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LaLuchaContinúa << Anterior Grupo: Página principal | Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mi Suscripción Mostrando mensaje 9     < Anterior | Siguiente > Responder a este mensaje Asunto: [laluchacontinua] Nro.51 - ¿Astorismo sin Astori? Primera crisis del gob ierno progresista Fecha: Sabado, 10 de Septiembre, 2005  18:41:32 (-0300) Autor: alfaguara <alfaguara @..........uy> A 28 años de su asesinato, el crimen sigue impune Lo que se prepara: Astorismo sin Astori. Editorial Derechos Humanos: EXCLUSIVO - Ahora, VERDAD y JUSTICIA Con Pablo Chargoñia  La represión contra los GAU  La corrupción en la dictadura, nadie la investiga Katrina: El libre mercado mató a Nueva Orleans AGUA: Ronda el fantasma de la guerra por ella Vimos en la Web Buzón de los lectores la lucha continúa Nro.51-¿Astorismo sin Astori?Primera crisis del gobierno progresista 10/09/05. Esto no significa que debamos confrontar al mundo con nuevos principios doctrinarios y proclamar: ¡He aquí la verdad, de rodillas ante ella! Significa que debemos desarrollar nuevos principios a partir de los principios existentes del mundo. No debemos decirle: Abandona tus luchas, son mera locura, nosotros te daremos los verdaderos objetivos. En vez de ello, debemos simplemente mostrar al mundo por qué él está en lucha, y la conciencia de eso es lo que deberá adquirir, quiéralo o no. Marx, Carta a Rouge 1843 la lucha continúa es uno de los emprendimientos inscriptos en nuestro proyecto del Centro Carlos Marx, una propuesta plural y abierta de intercambio de ideas e iniciativas entre militantes sociales y políticos. Todo lo aquí publicado está a disposición para su difusión y reproducción total o parcial, porque la poesía no es de quien la escribe sino de quien la necesita (Il Postino). Agradecemos que nos ayuden a difundir este esfuerzo informando a todo aquel que quiera suscribirse, o simplemente reenviándolo a sus amigos. DATOS IMPORTANTES Nuestro correo electrónico: centrocarlosmarx@terra.com Nuestro sitio en Internet: www.egrupos.net/lista/laluchacontinua Suscripciones: laluchacontinua-alta@egrupos.net (*) Números anteriores: del Número 1 al 42: www.elistas.net/lista/cmarxen2 (*)Hemos mudado nuestro servicio de distribución al servidor de eGrupos. Aún estamos en etapa de transición. Los que no se hayan vuelto a suscribir, por favor, háganlo a la brevedad a la dirección señalada. Todo sobre Uruguay, día a día, sus luchas sociales, políticas y sindicales en: http://uruguay.indymedia.org El sitio oficial del Encuentro Progresista-Frente Amplio- Nueva Mayoría: www.epfaprensa.org - Editorial -   Primer aviso  - LO QUE SE PREPARA: ASTORISMO SIN ASTORI -   "¿Cuáles son las tareas que debe cumplir este gobierno "proveedor" hacia la burguesía "cliente"? Veremos que son tareas de una especial condición: no van a funcionar si al mismo tiempo no las puede vender a su otro "cliente", la clase trabajadora. Es un gobierno intermediador." Esto decíamos en nuestro Nro.40.-17/05/05, "Dos planes de emergencia"       "Idilio" es la relación sin contradicciones, en armonía total. Absorber las contradicciones sociales, desactivarlas a través de una gestión de mediación en que todos sean ganadores y no haya perdedores, esa es la fantasía que propone el gobierno el 1º de marzo: un idilio de colaboración de clases. Pero la conducción política, por más que pueda sacar caudal de la subjetividad de los actores sociales en cada coyuntura y sus ilusiones, funciona en la medida en que puede controlar la realidad objetiva. Cualquier idilio tiene el límite de la realidad. La ilusión funciona... mientras no la bajen de un hondazo.        Repasando el partido del domingo con el diario del lunes en la mano muchos encuentran que era todo previsible. Las contradicciones del gobierno frenteamplista deberían aflorar tarde o temprano, el envío al parlamento del proyecto de presupuesto quinquenal era la fecha crucial, la enseñanza iba a ser el punto de quiebre más probable. ¿Ganaría Danilo, el Pepe, Tabaré? ¿Ganó alguno de ellos? Cada uno lee los hechos como le parece. Y en lo que a nosotros nos parece, ganó una vez más la vieja costumbre uruguaya de ponerse de acuerdo en las palabras, maquillar las diferencias, y tirar la pelota para adelante. Pero como síntoma del problema de fondo, esto no ha sido menor. Esta llamada "mini crisis" es un "pequeño infarto" en un enfermo con un cuadro muy comprometido. Vayamos entonces al fondo de las cosas.       Hemos argumentado que este gobierno está montado sobre una coyuntura particular de la lucha de clases, caracterizada por la compensación transitoria de dos debilidades, las de los dos polos de nuestra sociedad. Las clases dominantes viven las consecuencias de la derrota de sus viejas formas de representación política además de fisuras internas y falta de liderazgo, productos todos del fracaso económico de las políticas neoliberales que se suma a la larga decadencia del Uruguay dependiente en su existencia tradicional. Las clases populares viven las consecuencias de la fragmentación, la precarización, el retroceso ideológico y político, las derrotas acumuladas por el movimiento popular, su desmovilización, etc. Mientras ambos contendientes se reorganizan, mientras no tienen fuerzas suficientes para nuevas ofensivas, el nuevo gobierno se instala con su programa de colaboración de clases.       Y por el Fondo empiezan las cosas. La preocupación principal del gobierno frenteamplista desde el principio y desde antes, ha sido "ganar la confianza" de los capitalistas. En primer lugar, de la autoridad oficial en materia de disciplinamiento económico, el FMI; lo demás en un país dependiente vendría por añadidura. El nombramiento anunciado con mucha antelación de Danilo Astori en Economía, y el dejarle las manos libres en el diseño de la política económica del gobierno y su elenco, era la pieza clave de esa estrategia. La burguesía local de mentalidad colonial respiró tranquila, los acreedores no vinieron a golpear la puerta con impaciencia y esperaron, no hubo corrida bancaria, el dólar no sólo no sube sino que baja, el "riesgo país" se queda manso. En síntesis, una transición fluida y sin sorpresas por ese lado. Las señales de Astori eran más que suficientes. Compromiso irrestricto del pago de la deuda externa, compromiso en el superávit primario y en las "reformas estructurales" que plantea el Fondo, mantener las AFAPs, desconocer el plebiscito constitucional del agua y mantener las concesiones privadas, apoyar el tratado de inversiones con EE.UU. La estrategia pre-electoral de "hacer la plancha" tiene en esto su lógica continuidad.       Peor aún, el Frente llega al gobierno en un contexto regional que podría aprovechar ventajosamente, más teniendo en cuenta la debilidad estructural de nuestro pequeño país, pero la desaprovecha. El tema de la deuda externa no nos golpea sólo a nosotros. Los países vecinos, especialmente Argentina, han intentado timoratos movimientos (mucho más para hacer pamento ante sus pueblos que para enfrentar realmente el problema) pero podían haber sido usados. La táctica del gobierno de Batlle fue escupirles el asado, y demostrar un servilismo mucho mayor ante el imperio, para ver si esto le redundaba alguna migaja adicional. Cuando Astori habla en contra de las medidas argentinas y alaba el "comportamiento responsable" de los anteriores gobiernos, reivindicando continuar en él, asume en realidad una postura totalmente irresponsable.       Por el otro lado, el Frente llega al gobierno con otras deudas y compromisos. Son los cifrados en las expectativas de los trabajadores y el pobrerío del país. A esas expectativas y no al Fondo es a quien debe el gobierno, y a su vez, el llegar allí las potenció mucho más. Pero, como lo hemos dicho en otras oportunidades, los sectores populares llegan muy desarmados y debilitados. La ilusión electoral es el mecanismo compensatorio de esta debilidad. Por lo tanto, estaban muy indefensos e inadvertidos frente a la posibilidad de un desconocimiento de esos compromisos por parte del gobierno frenteamplista. La burocracia bonapartista frentista aprovechó esa oportunidad y jugó en la forma más obvia: un pronunciado golpe de timón a la derecha. Tironeada entre dos fuerzas opuestas, se despegó todo lo que pudo de su gente ya que podía, se pegó todo lo que pudo a sus enemigos ya que les temía. Pero se pasó de la raya. ¿Producto de su propia inseguridad?       Entre muchas señales excedidas, algunas son francas torpezas innecesarias. Por ejemplo, anunciar que se vetaría una ley de despenalización del aborto y ¡poner un monumento a un Papa reaccionario al lado del Obelisco! en un país de tan fuerte tradición laica. Y sin embargo, el gobierno logró batir esta marca en un terreno aún más sensible para la población. ¡Le creyó a los militares genocidas y anunció el hallazgo seguro y en cuestión de horas de los restos de los desaparecidos! Con típica sicología pequeño-burguesa se tragó su propia ilusión, se agrandó con sus primeros éxitos, creyó que estaba en Jauja.       Morosamente, las contradicciones sociales empezaron a aflorar, la realidad llamó a la puerta. Y los distintos miembros del elenco de gobierno comenzaron a apoyarse cada uno en donde mejor podía hacer pie. Un decreto de José Díaz, un reformista socialdemócrata de vieja escuela al frente del Ministerio  del Interior, descarta la intervención de oficio de la policía para desalojar fábricas ocupadas por trabajadores en conflictos gremiales, como venían haciendo los gobiernos anteriores. En realidad, las ocupaciones ya estaban comenzando, y Díaz lo que hace es sacar los pies del plato para no verse atrapado en una situación indeseada. Las direcciones sindicales quieren evitar una confrontación con el gobierno de su propio partido, y canalizan las luchas que no pueden evitar hacia las patronales. Obviamente la lucha de clases no ha cesado, y las patronales no pensaban renunciar a despedir trabajadores. Pero el decreto de Díaz estimuló la resistencia obrera y alarmó a los capitalistas, que fueron a quejarse a los ministros más sensibles, Astori en primer lugar. Díaz concurre a la sede de la convención sindical y explica que la policía actuaría solamente por orden judicial. Y ante la pregunta de sindicalistas más blandos que él con los patrones sobre qué hacer en esos casos, Díaz les da una clase de viejo militante. Lo mismo de siempre, desalojamos pacíficamente y cuando la policía se retira volvemos a ocupar, y que el patrón se vaya a quejar de nuevo al juez.       El ministro de Trabajo, un populista nacionalista ex guerrillero partidario del acuerdo social y de mentalidad bastante hostil a los trabajadores, trata de hacer equilibrio entre las presiones de un lado y otro. Se inclina a ceder más ante los patrones, pero en este caso los que tienen más fuerza son los trabajadores. El triunfo electoral y el nuevo clima les ha dado confianza. Surgen sindicatos en lugares donde la represión patronal y la fragmentación obrera lo había impedido. La negociación de los Consejos de Salarios convocados por el gobierno estimula la reactivación de los deprimidos sindicatos. Y a su vez, las patronales no se hay reubicado en el nuevo escenario, responden con los viejos métodos represivos como si nada hubiese cambiado, y se exponen a derrotas. En esta situación, algunos ex sindicalistas hoy diputados gubernamentales toman la iniciativa de ordenar las cosas a través de una ley de fuero sindical, que evite que la cosa se siga complicando. No demasiado sutiles las patronales van a golpear, nuevamente, la puerta de Astori.       Y hay muchos otros puntos. Es llamativo que las contradicciones más agudas dentro del gobierno se hubiesen dado hasta ahora, no acerca de los trabajadores sino acerca de algunos sectores de burgueses medios endeudados con la banca, siendo su principal portavoz el populista y ex guerrillero José Mujica, hoy ministro de Ganadería y Agricultura. La lucha de clases comienza a morder los bordes del idilio.       Como se esperaba, el nudo estaría en el proyecto presupuestal. El gobierno, en acuerdo en todo lo posible con las direcciones sindicales, logró atenuar los reclamos de los trabajadores públicos: pero el hueso es demasiado duro de pelar. Los compromisos firmados con el Fondo no dejaban casi ningún margen de flexibilidad para atender aún los reclamos más elementales de los trabajadores. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), un gremio tradicionalmente muy poco combativo (merced al clientelismo, entre los funcionarios del estado hubo durante décadas mucha gente vinculada a los viejos partidos gobernantes) comienza a radicalizar sus posiciones, y obtiene algunas muy pequeñas conquistas salariales (estamos hablando de aumentos de menos de 10 dólares). Los docentes negocian también algunos magros aumentos, pero llegan apenas a poco más de un cuarto de la canasta mínima cuando la reivindicación sindical está en media canasta. Los médicos de Salud Pública reclaman aumentos más importantes, tratándose de otro sector muy postergado desde hace años, pero no logra romper la negativa de las autoridades del ministerio.       Y el presupuesto de la educación iba a ser el punto de quiebre. En 1994 los sindicatos de la enseñanza promovieron un proyecto de reforma constitucional para fijar en un 4.5% del PBI (o el 27% del presupuesto nacional) la participación de la educación en el presupuesto. En los últimos años esa participación había bajado al 2.9%. El proyecto de reforma fue plebiscitado pero no alcanzó la mayoría necesaria en gran parte por la fragmentación de las fuerzas del movimiento popular y el escaso compromiso militante de los partidos políticos de izquierda. El Frente lo apoyó aunque con muy poca energía dada la estrategia electoral de evitar la confrontación programática profunda; fue precisamente Astori uno de los que marcaba matices en el apoyo. Pese a la derrota, esa meta presupuestal quedó fijada como una reivindicación histórica, su legitimidad fue crecientemente aceptada por la población, y fue asumida por el congreso programático del FA antes de las elecciones. Pero una vez instalado en el gobierno, el Frente transforma esa meta en un objetivo a alcanzar no inmediatamente, sino a lo largo de todo el quinquenio.        Al momento de enviar al parlamento el proyecto de ley presupuestal, el gobierno tiene un contador público al frente del ministerio de Economía. Según el conocido chiste, la respuesta de un contador a la pregunta "¿cuánto es 2 + 2?" sería "¿cuánto querés que dé?" O sea: adaptar la presentación de las cifras a las necesidades de la gestión, ningún contador debería ser muy extraño a estas prácticas. Y si alguien está acostumbrado a hacer la vista gorda ante ellas es el FMI, que más de algún balance de fachada se habrá comido en Tahilandia, México, Argentina. Y ante la situación de atender compromisos contradictorios, el presupuesto intentaba maquillar esa contradicción.       La propuesta inicial de Astori fijaba la participación de la educación en un 3.5% del PBI. Intentó camuflar la carencia de muchas maneras (agregarle el subsidio estatal a la enseñanza privada, o incluir el INAU -instituto de rehabilitación de menores infractores o desamparados- como dentro de la educación) pero fueron totalmente inaceptables para el resto de los ministros. ¡No era para menos! Tenía también cláusulas condicionales que abrían una vaga posibilidad de dar algún peso más según el hipotético crecimiento de la recaudación tributaria, pero nunca superando ese 3.5%.       Todos saben que el objetivo que anuncia Astori -suponemos que él también lo sabe-, amortizar el 40% de la deuda en diez años lo que implicaría casi duplicar el PBI en ese período, es inalcanzable para cualquier país del mundo de hoy. Menos aún para Uruguay, que no tiene forma de incidir en variables que condicionan fuertemente cualquier posible crecimiento: las tasas internacionales de interés, el precio del crudo, o cuándo devaluará Brasil. Esas cláusulas condicionales son puro ornato.       Pero lo que importa aquí no es que no se pueda asegurar tal o cual porcentaje para la educación u otra demanda social. No se puede asegurar el pago de la deuda externa, que hoy llega a casi el 100% del PBI. Uruguay tiene la segunda deuda del mundo en relación al capital que tiene en el Fondo (después de Turquía), y la primera en relación al PBI, y esto con una debilidad estructural muy grande en su estructura productiva. Más temprano que tarde Uruguay caerá en el default de hecho. Es imposible una recuperación de la capacidad productiva del país sobre la base de la misma política económica que la desmanteló. Lo que importa entonces (y es el mensaje político de Astori hacia los organismos internacionales) es indicar que la meta de pagar la deuda externa estará por encima de cualquier otro compromiso con el pueblo. Por esa indicación de prioridades, y no por cualquier ecuación presupuestal, es que el presupuesto Astori asegura el pago del servicio de la deuda y expresamente no asegura el cumplimiento de las demandas populares.       Pero las cosas no son tan sencillas. El Poder Ejecutivo no puede evitar que varias instituciones estatales que tienen esa prerrogativa constitucional (la educación pública y el Poder Judicial entre ellas) envíen al parlamento sus propios mensajes alternativos (que son un poco más expansivos que el proyecto del P.E.). En ese escenario, los sindicatos comenzaron a movilizarse para conseguir que se enviasen mensajes complementarios (ampliatorios) que corrigiesen las carencias. Estas movilizaciones fueron mucho menores que las correspondientes a las luchas presupuestales en gobiernos anteriores. Pero el problema es que este gobierno tiene mucho menos tolerancia ante la movilización social, porque le provocaría un desgaste político mucho más rápido y devastador. Los gobiernos anteriores ya estaban plantados en su rol reaccionario, era eso lo que se esperaba de ellos.       Dos días antes al vencimiento del plazo constitucional para enviar el proyecto presupuestal al parlamento se reúne el gabinete. Es allí que Tabaré Vázquez y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Viera (un hombre de la "Vertiente", sector del ala más colaboracionista del Frente) confrontan a Astori (¿con un acuerdo previo entre ellos?). Tabaré, con la afirmación de que había que llegar "sí o sí" al 4.5% para la educación porque era la única promesa electoral firme. Viera con un esquema presupuestal alternativo que llegaría al 4.21% (frente al 3.5% de Astori).       Ante algunos planteos de Astori de que no podía generarse mayor déficit para cumplir con el programa, pues esto traería riesgos en la relación con el FMI en tanto se apartaba de la carta de intención firmada, el presidente sostuvo que era prioritario cumplir con el "pueblo (antes) que con el Fondo". Brecha, viernes 2/9.       Lo que sigue es conocido. Astori accede a modificar el presupuesto pero junto con su renuncia. Comienzan los cabildeos para hacerlo desistir -que era lo que seguramente quería-, y se llega a un acuerdo de compromiso que intenta contemplar todas las partes. Se echa mano a un préstamo del BID por U$S 100: (casualmente Enrique Iglesias estuvo en Montevideo pocos días antes, recientemente cesado en el BID) y se transfieren algunos recursos de otros sectores a la educación, se aumentan de "hasta U$S 10:" a "por lo menos U$S 20:" las partidas a distribuir a la educación en las rendiciones de cuenta de los años sucesivos, se sustrae de la presentación la distribución de gastos del año 2006 para no mostrar el aumento del déficit; también se incluyen dos cláusulas gatillo en direcciones opuestas: por si el crecimiento económico resulta mayor, y por si no alcanza.       Después de varios giros teatrales, las cosas se acomodan. Los medios destacan la participación de Mujica en estas vueltas, y es lógico, pues Mujica es la principal figura mediática de este gobierno, el que juega el rol del juglar de la corte. Más allá de esta epidermis destaquemos algunas consecuencias, y saquemos alguna conclusión tentativa. Después de esa tormenta, es previsible que los ánimos se achiquen y la discusión presupuestal sea mucho más tranquila. Al gobierno le será más fácil el trámite parlamentario. También en la calle. Las movilizaciones sindicales de los funcionarios públicos probablemente se limiten a alinearse detrás de los mensajes alternativos de sus propias direcciones institucionales con iniciativa presupuestal. El gobierno habrá alcanzado el objetivo de sortear una eclosión de rebeldía popular. Probablemente fuese el objetivo buscado. Pero se ha pagado para ello un costo importante, aunque desigual. Quien paga el costo más alto es Astori, que ya ha quemado el cartucho de la amenaza de renuncia. Lo hizo en la coyuntura más favorable para sí, en el momento en que resultaba más imprescindible para el gobierno, al envío del presupuesto quinquenal al parlamento. Precisamente, no volverá a tener otro punto tan fuerte. Y en las 18 horas en que su renuncia estuvo encima de la mesa, nada pasó. Ni con el dólar, ni con los bancos, ni con ningún otro indicador de esos que se usan como cucos. Fue un ensayo. En medio de la "crisis" nunca apareció ninguna propuesta alternativa. El gobierno no tiene otra política económica ni ningún plan de contingencia. Pero sí puede haberse insinuado un elenco económico de recambio, rotando los mismos jugadores que ya están en la cancha.  Y ya están agendadas las fechas de los próximos partidos: las rendiciones de cuentas de los años sucesivos del quinquenio, donde se deberán atar los cabos sueltos que aquí, premeditadamente, se dejan.     Tanto desde tiendas de la derecha como desde algunas de la extrema izquierda, se escucharon interpretaciones sobre que "se impuso Astori". No nos parece realista. La política económica de Astori ya estaba impuesta desde el primer día, y en cuanto a la figura personal de Astori como "generador de confianza" es cada día menos necesaria a medida a que la gestión del gobierno se consolida.       En cambio, el estilo político de Astori ha mostrado sus límites. La rigidez formal de este "hombre serio" puede resultar un lastre inconveniente para un gobierno que deberá apelar a una mayor flexibilidad política para manejarse con una base material tan estrecha. De lo contrario puede terminar provocando aquello que quiere evitar: un despertar de la protesta popular. El mensaje de Tabaré Vázquez ha sido, en primer lugar, hacia el Fondo, aunque muy tímido. Por ahora no pasa nada, pero... Y el Fondo sabrá ser tolerante, le importa más el disciplinamiento económico y político real que algunos centavos más de caja.        Una de las consecuencias principales de la "crisis" es poner en escena los problemas de la gestión económica, y por lo tanto habilitar y promover su discusión abierta. Y lo que estará en discusión por lo tanto es la continuidad misma de la política neoliberal. Los pequeñísimos logros presupuestales de los funcionarios públicos no significan nada en materia de recuperación salarial. Pero sí en cuanto retroalimenten la movilización por logros mayores. El gobierno ha expuesto su vulnerabilidad. Y como dijo Marx: "Si los de arriba tocan, ¿qué tiene de extraño que los de abajo bailen?"       El gobierno no va a cambiar su política económica. Pero tal vez en algún momento deba hacer de cuenta que sí. Uruguay- Derechos Humanos Ahora, VERDAD y JUSTICIA Entrevista con Pablo Chargoñia (1) "El Poder Legislativo puede anular la ley de Caducidad con la mayoría que cuenta hoy el Encuentro Progresista" "sí está registrado" / "sí hay muchos archivos" / "sí hay mucha cosa para informar y para conocer"/"estas cosas no ocurren sin conocimiento de los mandos, sin documentación" "Si el crimen más grave,  por serlo, queda impune, el mensaje es la justicia no existe" ¿Qué opina de la actual situación sobre el tema DDHH, la posición del nuevo gobierno y cómo se vienen desarrollando los hechos? Pablo Chargoñía - Yo creo que estamos en una etapa de que podríamos calificar de crisis del modelo de impunidad. Esta crisis se traduce en la región, en Chile y en Argentina con situaciones de procesamientos y aún de las caídas de las leyes de impunidad. Es paradigmático en Argentina el caso de la desaplicación y la posterior nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Llega un momento en que los modelos de superación del pasado, olvido y perdón no resisten más y no resisten más por muchas razones, una de ellas es el desarrollo del Derecho Internacional de los DDHH que establecen que estos delitos no son amnistiables, no son prescriptibles y en base a este tipo de construcciones las sociedades y los familiares de las víctimas se han dado los mecanismos para empujar esa crisis. Lo que se vive en Uruguay es de alguna manera, una aproximación a la crisis, no es todavía la caída de un modelo de impunidad porque se sigue actuando en el marco de los artículos 1, 2 y 3 de la ley de Caducidad y eso hace que el Uruguay de hecho siga desconociendo lo que la Comisión Interamericana de DDHH le ha recomendado en el año 92, que no aplique la ley de Caducidad porque es violatoria del Pacto de San José de Costa Rica. No es la situación del gobierno actual sin perjuicio de que hay interpretaciones restrictivas ese es el cambio. Antes del 1 de marzo del 2005 los gobiernos hacían incluir en la ley de Caducidad absolutamente todo. Este gobierno distingue situaciones. Concretamente considera que el caso María Claudia de Gelman no está incluido y los casos de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz tampoco. En materia de investigaciones entorno a los DDHH, ¿existen presiones de las FFAA en contra del gobierno? ¿Qué son esas presiones, cómo se materializan? - La entidad de la presión tiene más que ver con el que la alega que con el que amenaza, estas son cosas que  las suele manejar el autor de "Memorias de un soldado oriental del Uruguay", el general Pereira. Él dice que no era tan así, por ejemplo, el episodio del desacato en el año 85 que ambientó a la aprobación de la ley de Caducidad. ¿Realmente se iban a desacatar en el año 85? Y a la salida de la dictadura podía ser verosímil un desacato, por lo menos provisionalmente podríamos trabajar sobre esa hipótesis. A 20 años de finalizada la dictadura el planteo de un golpe de Estado es absolutamente descabellado. Además los golpes de Estado tienen que ver con decisiones a nivel internacional mucho más allá de nuestra realidad. Esta idea ha sido utilizada por el sistema político más como una excusa para no permitir el avance en estas causas que como una amenaza real. Quiero decir, es agitar fantasmas para que no prosperen determinadas causas que pueden involucrar no solo a los militares sino también a la clase política, a sectores civiles. Todo ese arroyo de afirmación de los DDHH no les conviene a ciertos sectores, y si tienen que utilizar los supuestos desacatos militares, los utilizan. Pero la supuesta cautela, por ponerle algún nombre, del Poder Ejecutivo sobre este tema ¿obedece entonces a esas presiones, o a esas supuestas presiones que no sabemos bien a qué apuntan, a qué se refieren? - Yo no tengo elementos como para sostener eso en relación a este gobierno. ¿Dónde está situada hoy la reflexión sobre las leyes de impunidad? En la desaplicación y en la anulación, y sin embargo el gobierno progresista no ha logrado posicionarse progresistamente en la materia, por usar un juego de palabras. La actitud progresista hoy no es aplicar las leyes de impunidad, es discutir su validez política. Cuando el gobierno recibe los informes del Ejército, Fuerza Áerea y Armada no recibe una información cabal, que permita realmente avanzar en estos casos y creo que estos son tiempos de definiciones. O se siguen aceptando los chantajes militares y los del silencio o no se los acepta más y se hacen investigaciones exhaustivas, en serio, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial. Existen señales bastante negativas, ¿verdad? El caso de nombramientos en cargos jerárquicos de personas vinculadas a la violación de los DDHH, por ejemplo. - El caso Cerrón denunciado por Daniel Rey Piuma a finales de la década del 80 no habilita a pensar que se trata de una denuncia frívola, infundada, de alguién que quería arruinarle 20 años después la carrera. Rey Piuma era un marino que trabajaba en inteligencia, yo tuve oportunidad de ver fotografías sacadas por él de los cadáveres que aparecieron en el Río de la Plata con muestras evidentes de mutilación, de violación, cosas terribles. Es ese individuo el que habla de Cerrón. Y me parece muy negativo que la ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti considere que vivimos en el mejor de los mundos posibles, en una democracia y un sistema republicano no ensombrecido por la impunidad. Desgraciadamente la impunidad subvierte los principios, y el que dice que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario no se puede aplicar en este ámbito, desgraciadamente, porque no ha habido posibilidad de procesamientos y las FFAA no han sido depuradas. No solo no hubo procesamientos a nivel judicial, penal por la impunidad sino que tampoco los hubo a nivel administrativo y acá no por un tema de la ley de impunidad sino por un tema de política de impunidad. ¿Hay un pacto entonces del nuevo gobierno con los militares? - Yo creo que hay elementos contradictorios, no me ánimo a decir pacto. Sí señalo inconsistencias, incoherencias y puntos muy débiles en materia de políticas de DDHH, como es el caso del embajador Diego Zorrilla de San Martín que era secretario personal en 1976 de Juan Carlos Blanco. En 1976 se asesinó como se sabe a Zelmar Michelini y a Gutiérrez Ruiz y se está sabiendo la responsabilidad de Juan Carlos Blanco en la ocasión. En 1976 se secuestró a Elena Quinteros y por eso está procesado Juan Carlos Blanco, él sabía perfectamente que había sido detenida ilegalmente. ¿Por qué señalo esto? Porque este individuo está designado por el gobierno progresista como Director de Cooperación Internacional y hay pruebas en el expediente de que sabía, que estaba al tanto en 1976 de muchas de las cosas que hacía Juan Carlos Blanco. Entonces, tenemos por un lado, los aspectos favorables de la desclasificación de documentos, de la Cancillería, pero por otro lado aspectos tan cuestionables como este, y no hay respuesta. Ni Gargano, ni la vice Ministra Belela Herrera, que es una persona muy sensible al tema de los DDHH, dan una respuesta coherente sobre ¿por qué se lo designa?. En el año 2003 el PVP presentó la moción en el Congreso del Frente Amplio para derogar la ley de impunidad y logró un apoyo bastante importante del Congreso, aunque no la mayoría, por lo tanto no fue incorporada en el programa de gobierno. Sin embargo sigue existiendo un debate en la fuerza política hoy gobernante, ¿cómo se lauda esto? - La síntesis de esa contradicción entre dos sectores de la izquierda, que  llegó a ese debate, se expresa en uno de los documentos del programa del Encuentro Progresista que establece que  se adecuará la legislación interna al derecho internacional. Eso es lo que dice, son esas frases suficientemente abstractas como para darle luego un contenido. Pero es el producto, en mi opinión, de esa correlación de fuerzas que logró cierto equilibrio. ¿Qué es adecuar la legislación interna al derecho internacional? Para quien no quiera hacer nada con la ley de Caducidad será tipificar el delito de tortura que falta, tipificar el delito de desaparición forzada, reglamentar la intervención de la Corte Penal Internacional, cosas que hay que hacer, pero también puede querer decir anular, no derogar, anular la ley de Caducidad, no derogar porque la derogación tendría efectos hacia el futuro no hacia el pasado, dejando subsistente el amparo a los violadores de los DDHH. La anulación podría ser una de las formas de adecuación, yo no encuentro ley nacional más inadecuada al derecho internacional de los DDHH que los artículos 1, 2 y 3 de la ley de Caducidad, lo digo así para dejar el artículo cuarto afuera que no tiene nada que ver. Ese no es violatorio del Pacto de San José de Costa Rica, pero los artículos 1, 2 y 3 que son la impunidad, esos sí. Y la Corte Interamericana de DDHH  establece que este tipo de leyes carecen de validez jurídica, por lo tanto deben tener la consecuencia más intensa en el derecho que no es la derogación, sino la anulación. Nunca pudieron haber sido sancionadas por el Parlamento, ni por el cuerpo electoral ratificando la ley a través de un mecanismo de Referéndum. Eso no es posible en materia de DDHH . Todo esto está planteado ahí en el tema de la nulidad. El Poder Legislativo puede anular con la mayoría que cuenta hoy el Encuentro Progresista,  la ley de Caducidad. ¿Seguimos en una democracia tutelada? Los mandos militares pareciesen moverse con bastante autonomía respecto a las autoridades electas por el pueblo, ¿no? - Si la ministra de Defensa Nacional no ejerce efectivamente con el Presidente de la República el Mando Superior de las FFAA entonces hay un problema grave. Por eso, cuando el informe de la Fuerza Aérea dice que hubo un vuelo clandestino trayendo detenidos de Buenos Aires en 1976 no sabemos quienes son el Mando Superior de las FFAA. El  Presidente y la  ministra de Defensa Nacional no puede decir, bueno, ¡caramba que lástima! No. Debe ordenar la investigación exhaustiva. Debe dirigirla, debe habilitar todos los mecanismos para la investigación, debe depurar a las FFAA, cosa que no se hizo del 85 para acá. Yo se que el problema es grave, precisamente porque no se hizo nunca. Pero, bueno, hay que hacerlo y las investigaciones no consisten en encomendarles a los Comandantes en Jefe de las tres armas que nos traigan la información que puedan en base a fuentes anónimas, sino que es investigar directamente, como lo dicen nuestras normas jurídicas, encomendando a uno o más investigadores en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional las tareas de investigación que se entiendan pertinentes.  Tampoco las debe hacer el secretario de la Presidencia de la República. No son las atribuciones de Gonzalo Fernández, estas son atribuciones de la ministra de Defensa Nacional que hasta donde nosotros sabemos lo único que ha hecho es firmar una resolución tardíamente. Digo tardíamente, porque las excavaciones en los cuarteles empezaron, y la resolución del Poder Ejecutivo no existía, se produce recién el 8 de junio. ¿Por qué no se dictó una resolución antes? No lo se, pero no lo hubo y la Constitución y el propio artículo cuarto establecen que se debe realizar una investigación administrativa y estas investigaciones tienen en nuestro sistema determinadas reglas, determinados principios. No pueden estar basadas en convicciones. No se puede repetir el método de la Comisión para la Paz. No. Eso no es el cumplimiento ni siquiera del artículo cuarto, yo no puedo actuar, cuando se refieren al tema de la desaparición, quien intervino y donde, están en base a una convicción moral. Eso está bien para las sociedades primitivas o para otro tipo de cosas, pero para el sistema democrático republicano del gobierno se supone que sí hay quien, el Estado dice,  tal persona está en Toledo o en el 13 o vino para acá o vino para allá. Eso tiene que estar basado en pruebas no en las convicciones personales de nadie. Eso está faltando. Desde la Secretaría de DDHH del PIT-CNT, hemos insistido en que intervenga la justicia y que intervenga el Ministerio Público. Son las garantías de nuestro sistema, de que estas cosas tengan el oxígeno de la luz pública y del control público. Es una forma de evitar la posibilidad de un chantaje o que prospere un chantaje. Si el tema es hablar con el torturador Tróccoli, que me diga que si tiene a bien decirme algo, yo lo dejo en el anonimato, ¡ahí no vamos a ninguna parte!  Vamos por el lado, insisto, de las investigaciones si se van a hacer en el marco del Poder Ejecutivo, exhaustivas, fuentes que no pueden ser anónimas. Porque sino yo no puedo avanzar ciertamente en el conocimiento de las cosas, y no se me diga que los militares vinculados a la violación de DDHH no van a hablar. ¡Claro que no van a hablar! Pero hay otros métodos de investigación. Tampoco hablaba Juan Carlos Blanco y se descubrió - en la única investigación seria que se hizo en el Ministerio de Relaciones- el documento desclasificado. Estaba manuscrito. Se hizo una pericia caligráfica, se descubrió que el autor era una persona vinculada a Juan Carlos Blanco. Y Juan Carlos Blanco, que al principio mentía, ya no pudo mentir. Es decir, las investigaciones como se hicieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores que derivaron en el procesamiento de Juan Carlos Blanco se pueden hacer en el Ministerio de Defensa Nacional, hay que hacerlas en esos marcos, que no es le encomiendo a los mandos a que me digan si tienen información para que la Marina termine diciendo como ha dicho, "no se ha podido confirmar una versión periodística", sin dar nombres. Se está refiriendo en realidad a una entrevista  que salió en Brecha hace muchos años que establecía que habían sido marinos  los asesinos de Elena Quinteros. Un artículo de María Urruzola, que mencionaba a Jorge Tróccoli y a Juan Carlos Larzebo. La Armada en el informe de hoy ni siquiera da los nombres. Este no es el método. No se puede limitar tampoco al mero cumplimiento del artículo cuarto, sino que tienen un deber de investigación exhaustiva y de ubicación del paradero de los desaparecidos, eso está faltando. Entonces, la posición es exigirle al Ministerio Público - o sea a las Fiscalías- que asuman sus funciones, que asuman su rol, el Poder Judicial su rol de una buena vez. Y que intervenga en todas estas investigaciones. De no caminar la vía jurídica, legal, dentro del territorio nacional. ¿Se maneja alguna hipótesis externa? - Y  van a venir las solicitudes de extradiciones de Argentina,  ese es un dato político. Estamos viviendo en unos días. donde creo que hay que hacer evaluaciones cada tanto, porque, Argentina va a solicitar la extradición por lo menos de Gavazzo, de Rodríguez Buratti, de Silveira, del fugado Cordero,  y de otros y eso va a generar también otra serie de movimientos. La Comisión Interamericana de DDHH en octubre le va a preguntar al estado uruguayo si aplica o no aplica la ley de Caducidad basada en que desde el año 92 el estado uruguayo está siendo observado, cuestionado por organismos internacionales en relación a la vigencia de la ley de Caducidad. Ese es un dato ¿qué va a decir el estado uruguayo al respecto? Sería importante lograr la apertura de todos los archivos militares vinculados con este tema, ¿no? - La Historia indica que cuando burocracia estatal se transforma en organización criminal, cuando se actúa en el marco del terrorismo de estado, hay cosas increíblemente documentadas, y que no son destruidas aún muchos años después. Pasó con el caso  Juan Carlos Blanco, es un ejemplo que se puede reiterar para muchas cosas. ¿Cómo mantener un memorando que diga los pro y los contra de entregar a "la mujer"? ¿Cómo es posible que aquellos documentos no hayan sido destruidos? Antes bien, ¿cómo es posible que aquellos documentos hubieran sido producidos? Y tal vez la respuesta es que hay ámbitos de impunidad tan extraordinarios que no se supone, en esa soberbia que tienen los terroristas de estado en su momento, que alguna vez alguien los vaya a revisar. Y tal vez haya otra explicación más intensa y más clave que tenga que ver con la burocracia misma. Las FFAA es una estructura organizacional estatal, jerarquizada. Estas cosas no ocurren, tampoco la operación Zanahoria ni ninguna otra, sin conocimiento de los mandos, de tales y cuales autoridades, sin documentación. Yo creo que hay documentación de todos estos actos, por eso sostener hoy que no hay archivos o no está registrado da para sospechar que eso no es así y que sí está registrado y que sí hay muchos archivos y que sí hay mucha cosa para informar y para conocer. ¿Sin justicia no hay punto final? ¿Entonces? - Yo creo que sin justicia ni siquiera hay verdad. Eso es lo que postulo. Es decir la Comisión para la Paz no arribó , no pudo localizar a los detenidos desaparecidos y no podía haberlo hecho nunca por ese método. Verdad sin justicia no es posible. Hoy también tenemos como decía, aviadores que pilotean un avión y no saben a qué prisioneros llevan. Este proceso se debe hacer a través de la justicia penal que además tiene un efecto pedagógico, de pedagogía política. Si el crimen más grave,  por serlo, queda impune, el mensaje es la justicia no existe. Entonces es absolutamente necesario que el abordaje sea adecuado, sanador y cívicamente importante, que la justicia penal intervenga. No hay verdad sin justicia penal. Yo creo que es una cosa que debería entenderse. (1) Pablo Chargoñia es abogado asesor de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT. Patrocinante de múltiples causas contra los represores de la dictadura militar uruguaya. Actualmente ha sido designado por el nuevo gobierno en la Asesoría Letrada del Consejo de Educación Técnico Profesional del Uruguay (UTU). Está vinculado al Partido por Victoria del Pueblo (PVP) integrante del Frente Amplio. REPRESIÓN CONTRA LOS GAU Y GRUPOS AFINES LA MÁSCARA DEL "CHARLETA" SE DERRITE Walter Pernas (Brecha) Este artículo publicado en el semanario Brecha aporta información que confirma plenamente, por otra fuente, algunos de los datos que adelantamos en nuestro número anterior, en la nota "Tercer vuelo".     El ex torturador, y hoy hombre de letras, Jorge Guldenzoph aparece vinculado a la desaparición de dirigentes del PST y eventualmente al tercer vuelo de la muerte. El testimonio de un ex integrante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), sobreviviente de las torturas en Inteligencia y Enlace, vincula al ex agente de ese organismo policial y actual editorialista del diario ULTIMAS NOTICIAS Jorge "Charleta" Guldenzoph con la desaparición del dirigente Ary Severo Barreto, presuntamente trasladado desde Argentina a Uruguay junto a su familia en un tercer vuelo de la muerte.     Las declaraciones del ex integrante del PST, de iniciales W F, ante el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) en el año 1985 y en 2001, describen una sesión de torturas en el edificio de Maldonado y Paraguay (Inteligencia) en mayo de 1978, donde fue bestialmente maltratado por Guldenzoph y otros integrantes de los cuadros represivos de la época dictatorial. W F había vuelto a Uruguay el 23 de abril de 1978 para realizar un contacto con otro dirigente. Su viaje respondía a una solicitud de la dirección del PST, la que integraba Ary Severo, alias "Tatú". A W F lo detienen en Canelones. "A los cinco días lo traen a Montevideo y lo llevan a Jefatura donde los recibe Víctor Castiglioni. Ahí lo torturan de nuevo y lo derivan a la Dirección de Información (a cargo del) comisario Pablo Fontana Zunino. Ahí comienzan de nuevo los maltratos, los interrogatorios se hacen duros, tratan de sacar información en torno al contacto que él venía a ver acá. Lo negó diciendo que volvía porque extrañaba a su familia y comienza a empeorar el trato en torno a su vínculo con Ary Severo Barreto", señalan las actas del Serpaj a las que accedió BRECHA.     Recuerda W F que sobre Ary Severo "comienza a interrogarme Fontana Zunino. Después sobre los Severo me interroga un subcomisario de alias el 'Turco', un hombre de aproximadamente 40 años, de estatura media, canoso, ojos verde claro". Esta última descripción coincide con los datos físicos y la edad de Ricardo Arab, apodado el "Turco", pero éste era oficial del Ejército. Las actas del Serpaj señalan que W F "tiene la certeza" de que alguien de Inteligencia y Enlace "participa de la detención de Ary Severo Barreto y de todos sus familiares", porque van a la casa donde había vivido este último en Buenos Aires y detienen a Mario Mosteiro, un pintor uruguayo.     Las actas registradas por el Serpaj durante una conversación mantenida con W F en 2001, y entregadas a la Comisión para la Paz, señalan: "La persona que participa en la detención de Ary Severo Barreto y de Mario Mosteiro (...) es Jorge, funcionario del SOF, el 'Charleta'. Es el que lo torturaba y el que sabe lo que pasó con Barreto".     Severo Barreto fue detenido el 24 de abril de 1978 junto a su esposa Beatriz Anglet, su hermano Carlos, su hermana Marta y su cuñado Jorge Martínez Horminoguez. Todos fueron vistos con vida en el Pozo de Quilmes por varios testigos que sobrevivieron a la tortura y brindaron sus testimonios ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Los últimos datos que se obtuvieron de esas personas señalan que fueron trasladadas con destino incierto después del 18 de mayo de 1978. Ary Severo y sus familiares fueron detenidos durante la arremetida contra los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y organizaciones afines como el PST a partir de diciembre de 1977, cuando se hicieron ostensibles las acciones coordinadas entre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina y Fusileros Navales (Fusna) de Uruguay. En esa coordinación le cupo un papel importante al entonces jefe del S 2 del Fusna, capitán de navío Jorge Tróccoli. No obstante, la coordinación represiva uruguayo-argentina tenía otras ramificaciones en las que destacaba el Servicio de Información de Defensa (SID), del que participaba personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y de la Policía. El testimonio de W F abre la posibilidad de que alguna autoridad pueda indagar al ex torturador Guldenzoph acerca de qué sabe sobre la desaparición de los Severo y sus familiares en una trama que involucra a personajes de varias áreas vinculadas a las operaciones represivas de los años oscuros.     El Charleta fue miembro del Partido Comunista y luego se convirtió en colaborador y torturador de la dictadura cívico-militar, como lo denunciaron, entre otros, el ex senador fallecido Germán Araújo y el ex director de Cultura de la Intendencia de Montevideo Gonzalo Carámbula (víctima directa en 1976 de las torturas de Guldenzoph). A la salida de la dictadura pasó a trabajar activamente para la secta Moon. Fue secretario general de la Federación para Salvar la Nueva Nación y del Movimiento Pro Verdaderas Familias, dos organismos de corte religioso dentro de la secta. También presidió CAUSA, un movimiento político de corte antimarxista, considerado el ala política de la organización del reverendo Moon. Hoy es editorialista, columnista y vicepresidente del directorio del diario ULTIMAS NOTICIAS, propiedad de Moon. Oficialmente fue un colaborador activo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia hasta 1982, aunque años más tarde el gobierno de Julio María Sanguinetti reconoció que estuvo activo hasta fines de 1996. No obstante, fuentes policiales consultadas por BRECHA indicaron que es probable que permanezca vinculado a la "comunidad de inteligencia". La dictadura uruguaya y su corrupción ¿Qué pasa que nadie investiga? Andrés Capelán Comcosur/Montevideo "Cuando surjan las pruebas, se revisarán todos aquellos actos para sancionar con todo el peso de la ley y el desprecio a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro, a la sombra de los soldados oficiales que morían luchando contra la subversión o de la situación coyuntural del presente proceso cualquiera sea el lugar que ocupe en la sociedad uruguaya". Teniente General Gregorio Álvarez, Orden 777 del  9 de agosto de 1977       Las noticias que llegan desde Chile sobre el procesamiento de la familia Pinochet por sus delitos económicos, llevan a preguntarse cual es el motivo por el que nunca han prosperado investigaciones de este tipo en Uruguay. La relectura del libro de 1987 "País Vaciado, dictadura y negociados", del economista Miguel Carrió (en su momento miembro de la Comisón de Banca y Financiamiento del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Economía de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT), ayuda a comenzar a develar el misterio.     Esta falta de interés por los delitos económicos de la dictadura llama más la atención puesto que ellos están expresamente excluídos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, en el inciso b de su Artículo 2, la ley que impide castigar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, aclara expresamente que no están comprendidos en esa impunidad: "Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto económico". Es un hecho comprobado que aquí también la corrupción acompańó a la dictadura, a pesar de la hipócrita declaración de principios del dictador Gregorio Álvarez con la que se abre esta nota ("La corrupción acompańó al fascismo como dos caras de una misma moneda", sintetiza Carrió).     En su libro, el investigador seńala un punto clave para develar el misterioso silencio que rodea a los actos de corrupción cometidos en esos ańos: "La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio". El autor explica al respecto que "Hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensión como subdirector."     En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge Batlle haría lo propio con el contador Bensión. Pero además, Carrió hace notar que "Bajo la dictadura las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las desempeńó la SEPLACODI, cuyo director, el general Pedro Aranco, tenía como segundo, pero manejando realmente las riendas, al contador Ariel Davrieux". Vuelta la democracia, Davrieux fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante las dos presidencias de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y la de Jorge Batlle (2000-2005). OPERACIÓN CONSERVA     Una de las más escandalosas componendas cívico militares de la dictadura, fue la llamada "Operación Conserva", un contrato firmado en 1982 entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la dictadura y una empresa llamada Inversur Trading Company. Dicha operación se dividía en cuatro etapas:     1) La exportación a Argentina de carne vacuna uruguaya.     2) La elaboración de Corned Beef en Argentina.     3) La venta del Corned Beef     4) La prestación de una serie de "servicios especiales" por parte de la empresa Inversur.     El representante de Inversur en las negociaciones era el seńor José María Alori, uno de los zares de la industria frigorífica uruguaya. En la época, Alori integró los directorios de varios frigoríficos, entre los que se encontraba EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro, S.A.), donde compartía la mesa del directorio con el luego diputado por el Partido Colorado Edison Rijo (además abogado de la empresa y su representante ante el Instituto Nacional de Carnes). Alori también fue director del Frigorífico y Matadero Carrasco (FRIMACAR), del cual el luego vicepresidente de la República Enrique Tarigo (1985-1990) era entonces abogado y director. Pero además, junto a todos ellos se encontraba la seńora Rosario Flores, la mismísima esposa del dictador Gregorio Álvarez.     Para que la operación se realizara era necesaria la aprobación del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director era el mayor de la marina Armando Méndez, un fascista con justa fama de incorruptible. Tras estudiar el acuerdo, Méndez concluyó que el operativo era inconveniente, entre otras cosas porque "el precio final de adquisición del corned beef por el Estado, es superior al que actualmente se obtiene en la colocación". La solución que encontró el dictador Álvarez para superar este inconveniente fue la inmediata destitución del director del INAC. Lo mismo le volvería a suceder a Méndez en 1992, cuando como director de Aduanas del gobierno del presidente Luis Lacalle (Partido Nacional 1990-1995), descubrió los lazos entre el ex presidente Julio María Sanguinetti y la mafia del contrabando.     Los beneficiados con esta Operación Conserva fueron obviamente los frigoríficos, que cotizaron el ganado a 850 dólares la tonelada, cuando el precio internacional de la carne manufacturada era de tan sólo 700. Los frigoríficos argentinos intervinientes en la operación pertenecían a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps. El convenio obligaba al estado uruguayo a pagar los costos de la operación y a comprar el producido. En su libro, Carrió explica que a consecuencia del Operativo Conserva "el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedó como feliz propietario de la partida de corned beef a un costo promedio de 22 dólares la caja, un 25 % por encima del precio internacional del producto, y con una deuda por 15 millones de dólares con el Bank of América (que había financiado la operación)."     "Finalmente –continúa el autor- una parte de la conserva fue reexportada por Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta". Una segunda parte de esa partida fue utilizada para la campańa electoral del último intendente municipal de la dictadura en el departamento de Montevideo, Juan Carlos Paysée (Partido Nacional), y el resto fue comprado por el frigorífico Lipena S.A, el que nunca las pagó. Por otra parte, los "servicios especiales" a los que hacía referencia el punto 4 del acuerdo, consistieron en una gestión ante el Bank of América para que otorgara a la dictadura un préstamo de 27.3 millones de dólares; previa compra por parte del Estado de su cartera de deudores incobrables, por un monto cercano a los 10 millones de dólares.     En el ańo 1985, el ministerio de Ganadería realizó una investigación administrativa sobre este operativo, y concluyó que el estado uruguayo perdió más de 12 millones de dólares en el negocio, que se violó la ley de contabilidad y administración financiera, y que la empresa de Alori ganó casi 700 mil dólares más las comisiones que le pagó el INAC. A pesar de ello, el ministro Pedro Bonino (presidente Sanguinetti) ordenó la clausura y el archivo de las investigaciones. El caso nunca llegó a la justicia. FRIGORÍFICOS Y CARNICEROS     Una de la primeras tareas encaradas por la dictadura fue la eliminación del estatal Frigorífico Nacional, para poder proceder así a la liberalización de la industria frigorífica sin la molesta presencia de ese "ente testigo". Junto con los ya mencionados políticos del Partido Colorado, al dictador Álvarez, al General Julio César Vadora y al represor argentino Ramón Camps, en los abundantes negociados realizados en el área participaron individuos de la calaña de José Gavazzo, José Arab y Aníbal Gordon.     La historia comenzó en 1973, cuando el estado uruguayo decretó la intervención administrativa del frigorífico Comargen y sus colaterales debido a que se habían comprobado gruesas maniobras financieras, desvíos contables, defraudación fiscal, y deudas impositivas "monumentales". Comargen era propiedad del mafioso Jorge Angelópulos, quien para evitar la prisión huyó hacia Buenos Aires. Hacia 1976 trabó relación con Anibal Gordon (1), y entre ambos decidiron "mover sus influencias" para recuperar las empresas. Para comenzar las gestiones, Angelópolus y Gordon contrataron al afamado abogado penalista uruguayo Rodolfo Schurmann Pacheco.     Dos ańos después, el "trabajo" ya estaba hecho y las empresas fueron devueltas a Angelópolus, comprometiéndose el estado uruguayo a desistir de todos los juicios entablados y a levantar todos los embargos trabados contra él. Pero además, la dictadura devolvió a Angelópolus "toda la documentación perteneciente a las sociedades referenciadas, sus directores y accionistas, o demás personas involucradas", es decir: devolvió al delincuente las pruebas de su delito. Una vez que Angelópolus recuperó el frigorífico Comargen, designó al entonces coronel José Gavazzo (2) como su Gerente de Planta, cargo que desempeńó hasta 1985.     Por su parte, José Arab (3) ingresó al negocio de la carne hacia 1982, ańo en el que fundó una distribuidora que comercializaba principalmente la carne faenada por Comargen. Según relata Carrió, "el turco Arab tenía métodos muy efectivos para ‘convencer’ a los carniceros de que compraran sus productos", quien se negaba a hacerlo recibía en forma inmediata una inspección del INAC que infaltablemente encontraba irregularidades en el comercio. Anibal Gordon, que estuvo "exilado" en Uruguay durante un período en el que estuvo peleado con Ramón Camps por haber asesinado a dos de sus policías, figuraba hacia 1984 como asociado a la empresa Algecira, una distribuidora de carne del frigorífico Comargen para el departamento de Montevideo.     Fue precisamente el dictador Gregorio Álvarez quien solicitó al comandante en Jefe de la Armada uruguaya, el vicealmirante Hugo Ramón Márquez que protegiera a Gordon de Camps. En declaraciones a una publicación de la ciudad de Córdoba, en 1984 Gordon se jactaba así de su amistad con Álvarez: "żUsted sabe que el presidente de Uruguay es padrino de confirmación de una de mis hijas? Bueno, Gregorio Álvarez me llamó y me dijo que fuera para allá, que él me protegería". El represor y delincuente poseía además un carnet que lo acreditaba como oficial de la Armada uruguaya. PESCADOS Y PECES GORDOS     El libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del vicealmirante Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó durante ańos una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave "nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas". Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Resultó sí "un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles", que por supuesto terminaba pagando el consumidor.     Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cual fue el destino de los intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.     Al igual que lo hizo con el Frigorífico Nacional, la dictadura comenzó sus tropelías en la industria de la pesca desmontando el ente estatal del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carrió explica que luego de quitado ese escollo, "La pesca atrajo la atención de capitales privados nacionales –sobre la base de créditos bancarios- y extranjeros, y significó una fuente de ocupación para ‘gestores’ nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado". Al respecto, seńala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca tenía en bandeja de entrada tres proyectos de inversión para la explotación de túnidos. El pocos ańos después ministro del Interior del presidente Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio de dos de esas empresas. En el de la tercera aparecía el pachequista Marcial Bugallo.     Pero Carrió explica que "el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A." La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales espańoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaria de Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Lamentablemente, Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros.     El investigador seńala que "ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la Marina. Los dos últimos buques de los que disponía la pesquera estatal fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el Capitán de Navío Jacinto Avilés, que casualmente era también el encargado de viajar a Nueva York a realizar los depósitos del dinero negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas naves fue que ya eran "obsoletas". Sin embargo, el mes anterior a su venta se habían invertido 40 mil dólares en repuestos para ellas, y de hecho siguieron operando durante varios ańos más para Bero S.A".     Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario Jacinto Avilés envió una carta a sus colegas pesqueros convocando a apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo Paz Aguirre al Parlamento. "Así como apoyamos sin lugar a dudas la candidatura del ‘Lalo’ Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo deberíamos, salvo tu mejor opinión, apoyar la del Almirante Zorrilla, que inferirá en forma destacada en el sector," decía la carta, y continuaba: "por las razones expuestas, desearíamos contar con tu decidido apoyo en esta ayuda a la Campańa Financiera del futuro Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado, mirando desde el punto de vista, más de tener un amigo que pueda recoger rápidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el punto de vista político." BANCOS A UN PESO     En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas personalidades de la política, las finanzas, y la diplomacia internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de Sub Gerente General.     Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch, y la familia Peirano Facio. Carrió explica en su libro que en ese ańo se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales Luis Vicente Queirolo (quien tenía "negocios" con la logia P2) y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para ese momento "desgraciada" organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder.     Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas "Massera, Emilio Eduardo", el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladron de nińos, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciudad brasileńa de San Pablo, y en Argentina era propietario del Banco Continental.     En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma "relámpago" Ortolani contruyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA, que -presidida por el Contador Luis Lecueder- canaliza hacia la inversión en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino. Carrió explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo mediante la auditoría de la multinacional Price Waterhouse, y si el informe era favorable, hacía una oferta para su adquisición.     Pero en esa misma fecha, en medio de la "guerra sucesoria" por el control de la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el mafioso Carmelo D’Amore inició un juicio contra BAFISUD acusando a Ortolani de malversación de fondos, uso indebido de depósitos y falsificación de firmas. Lo denunciado por D’Amore era verdad, y ello provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el BAFISUD al holandés NMB Bank por la suma de N$ 1.00, y comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares. El asesor de los holandeses en nuestro país era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.     Entre los deudores incobrables de BAFISUD figuraban entre otras las empresas Ambrois y Cía., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler, Bakirgian, y Strauch. Este último, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el crédito bancario durante la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. Así lo hizo con el BAFISUD, y así lo volvería a hacer con el Banco Pan de Azúcar tiempo después. Esta última institución (que tras quebrar fue absorbida por el Banco República) tenía iniciados más de 20 juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido a la carencia general de garantías de la que históricamente hacen gala los Strauch.     La misma operación de compraventa se repetiría con los bancos Panamericano, del Litoral, y Banfed, que también fueron vendidos en un nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco Exterior de Espańa, respectivamente. Luego de vender los bancos, el estado uruguayo pagó a sus nuevos dueńos una suma superior a 300 millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreció a cambio de la venta de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera, la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus carteras, y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para seguirse financiando.     La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los militares que gobernaron el país a su antojo durante más de una década, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de dólares y lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investigó nunca en qué se usó ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores (tampoco el actual) puso algún reparo para pagarlo. Nadie comparó nunca la situación patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973 con la de 1985. żLlegará algún día la hora en que al fin se sancione "con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro" durante la dictadura? Nadie parece interesado en que así sea. Las pruebas, empero: están. NOTAS: (1) El teniente coronel (r) José Nino Gavazzo Pereira, fue jefe operativo del personal militar uruguayo que se desempeńó en Orletti. Comandó el secuestro, tortura y desaparición de 140 compatriotas en la Argentina; actuaba a cara descubierta, decía su nombre a los prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus iniciales que le regaló la CIA; encabezó el operativo de secuestro en Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara Méndez en que le robaron el hijo Simón, de 20 días de edad.// (2) El mayor José Ricardo Arab Fernández. (Alias: "El Turco", "305", "La Bruja"), nació el 7 de febrero de 1941 e ingresó al Ejército el 1 de marzo de 1958 al Arma de Ingenieros. En 1967 es teniente primero en la Escuela Militar. Asciende a capitán en 1970. En 1971 sirve en el Batallón de Ingenieros N° 3 de Paso de los Toros. Con el grado de mayor, actúa en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976. Participa de las operaciones de represión en Automotores Orletti en Buenos Aires y en el traslado ilegal de ciudadanos. El 9 de febrero de 1978 fue dado de baja y degradado, por "degenerado".// (3) Aníbal Gordon fue un personaje impar de la represión en la Argentina. Su primera aparición ante la llamada "opinión pública" fue en el ańo 1971, cuando tenía un oficio más noble que el que luego terminó ejerciendo como asesino a sueldo de las dictaduras triunfantes: era ladrón de bancos y robó uno en San Carlos de Bariloche. La fuga fue de película yanqui, porque se escapó en helicóptero. Un ańo después lo metieron preso y lo confinaron en Devoto. Por esos "misterios" insondables de la corrupción en la Argentina, Gordon fue uno de los beneficiarios de la amnistía dispuesta en 1973 por el gobierno de Héctor J. Cámpora, porque tenía acceso a la confección del listado de presos favorecidos por la amnistía, debido a que desde 1968, es decir antes del robo en Bariloche, ya era miembro activo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Gordon participó en los secuestros, en las torturas y en los asesinatos ocurridos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti, entre muchas otras cosas más. Ex - presos recuerdan torturas. Adital Internacionales - Estados Unidos Katrina Cómo el libre mercado mató a Nueva Orleáns Michael Parenti       El libre mercado desempeñó un papel crucial en la destrucción de Nueva Orleáns y la muerte de millares de sus residentes. Advertidos por adelantado que un colosal huracán (de fuerza 5) iba a abatirse sobre la ciudad y los alrededores, ¿qué hicieron los funcionarios? Pusieron en juego el libre mercado.      Anunciaron que todo el mundo debía evacuar la ciudad. Se esperaba que cada cual ideara su propia salida del área de desastre por medios privados, así como lo dicta el libre mercado, al igual que ocurre cuando el desastre asesta a los países de libre-mercado del Tercer Mundo.     Es una cosa hermosa, este libre mercado, en el cual cada individuo persigue sus propios intereses personales, de tal modo que efectúe un resultado óptimo para la sociedad entera.     Es así como la mano invisible obra sus maravillas. Allí no habría ninguna evacuación "colectivista y regimentada", como ocurrió en Cuba. Cuando un huracán de alcance especialmente grande golpeó esa isla el año pasado, el gobierno de Castro, apoyado por los comités ciudadanos de vecinos y los cuadros locales del Partido Comunista, evacuó a 1,3 millones de personas, más del 10 por ciento de la población del país, sin la pérdida de una sola vida; una hazaña alentadora que pasó prácticamente inadvertida en la prensa estadounidense.     En el Día Uno del desastre causado por huracán Katrina, ya quedaba claro que centenares, sino miles, de vidas americanas se habían perdido en Nueva Orleáns. Mucha gente se había "negado" a evacuar, explicaron los reporteros de la prensa, simplemente porque eran "tercos". No era sino hasta al Día Tres que los comentaristas -relativamente pudientes- comenzaron a darse cuenta que decenas de miles de personas no habían podido huir, porque no tenían a donde ir, ni medios para desplazarse. Con poco dinero en efectivo a la mano, y carentes de vehículo propio, no les quedó más que permanecer allí y confiar a la suerte. En fin de cuentas, el libre mercado no funcionó tan bien para ellos.     Buena parte de esta gente era Afroamericana de bajo ingreso, junto con un número menor de blancos pobres. Vale recordar que la mayoría de ellos tenía un empleo antes de la visita mortal de Katrina. Eso es lo que hace la mayoría de la gente pobre en este país: trabaja, generalmente muy duro en empleos muy mal pagados, a veces en más de un empleo a la vez. Son pobres, no porque son perezosos, sino porque les cuesta sobrevivir con salarios de miseria, a la vez que cargar con altos precios, alquileres elevados e impuestos regresivos.     El libre mercado incidió también de otra forma. La agenda de Bush es achicar los servicios estatales al mínimo y obligar a la gente a recurrir al sector privado para atender sus necesidades. Entonces, recortó $71.2 millones del presupuesto del Cuerpo de Ingenieros de Nueva Orleáns, una reducción del 44 por ciento. Y tuvieron que archivarse los planes para fortificar los diques de Nueva Orleáns y para mejorar el sistema del bombeo para el drenaje de agua.     Bush sobrevoló el área y dijo que nadie habría podido prever este desastre. Una mentira más que sale de sus labios. Toda clase de gente había estado prediciendo un desastre para Nueva Orleáns, señalando la necesidad de consolidar los diques y las bombas, y fortificar las tierras costeñas.     En su campaña para aniquilar al sector público, los secuaces reaccionarios de Bush también permitieron que los constructores drenen áreas extensas de pantano. Una vez más esa vieja mano invisible del libre mercado se encargaría de cuidar las cosas. Los constructores, persiguiendo su propia ganancia privada, aducirían que se trata de respuestas en beneficio de todos.     Sin embargo, los pantanos servían como absorbente y barrera naturales entre Nueva Orleáns y las tormentas que llegan desde mar adentro. Desde hace ya algunos años, los pantanos han estado desapareciendo a un ritmo espantoso de la costa del golfo. Pero nada de esto les causó preocupación a los reaccionarios en la Casa Blanca.     En cuanto a la operación de rescate, los defensores del libre mercado suelen decir que la ayuda a los más desafortunados entre nosotros se debe dejar en manos de la caridad privada. Era una prédica preferida del presidente Ronald Reagan decir que "la caridad privada lo puede resolver". Y de hecho durante los primeros días, esa parecía ser la política para el desastre causado por el huracán Katrina.     El gobierno federal se hizo humo, pero la Cruz Roja entró en acción. Su mensaje: "No envíen alimentos ni mantas; envíen dinero". Mientras tanto, Pat Robertson y la Christian Broadcasting Network, -haciendo una breve pausa en su obra divina de impulsar el nombramiento de John Roberts a la Corte Suprema- hizo un llamado para donaciones y anunció la "Operación Bendición", que consistía en un envío altamente publicitado pero totalmente inadecuado de conservas y biblias.     Para el Día Tres, incluso los medios miopes comenzaron a darse cuenta del enorme fracaso de de la operación de rescate. La gente se estaba muriendo porque la ayuda no había llegado. Las autoridades parecían más preocupadas en prevenir el saqueo que en el rescate de la gente. Era la propiedad antes que la gente, así como los defensores del libre mercado siempre lo han querido.     No obstante, surgieron preguntas que el libre mercado no parecía capaz de contestar: ¿Quién estaba a cargo de la operación del rescate? ¿Por qué tan pocos helicópteros y apenas un puñado de guardacostas? ¿Por qué los helicópteros demoraron cinco horas en sacar a seis personas de un hospital? ¿Cuándo se pondría en plena acción la operación de rescate? ¿Dónde estaban los feds (policía federal)? ¿Los troopers del estado? ¿La Guardia Nacional? ¿Dónde estaban los autobúses y los camiones? ¿Las carpas e higiénicos portables? ¿Las provisiones médicas y el agua?¿Dónde estaba la Seguridad Interior? ¿Qué ha hecho la Seguridad Interior con los $33,8 mil millones asignados a ella en el año fiscal 2005? Incluso el propio noticiero de la tarde de ABC-TV (del 1 de septiembre 2005) citó a funcionarios locales que dijeron que "la respuesta del gobierno federal ha sido una vergüenza nacional".     En un momento de ironía sabrosa (y quizás pícara), llegaron ofertas de ayuda exterior por parte de Francia, Alemania y varias otras naciones. Rusia ofreció enviar dos aviones cargados alimentos y de otros materiales para las víctimas. Como era previsible, todas estas ofertas fueron velozmente rechazadas por la Casa Blanca. América, la Hermosa y Poderosa América el Salvador Supremo y Líder Mundial, América el Proveedor de la Prosperidad Global no podía aceptar la ayuda exterior de otros.     Eso sería una inversión de roles humillante e insultante. ¿Será que los franceses buscaban otro puñete en la nariz?     Es más, aceptar la ayuda exterior hubiese significado admitir la verdad: que los bushistas reaccionarios no tenían ni el deseo ni la decencia de proteger a los ciudadanos comunes, cuando menos a aquellos en situación de necesidad extrema. Quien sabe si la gente comenzaría a pensar que George W. Bush realmente no era más que un agente a tiempo completo de la América corporativa. Vínculos relacionados: Michael Moore a Bush: ¿dónde están los helicópteros? Katrina: Los medios de comunicación y los "saqueos". La Haine. Nueva Orleans: disparar a matar. Antimilitaristas.org ¿Somnolencia de Bush o nueva vuelta de tuerca del neoliberalismo?. Rebelión. Cuba ofrece ayuda médica y solidaridad a víctimas de Katrina. Prensa Latina.     el agua es de todos Sección Permanente. Entrega número 4 Ronda el fantasma de la guerra por el agua Marcela Valente     Las aguas tranquilas del Acuífero Guaraní, enorme reservorio de 1,2 millones de kilómetros cuadrados bajo los países del Mercosur, son el centro de una airada polémica.     Un proyecto de conservación del acuífero, que comenzó a ejecutarse en 2003, desató una guerra de acusaciones entre los encargados de llevarlo adelante y organizaciones sociales que alertan sobre una supuesta conspiración liderada por Estados Unidos para apoderarse del agua.     En los últimos tres años, científicos, ambientalistas y gobiernos elaboraron el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, con la intención de conocer su potencialidad y los riesgos que puede correr, para elaborar modelos de gestión conjunta entre los países que lo comparten.     Se calcula que el acuífero bajo Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tiene unos 37 mil kilómetros cúbicos de agua, pero sólo se pueden explotar de 40 a 80 kilómetros cúbicos en zonas de recarga.     El Centro de Militares por la Democracia Argentina (Cemida) afirmó este año que la supuesta actividad de grupos terroristas en la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay) fue un pretexto de Washington para aumentar su presencia militar allí y "apoderarse silenciosamente del Acuífero Guaraní", a través del proyecto de conservación.     El Cemida es una organización no gubernamental (ONG) por los derechos humanos fundada en los años 80, que suele adoptar posiciones izquierdistas y está integrada por militares retirados y por civiles.     "Estados Unidos estructuró un sistema para detectar la magnitud del acuífero, asegurar su uso sustentable y evitar todo tipo de contaminación" y "para ello puso al frente de la investigación al Banco Mundial, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otros órganos a los que controla", afirmó el informe del Cemida, elaborado por la profesora de historia Elsa Buzzone.     Le "destinó un presupuesto de 26 millones de dólares y sugirió la forma en que participarían las comunidades indígenas y la sociedad civil para mantener un permanente control hasta que lo considere conveniente", añadió.     El proyecto nació de una iniciativa de las naciones que comparten el acuífero, y fueron ellas los que pidieron asistencia financiera al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), formado con aportes de países y manejado financieramente por el Banco Mundial, explicó.     Durante cuatro años, organizaciones de la sociedad civil intervinieron en las distintas instancias del programa.     "De Brasil, que tiene bajo su territorio 71 por ciento del acuífero, participaron 176 instituciones, entre organismos nacionales y estaduales, universidades y ONG", indicó Amore.     Las unidades nacionales del proyecto, integradas por funcionarios de cada país, eligieron a la OEA como agencia ejecutora de la iniciativa, que se financia con 13,4 millones de dólares del GEF, 12 millones de los gobiernos, y el resto de otras organizaciones hasta completar 26,7 millones de dólares, puntualizó.     La red brasileña Grito del Agua, que reúne a unas 60 organizaciones, también cuestionó el proyecto.     "No hay transparencia" en las contrataciones del proyecto ni acceso a su información técnica, de modo que "Amore está negociando nuestra soberanía y nosotros no podemos saber a quién le pasa la información que recibe", mientras él ejerce un "poder dictatorial" para decidir quiénes pueden participar del proceso, dijo a Tierramérica el activista Leonardo Moreli, líder de esa red.     A su juicio, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el GEF deberían "auditar" el proyecto.     Por otra parte, "no es normal que haya 'boinas verdes' (del Ejército estadounidense) en Entre Ríos y Misiones (provincias del noreste de Argentina) hacien0do ejercicios contra el dengue", ironizó Moreli, en alusión al informe del Cemida.     Según Amore, las acusaciones de Moreli responden al interés de obtener una mejor posición para ejecutar proyectos de difusión y educación sobre temas del acuífero, que se financiarán mediante un Fondo de Ciudadanía, integrado con 240 mil dólares.     "Es lamentable. Una vez que los países se ponen de acuerdo en un proyecto para definir acciones preventivas y no para remediar, hay suspicacias y temores", comentó.     El secretario general alegó que si los gobiernos quisieran privatizar el acuífero, "será potestad de los países, no del proyecto", pero aclaró su posición personal en la materia: "El agua es un bien social que tiene un valor económico, pero eso no significa un valor de venta. Se trata de un recurso a preservar de la contaminación para el uso de todos".     El experto uruguayo Danilo Antón, geomorfólogo especializado en aguas subterráneas, consideró también que están "fuera de la realidad" las denuncias sobre estrategias de Washington para controlar el acuífero.     "Puede haber estrategas que deliren con eso, pero no es sostenible bajo ninguna lógica", opinó.     El agua del acuífero solo puede ser usada localmente, en cientos de comunidades, pero explotar aguas profundas es "difícil y carísimo", reafirmó el experto.     "El vaciamiento del acuífero, que se encuentra en su mayor parte por debajo de los 1.000 metros, requeriría un bombeo antieconómico y técnicamente imposible", aseguró.     "Otra cosa es el temor de que se privaticen pozos o sistemas de distribución, pero eso depende de los gobiernos", apuntó Antón.     El geomorfólogo fue quien propuso en 1996 llamar "Guaraní" a la reserva de agua subterránea que tenía distintos nombres en cada país. Lo hizo en homenaje a la nación indígena que se asentaba sobre esa región.   Vimos en la Web China, del Libro Rojo al liberalismo económico. Lo que somos. El consenso después del consenso. Joseph Stiglitz. Los desastres naturales en Europa crecen junto a la contaminación. Gara  El espejismo de la ayuda para el desarrollo. Eric Toussaint y Damien Millet Decenas de presos saharauis llevan tres semanas en huelga de hambre Buzón de los lectores Gracias a todos por sus aportes, los iremos publicando en sucesivos números 1- "El capítulo más peligroso del libro del comisario asesinado" Autor: Infobae.com. Asunto: Beauvais es un comisario retirado que fue asesinado tras un aparente "secuestro". Lo extraño es que sus "secuestradores" en ningún momento pidieron rescate y el comisario se encontraba redactando un libro sobre la interna policial. 2- "Los dueños de la tierra. ¿Peligran la integridad territorial y la democracia en la Argentina?" Autor: informe publicado en diario La Nación. Aporte de Zanger. Asunto: la concentración de la propiedad en materia de bienes raíces se acentúa en la Argentina y son protagonistas fundamentales varios miembros de la comunidad judía de dicho país. 3- "La leyenda de Manuelita Sáenz" Autor: Mercedes Santos Moray. Asunto: una semblanza de la mujer combatiente por la liberación del colonialismo español de nuestros países. Hoy olvidada, la compañera de Simón Bolívar es recordada en este trabajo. 4- "La minería que amenaza a Calingasta" Autor: Javier Rodríguez Pardo. Asunto: el departamento de Calingasta en la provincia de San Juan en Argentina se ve amenazado por el trabajo de extracción mineral mediante explosiones y tratamientos con productos químicos altamente tóxicos que afectarían a las fuentes de agua de la población. Las víctimas plantearon la posibilidad de realizar un plebiscito para dirimir esta situación y las autoridades se niegan. 5- "De eso no se habla. 25 interrogantes sin respuesta" Autor: Christian Sanz. Asunto: varios temas candentes y polémicos que extrañamente desaparecieron de la cobertura informativa en la Argentina. 6- "Telesur y la guerra mediática" Autor: Luis Britto García. Asunto: la lucha mediática está planteada en Latinoamérica, los EEUU lanzaron ofensiva contra Telesur. 7- "Los desmentidos de la crisis" Autor: Emir Sader. Asunto: la corrupción en el gobierno de Lula refleja los planes de la derecha para intentar hegemonizar un proceso que implicaría un grave retroceso en las resistencias al imperialismo norteamericano en la región. 8- "PT, religión y ética" Autor: Leonardo Boff. Asunto: la crisis de corrupción en Brasil en la óptica del conocido teológo de la liberación. 9- "La visión de un periodista argentino" Autor: Marcelo Felipe Gil. Asunto: ¿qué se está negociando en la crisis de Brasil? ¿Qué acuerdos impulsa Lula y el PT para evitar mayores repercusiones de los escándalos de corrupción? 10- "La historia de la interna peronista como decíamos ayer" Autor: Ana Gerchenson. Asunto: la interna peronista está que arde. El enfrentamiento entre Kirchner y Duhalde centra toda la política argentina.   la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos ¡Beruby te regala un euro! - SOLO PARA ESPAÑA - En BeRuby puedes ganar dinero haciendo lo que ya haces en la red de todos modos. haz clic aqui

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