la población. Por ejemplo, no es lo mismo que el general Ángel Bertolotti comente off the record a los periodistas de El País, Últimas Noticias o El Observador que el presidente Vázquez rompió su compromiso o que mintió, a que lo diga el "Conejo" Ricardo Medina, el "Pajarito" Jorge Silveira o algún otro espécimen con sobrenombre animal.

Si bien es cierto que el comandante del Ejército no ha dicho "esta boca es mía", tampoco ha salido a desmentir los rumores que se esparcen en los medios. El silencio de Bertolotti lo coloca en situación ambigua: los diarios dicen de su malestar, el secretario de la Presidencia dice de su acatamiento al gobierno, él no dice nada. El senador Rafael Michelini sigue reclamando una actitud clara y reitera que Bertolotti "tiene tarjeta amarilla".

El senador socialista José Korzeniak opinó que "si fuera cierto que Bertolotti hubiera desobedecido o contradicho lo que le ordenó su mando superior, obviamente se tiene que ir y hay que echarlo. Pero creo que no fue así". El senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, prefirió cuestionar a Michelini por comentar que Bertolotti debería renunciar; entendió Rubio que esa opinión debía ser trasmitida a Vázquez pero no comentada en la prensa.

Algo debe haber comentado el comandante en jefe del Ejército cuando, tras una ceremonia de incorporación de unos vehículos al Regimiento 4 de Caballería, se reunió con los generales en actividad. Los trascendidos de prensa indicaron que Bertolotti manifestó allí su desagrado por la nueva interpretación que el gobierno está haciendo de la ley de caducidad y expresó su malestar por lo que considera una modificación del compromiso asumido por Vázquez. Los rumores obligaron a la Secretaría de la Presidencia a convocar una conferencia de prensa "dado que han existido algunos trascendidos con alguna información que no es del todo correcta".

En la misma, Gonzalo Fernández aseguró "el absoluto respaldo del presidente de la República a los tres comandantes en jefe" y la "absoluta colaboración (de los comandantes) con la Presidencia de la República en mérito al compromiso democrático que tienen asumido y de subordinación al mando". Fernández afirmó que no existe una revisión de la interpretación sobre los alcances de la ley de caducidad, que siempre se sostuvo que los casos ocurridos antes de la disolución de las cámaras no estaban comprendidos, pero agregó que "obviamente, como cualquier otro ilícito, es probable que el transcurso del tiempo haya determinado la prescripción de las acciones".

Esta afirmación, lanzada al pasar, encendió luces rojas varias. A pesar de que Fernández abundó en que el propio Bertolotti se había reunido con él para desvirtuar rumores, los trascendidos en la prensa aseguraron que el comandante en jefe estuvo dispuesto a renunciar y que no lo hizo debido al alcance de las aclaraciones en la conferencia de prensa. Si la eventual prescripción otorgaba cierta tranquilidad en ambientes castrenses (y también entre los civiles que aparecen como autores intelectuales de los crímenes), la confirmación de que la Presidencia no objetará la investigación de casos anteriores a junio de 1973 redobló la usina de rumores. Las "fuentes militares" volvieron a la carga, para anunciar, desde las páginas de El Observador, que "varios generales no comparten la tesis de que no hay riesgo de que algún militar sea procesado" por delitos anteriores a 1973. "Las fuentes dijeron que los retirados han trasmitido que si son citados por la justicia no irán a declarar. Incluso al menos dos oficiales retirados, acusados de violar los derechos humanos en el pasado, dijeron que recibieron invitación de varios coroneles para refugiarse en sus unidades en caso de una citación judicial". Es evidente que han tenido más publicidad los trascendidos sobre el malestar militar que las afirmaciones del presidente sobre la tranquilidad en filas castrenses. Es hora de que el comandante en jefe, que cuestiona al presidente ante sus generales y lo respalda ante el secretario de la Presidencia, diga algo, para detener los rumores, o para subirse a ellos. El último rumor sugiere que Bertolotti mantiene en suspenso su renuncia hasta hablar con Vázquez; pero Vázquez no tiene apuro.

Hay una coincidencia general en que el tinglado de los "malestares" no tiene consecuencias prácticas. Como dice Vázquez, hay tranquilidad en las Fuerzas Armadas, lo que debe traducirse como que cada uno está haciendo su juego pero nadie arriesga aventuras disparatadas. Las invocaciones a un eventual desacato a la justicia convienen a quienes juegan a la desestabilización. El actual senador Julio María Sanguinetti dice sentirse "triste" por la política presidencial en materia de derechos humanos, y apela, también él, al "espíritu" de la ley, una cualidad inmaterial capaz de extender universalmente la impunidad. En particular, Sanguinetti se preocupa por los casos previos al golpe militar, sobre todo los cometidos por el Escuadrón de la Muerte. Tales casos pueden llegar a vincularlo a él personalmente, si algún día la justicia se decide a investigar qué apoyos institucionales tuvieron los comandos caza tupamaros.

A la par que los trascendidos, han proliferado los atentos lectores de las múltiples "bibliotecas". Así, han resurgido quienes hacen cálculos sobre las prescripciones y sobre la imposibilidad de ciertas "retroactividades" de acuerdos internacionales. Son todas señales que se lanzan desde las usinas de la impunidad para condicionar la acción de la justicia. Nunca tantos eruditos han escarbado en tantas bibliotecas para apuntalar la impunidad. La justicia, ciega, sorda, muda, indigente y aterrorizada, sigue coleccionando argumentos para no actuar, salvo contadas excepciones.

La tesis de la prescripción, a la que los abogados del Serpaj oponen el criterio de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, parece focalizarse sobre el caso más emblemático: los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. En espera de que los sabios encuentren la letra pequeñita, los abogados defensores de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco articulan todas las chicanas para postergar el momento en que el juez Roberto Timbal finalmente se expida sobre el pedido de procesamiento hecho por la fiscal Mirtha Guianze; en el esfuerzo se utilizó el nombre de un fallecido, Andrés Cultelli, solicitado como testigo, a sabiendas de que el "Viejo" Cultelli, si pudiera testificar, condenaría a Blanco y a Bordaberry; pero la idea es ganar tiempo mientras se intenta ubicarlo.*

La abogada de las familias, Hebe Martínez Burlé, pretende desactivar la maniobra, y entre los documentos que aportará a la sede está aquel que le acercó Juan Raúl Ferreira: la publicación oficial del Congreso de Estados Unidos que recoge el testimonio brindado por Wilson Ferreira Aldunate, donde afirma que los secuestros y asesinatos de mayo de 1976 en Buenos Aires fueron ordenados por las autoridades uruguayas en Montevideo. "Wilson testificará en la causa", afirmó Martínez Burlé.

El caso Michelini-Gutiérrez Ruiz, las interpretaciones jurídicas y las consideraciones sobre la nueva política de derechos humanos del gobierno serán el eje del acto que todas las organizaciones de derechos humanos, de familiares y el PIT-CNT, realizarán en el Paraninfo de la Universidad el lunes 27, fecha del golpe de Estado, un aniversario que no ha prescrito.

* En función de la misma estrategia, la defensa de Bordaberry anunció que citaría a declarar a Kimal Amir y Luis Alemañy, dos ex dirigentes tupamaros que se habían escindido de esa organización en 1974. La esperanza de los abogados del ex dictador era que ambos ex guerrilleros abonaran la tesis de que Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados por el mln. Amir y Alemañy calificaron a la maniobra como una patraña a la cual no se prestarían.

PROCLAMA de la Plenaria "MEMORIA Y JUSTICIA"

A 32 años del golpe

Un 27 de junio más. Ya pasaron 32 años del Golpe de Estado y, 32 también, de la heroica Huelga General de los trabajadores.

Parece que hoy, tanto como ayer, se empecinan en hacernos creer el cuentito que habla de cierto estado de guerra interno o, como dice el Presidente, de una guerra entre hermanos. Pretenden que olvidemos todo lo sufrido y todo lo que, con sangre, fuimos aprendiendo. Las persecuciones tempranas a militantes sindicales y estudiantiles, el Pachecato y sus Medidas Prontas de Seguridad, los grupos fascistas, el Escuadrón de la Muerte y Mitrione, las dictaduras de Brasil, Argentina y Chile bajo el ala siniestra del Plan Cóndor, las Fuerzas Conjuntas, la tortura como arma y más. Que no se nos tome por idiotas, el Golpe de Estado que tiene poco de casualidad y tiene, sí, marcada a fuego la impronta de una clase dominante que lo auspició como alternativa y freno a la lucha que supieron llevar adelante nuestras compañeras y compañeros. Nada más erróneo que afirmar que todos fuimos víctimas; acá hubo militares y civiles, patrones y oligarcas que supieron aprovechar y respaldar esta nueva estrategia del capitalismo, la del modelo neoliberal implantado sin sutilezas por el brazo ejecutor de las Fuerzas Armadas.

Se nos propone que olvidemos, que abandonemos esta perspectiva de memoria y de lucha para lograr, así, la pacificación; una paz por decreto, entre silencios y ocultamientos, en la que debemos callar y en la que todos, o casi todos, acatamos. Nuestra respuesta, como hace 32 años, insiste en lo aprendido de aquellos huelguistas del 73, quienes no dudaron en hacer frente a los milicos y a ese aparato represivo que fue y es sostén de tanta injusticia. Recordamos en nuestra lucha a la resistencia de la clase trabajadora contra el autoritarismo, recordamos la ocupación de los lugares de estudio y de trabajo en una medida que, además de debatida y pensada, fue, a diferencia de lo que hoy prevalece, llevada adelante con dignidad e independencia de clase.

Siguieron años durísimos para todos en donde la dictadura intentó quebrar la resistencia popular. Cualquiera era sospechoso o subversivo para el Estado, ese Estado que aplicó el terror del secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato en nombre de la Patria Financiera. Así, la Doctrina de la Seguridad Nacional puso a diario en las calles a policías y militares que, tras largos años de entrenamiento y adoctrinamiento en la Escuela de la Américas bajo la tutela del imperio, no descansaron en su empeño por romper los lazos solidarios gestados desde abajo que iban, poco a poco, creando esa sociedad diferente.

Si la dictadura fue tenaz en la violación de los derechos humanos, la salida negociada entre golpistas y demócratas no podía ser diferente. El Pacto del Club Naval significaba para muchos ese supuesto retorno a la libertad, esa salida que guiñaba cómplice a la impunidad, ese anuncio que luego se llamaría Ley de Caducidad.

Llegaron los nuevos gobiernos democráticos con Sanguinetti a la cabeza. Y las razzias siguieron siendo la moneda corriente en el día a día, y aquella maquinaria que tanto nos había golpeado pasaba a ser protegida celosamente: sus responsables se beneficiaban de una Ley de Impunidad hecha a la medida de los represores, de ascensos y condecoraciones, de nuevos cargos y abultadas jubilaciones. El silencio era como siempre, aunque esta vez en democracia, la verdad oficial; y hubo quienes se convencieron de que una Ley podía frenarnos en el impulso de la búsqueda de la verdad y la justicia.

Y así se sucedieron los distintos gobiernos y los distintos partidos. Recordamos la presidencia de Lacalle y la violenta represión en el Hospital Filtro a manos de Gianola y sus colaboradores como el actual Director de Cárceles, Navas, y Miguel Rolán, que siendo uno de los cuatros enjuiciados después de aquel 24 de agosto de 1994, es ahora ascendido. Ambos se acomodan con un nuevo discurso desde las filas del progresismo. Los hechos del Filtro siguen impunes; ahí ya no era una suposición, el aparato represivo estaba listo, dispuesto a hacer lo que sabe con la misma saña que ayer. Se dio forma y se fortaleció esa cultura de impunidad, esa atmósfera de miedo en donde todos debíamos olvidar porque sino ya sabíamos lo que podía pasar. El mensaje era claro: fueron Fernando y Roberto, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros.

No podemos dejar pasar por alto el papel de la Comisión para la Paz de Jorge Batlle como una de las maniobras recientes de mayor destaque. Esa paz bajo mordaza que se trató de imponer a la sociedad, una nueva artimaña acompañada del secreto oficial desde un Estado que se propuso dar soluciones privadas a un tema social que nos pertenece a todos. Seguimos preguntando: ¿quiénes dieron la información? ¿dónde están esos archivos? Se quiso decretar el olvido y, en la misma mesa, se sentaban la Iglesia, los trabajadores, el Estado y los militares. Ya nadie reclamaría, nadie iba a señalar la existencia de las bandas nazi-fascistas, de las empresas de seguridad privada vinculadas a los represores, ya nadie manifestaría su repudio cuando el año pasado se asesinaba a Santiago en Euskal Erría a manos de la policía, ese mismo aparato represivo que actuó en la dictadura. Esa es la apuesta desde el poder institucionalizado, desde los cómodos sillones del Parlamento; nada más lejano de nuestro compromiso y de nuestras convicciones.

Hoy el panorama ya no es el mismo o, al menos, eso se nos quiso vender, porque las señales desde el nuevo gobierno no hacen sino echar por tierra las escasas expectativas que aún podían quedar. ¿Porqué el gobierno, haciendo uso de sus potestades, no da por nula a la Ley de Impunidad y enjuicia así a civiles y militares? ¿Cómo imaginar que se aprovecharía un 20 de mayo para decretar sobre la reforma del agua? Parece una broma de mal gusto pero los derechos humanos están siendo la bandera con la que se encubren las decisiones que comprometen el versito del cambio.

Vemos con indignación el manejo de información que se hace de la investigación en el Batallón 13 donde están o estuvieron nuestros compañeros. Se ha elegido para los derechos humanos el secreto y el silencio, solo algunos elegidos nos van a decir qué fue lo que pasó, Gonzalo Fernández y los militares son quienes sí están enterados de todo, nosotros no. Y por si fuera poco, vemos como nuevamente los milicos, haciendo uso de los medios masivos de comunicación y del terrorismo verbal, amenazan a la población toda queriendo volver a instalar el miedo y el terror en la sociedad. Es que las respuestas no son a la sociedad toda, ahora se nos dice desde el gobierno que el terrorismo de Estado tiene perdón y tiene, además, precio. Para que no suene tan feo, nos hablan de reparación económica o de una supuesta ley por ausencia prolongada que daría por muertos a los desaparecidos. Ahora es el progresismo el que intenta llevar adelante lo que no pudo la Comisión Para la Paz, es este nuevo gobierno el que nos propone un punto final.

Los desaparecidos no se negocian ni se transan, no vamos a corrompernos ni a entregar nuestra dignidad convirtiéndolos en una mercancía más en este mercado donde, según el gobierno, hasta los principios tienen precio. Nosotros no sabemos de guerra, sabemos, sí, de un bando de asesinos y torturadores que aplicaron sin distinciones el terrorismo de Estado. Sabemos también de miseria, hambre y discriminación, sabemos de explotación, de criminalización de las luchas, de desmemoria e injusticias. ¿Hasta cuándo se van a inventar excusas desde el Poder Judicial? ¿Por qué no están presos Bordaberry y Blanco? Ahí siguen las cárceles, intactas, llenas de pobres como ayer estuvieron llenas de compañeros, ambos presos políticos de un sistema que oprime y domina. Acá si se juzga con rapidez y sin excusas, con la rapidez que impone la defensa de la propiedad privada, la seguridad del patrón o el tan venerado orden público. Hay que terminar de una buena vez con esta cultura de impunidad.

No vamos a delegar esta lucha en nadie, sentimos nuestra la responsabilidad de construir la memoria colectiva, una memoria activa que permita crear alternativas contra un presente de impunidad. La búsqueda de la verdad y la justicia son irrenunciables, hay que investigar y entregar todos los archivos a la sociedad, hay que desarrollar esfuerzos por desmantelar el aparato represivo. Hay que movilizarse con la autonomía que da una perspectiva de lucha no institucionalizada, buscando la condena social a las violaciones de derechos humanos, a la arrogancia y la prepotencia de los represores protegida, hasta hoy, por los tres Poderes del Estado. Vamos a seguir ubicándolos, escrachándolos, estén donde estén, los proteja quien los proteja; como este 9 de julio que volveremos a escrachar a Juan Carlos Blanco porque nos prometieron justicia pero, como siempre, al final, nos dieron impunidad. Y nuestra tarea es y será seguir señalándolos. Por eso también vamos a sacar de su anonimato a Ricardo Arab, el "turco", al mando de la Base Valparaíso, que ordenó a Medina el asesinato de María Claudia de Gelman, y a su vez fue también integrante del SID y de la OCOA...

Decimos: a 32 años, la misma lucha. Porque no damos cabida al discurso que nos alienta a resignarnos y a bajar los brazos. Porque no hemos claudicado, nuestra opción es en la calle y desde abajo. Porque no descansamos en la construcción de esa sociedad justa y solidaria que, como nuestras compañeras y compañeros, también soñamos nosotros.

A 32 años: la misma lucha. Romper el silencio, ¡Quebrar la impunidad! ¡Ahora Justicia!

Plenaria Memoria y Justicia

Uruguay- DDHH

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