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LaLuchaContinúa
| | Asunto: | [laluchacontinua] Nro.65.- ¿Qué hará el movimiento obrero co n "su" gobierno proimperialista?- 17/05/06 | | Fecha: | Jueves, 18 de Mayo, 2006 00:14:35 (-0300) | | Autor: | Centro Carlos Marx <moyano.fer @.....com>
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El levantamiento.
H. Daumier
imperialista? Editorial
¿Qué clase de 1º de mayo? ¿1º de mayode qué
clase?
Proclama del PIT-CNT
Declaración de la Asamblea de
FUCVAM
Terminar con la cultura de la impunidad.
Pablo
Chargoña
Alcanza una ley para anular la de caducidad.
Oscar López
Goldaracena
Gavazo, Arab, Vázquez, Medina
PRESOS!!!
Foro de frenteamplistas
residentes en Argentina.
Bolivia x 3
> Morales pisa fuerte
> El caso Repsol
> Análisis del decreto de
"nacionalizaciòn"
-
Vimos en la
Web
-
Buzón de los
lectores |
Nro.65 .- ¿Qué hará el movimiento obrero con "su"
gobierno proimperialista?- 17/05/06
Esto no significa que debamos confrontar al mundo con nuevos
principios doctrinarios y proclamar: ¡He aquí la verdad, de rodillas ante
ella! Significa que debemos desarrollar nuevos principios a partir de los
principios existentes del mundo. No debemos decirle: Abandona tus luchas,
son mera locura, nosotros te daremos los verdaderos objetivos. En vez de
ello, debemos simplemente mostrar al mundo por qué él está en lucha, y la
conciencia de eso es lo que deberá adquirir, quiéralo o
no.
Marx, Carta a Rouge 1843
la lucha continúa es uno de los emprendimientos
inscriptos en nuestro proyecto del Centro Carlos Marx, una propuesta
plural y abierta de intercambio de ideas e iniciativas entre militantes
sociales y políticos. Todo lo aquí publicado está a disposición para su
difusión y reproducción total o parcial, porque la poesía no es
de quien la escribe sino de quien la necesita (Il
Postino). Agradecemos que nos ayuden a difundir este esfuerzo
informando a todo aquel que quiera suscribirse, o simplemente reenviándolo
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Todo sobre Uruguay, día a
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"El verdadero modo de vengarse de un enemigo,
es no parecérsele." Marco Aurelio
"La tolerancia absoluta de todas las opiniones
ha de basarse en la intolerancia
absoluta de todas las barbaries" Raoul
Vaneigem |
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¿Qué hará el movimiento obrero con "su" gobierno
proimperialista?
- Editorial -
1 de mayo de
2006. A más de un año de la instalación del gobierno progresista
se realizó un nuevo acto central en homenaje a los Mártires de Chicago.
El PIT-CNT la
convención única de trabajadores conmemoró a su vez los 40 años de
unificación sindical en Uruguay (la CNT surgió en 1966).
Bajo la consigna
"El FMI ya fue..." el bloque oficialista hegemónico en el
movimiento sindical desplegó al máximo su retórica anti imperialista,
mientras "su" gobierno permanecía en visita oficial en
México y los Estados Unidos explorando la posibilidad de un Tratado de
Libre Comercio bilateral con Uruguay.
En la proclama
central - de la cual reproducimos más abajo sus principales tramos - marcó
distancias y acercamientos con el gobierno progresista. Pero sin tomar ni
anunciar medidas concretas de lucha. Se declara la oposición a la política
económica social - liberal de Astori y Cía., la oposición
a los pagos en forma adelantada de los vencimientos de la deuda externa
con el FMI posponiendo así los recursos imprescindibles para el prometido
y tantas veces anunciado "Uruguay productivo". Se declara
la oposición a la política imperialista de fomentar los TLC en el
continente sudamericano política ésta que está minando los
entendimientos y acuerdos regionales. Pero lo fundamental ha sido la
deliberada política de aislar y ocultar los puntos más álgidos de
confrontación con la política burguesa del gobierno. Los trabajadores
cañeros del norte del país que ocuparon tierras para producir, los
trabajadores gráficos de la cooperativa Coprograf que están procesados por
la "justicia" por ocupar y poner a producir una unidad
productiva (ex Impresos Vanni) en estado de quiebra por insolvencia e
ineficiencia de la administración patronal no pudieron hacer escuchar su
voz en la principal tribuna de la clase obrera. La burocracia sindical no
permitió en esta instancia que los trabajadores en conflicto hicieran
sentir su malestar con el gobierno progresista por el ninguneo permanente
que les ha hecho ante sus reclamos de una legislación que ampare sus
derechos conculcados por la arbitrariedad de la patronal y el
burocratismo de la administración estatal.
El sindicalismo en
Uruguay en este último año ha pegado un enorme salto cuantitativo, tanto
en cantidad de afiliados como de nuevos sindicatos. Los Consejos de
Salarios reestablecidos en este gobierno tras años de no convocarse logró
en algunas ramas de la economía y en los salarios más sumergidos
incrementos porcentuales realmente importantes (aunque insuficientes en
todos los sentidos para llevar un nivel de vida mínimamente decoroso).
Pero a su vez permitió y afianzó el control de la fracción
hegemónica en el movimiento sindical al no cumplir - y el PIT-CNT no
exigir - las propias disposiciones legales que obligan a la
elección de los representantes a los Consejos de Salarios
y no su designación como se ha establecido. A su vez el
Ministerio de Economía estableció topes máximos de recuperación salarial
en algunos grupos muy por debajo de los salarios perdidos en los últimos
años ( 4,89% de incremento del salario real contra
pérdidas de más del 30% en algunos casos).
La política de
conciliación de clases y colaboracionismo con el gobierno requiere para
ser sostenida el logro de algunos beneficios económicos para la clase
obrera. Es así como surgen permanentemente nuevos conflictos con una
burguesía que no está dispuesta a realizar mayores concesiones y menos con
una situación económica que le reduce permanentemente sus beneficios (
caída del precio del dólar, fiscalización de la DGI, problemas en el
comercio regional, etc.).
La apuesta
estratégica de las principales cámaras empresariales es la de realizar un
TLC con Estados Unidos, abrirse del MerCoSur y tomar distancia del proceso
de cambios latinoamericano. El freno y la represión del movimiento obrero
es algo fundamental ante un nuevo ciclo de recesión que requiera un ajuste
a la baja de los costos salariales.
El gobierno
progresista ha percibido esta coyuntura muy particular, pero se muestra
errático, rehén de sus propias contradicciones internas. El
disciplinamiento fiscal de Astori y Cía. le permite
llegar a un entendimiento con los organismos internacionales de crédito,
pero lo distancia de su propia base social. Los acuerdos con Venezuela y
Bolivia puede oxigenar la endémica crisis energética del país, congratula
a la burguesía local con las perspectivas de buenos negocios pero se
enemista con los Estados Unidos. Los acercamientos con este último
provocan el efecto contrario, lo distancian de la región y lo acercan a la
vieja oligarquía vacuna que observa como "su" proyecto de
país agro exportador y sempiterno productor de materias primas se perpetúa
y consolida.
La pregunta
principal ha realizarse es ¿por qué Estados Unidos tienen interés en el
gobierno de Vázquez?
"En esta ciudad
(Washington D.C.), en todas las esquinas donde vaya, va a encontrarse con
una inmensa admiración y respeto por lo que ha podido hacer en estos
tiempos" (Luis Alberto Moreno, Presidente del BID)
"Ustedes, son un
ejemplo" (Rodrigo de Rato, Director General del
FMI)
"Vázquez es un
presidente que ha convencido a los escépticos y ha dado a su país un
liderazgo fuerte" (David Rockefeller, Presidente Honorario del Consejo de
las Américas)
Lo importante
es apreciar el conjunto de la situación.
El gobierno de
Bush está claramente debilitado y ha perdido posiciones
en el concierto latinoamericano. Al desafío de Venezuela y Cuba se suma
ahora Bolivia y su programa reformista. El fracaso del ALCA provocado por
los principales países del MerCoSur obliga a minar estos proyectos de
integración regional. Uruguay puede funcionar como ariete y cuña en la
región. Y el pragmatismo oficialista estaría dispuesto a cumplir esta
triste función.
"Uruguay va a tener un
papel importante que jugar en el futuro de las relaciones comerciales
hemisféricas" (Thomas Shannon, Secretario de Estado adjunto para América
Latina)
El propio presidente
Vázquez - en forma no oficial - habría manifestado en
Washington que el propio equipo de gobierno estaría analizando la
desvinculación de Uruguay del MerCoSur como miembro pleno y pasar así al
estatus de país asociado al bloque regional. Uruguay necesita ( si cumple
con la formalidad del MerCoSur) participar en una negociación conjunta del
bloque con Estados Unidos para luego solicitar una autorización expresa
del Consejo del Mercado Común para firmar un TLC bilateral. Este
procedimiento fue el seguido con México, y así en el 2004
se firmó un TLC entre Uruguay y el país azteca. Pero con la incorporación
de Venezuela al bloque regional este extremo sería
impracticable.
Es muy difícil que
Estados Unidos quiera poner un freno a la desestabilización de los
intereses imperialistas apoyándose en una pieza tan pequeña como Uruguay.
A lo sumo sería un aliado -relativamente barato - que frenaría el proceso
de integración latinoamericana y para esto debiera ser
fundamental que integre el MerCoSur como miembro pleno. Si un TLC
bilateral Uruguay - Estados Unidos hiciese incompatible su permanencia en
el MerCoSur Estados Unidos no lo ratificará y a lo sumo establecerá como
alternativa una serie de preferencias arancelarias en algunos rubros de
nuestra economía local. Recordemos que Uruguay exporta fundamentalmente
carne al mercado norteamericano. Esta carne logró su ingreso en forma
temporal en virtud de la interrupción del flujo cárnico con Canadá y
algunos países europeos a raíz de la presencia en sus rodeos de la
enfermedad de la "vaca loca". Uruguay apostaría a que esta presencia
temporal y marginal en el coloso del norte se prolongue en el tiempo con
algún estatus especial. Pero dejando estas menudencias y miserias de la
política local creemos que será Brasil la clave de este asunto. Este - y
no Uruguay - será el próximo foco de atención del imperialismo y sus
agentes. Brasil es el centro de América del Sur. La situación generada en
Bolivia con la nacionalización de los hidrocarburos cuestiona el rol sub
imperialista del coloso sudamericano. Brasil es el principal consumidor
del gas y petróleo boliviano, y los compra a un precio vil. El alcance del
reformismo del MAS marcará los próximos pasos de esta lucha de los pueblos
en América Latina. Y nosotros estando tan cerca, estaremos en
realidad muy lejos.
El Tratado de Asunción se suscribió el 26 de marzo de 1991, el
MerCoSur entró en vigencia plena en 31 de diciembre de 1994. El Tratado
fue ratificado por el Parlamento uruguayo con el voto solitario en contra
de Helios Sarthou. El resto de los parlamentarios
frenteamplistas se sumó (en algunos casos en un "apoyo crítico") a los
cantos de sirena del gobierno del momento y de los partidos burgueses, la
prensa, la televisión, etc. El MerCoSur era la piedra filosofal que
nuestro país necesitaba. Danilo Astori, entonces senador, era el principal
ideólogo de esa orientación: el MerCoSur era un arma en la lucha
antiimperialista contra la "Iniciativa de las Américas" (luego el ALCA,
luego los TLC) que pretendía imponer el gobierno de EEUU en América
Latina.
Un pequeño grupo de marxistas, destacándose entre ellos el ec.
Guillermo Foladori (desde hace años en Brasil luego de que perdiese su
trabajo en la Universidad) denunció la mentira del MerCoSur. Estos
desubicados marxistas, siempre si aceptar la realidad.... ¿Cuales eran sus
argumentos?
La condición dependiente de las burguesías locales hace que sus
contradicciones sean más fuertes que sus intereses comunes. No lograrán
hacer un frente común ante el imperialismo. Por el contrario, tratarán de
obtener prebendas a costa de las otras. El MerCoSur abrirá más aún las
puertas a los negocios de las transnacionales y preparará las condiciones
para una una dependencia más profunda con mecanismos más subordinados aún
al imperialismo.
¡La puta con el marxismo!
De entre los gobiernos "progresistas" de esta Latinoamérica
actual se destaca el gobierno uruguayo por su política marcadamente
cipaya. No hace otra cosa que responder a la condición de debilidad e
inoperancia de la burguesía uruguaya, ¿qué otra cosa podrían hacer?.
Cuando las guerras, las catástrofes, las hambrunas, siempre son las niñas
las primeras en prostituirse.
Y en esta izquierda "progresista", los que ayer veían en el
MerCoSur la alternativa ante el ALCA, hoy ven la alternativa al
MerCoSur... ¡en el ALCA! Ni siquiera se les ocurre pensar en una
"autocritica" de sus planteos de hasta hace muy poquitos años, el
oportunismo no tiene memoria.
Su miseria intelectual y moral, ¿qué otra merece sino el
desprecio?
Acerca del TLC Uruguay - Estados Unidos
ASTORI: NUESTRA ESTRATEGIA COMERCIAL ES
GLOBAL
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE URUGUAY, TABARÉ
VÁZQUEZ, ANTE EL CONSEJO DE LAS
AMÉRICAS
Washington, DC 3 de mayo de
2006
POSICIÓN
CONJUNTA DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES RESPECTO A LA
CONVENIENCIA. PARA EL URUGUAY DE NEGOCIAR ACUERDOS. COMERCIALES CON PAÍSES
DE EXTRAZONA.
¿Qué clase de
Primero de Mayo?
¿Primero de Mayo
de qué
clase?
Fernando
Moyano
Y
ahora yo les pregunto: ¿Quieren manteca o cañones?.
Hitler hizo la pregunta en un acto público, ante una
multitud de un millón de personas (en su gran mayoría obreros). Y la gente
gritó ¡Cañones!
Era 1938, ¿qué
día? El Primero de Mayo. Luego de la Unión Soviética, fue
la Alemania nazi el siguiente país en hacer oficial el Primero de
Mayo. Los nazis celebraban entonces la Fiesta del Partido.
Cañones antes que manteca era el programa de cargar sobre los hombros de
los trabajadores el esfuerzo de la preparación bélica, con la promesa de
compensarlos con los beneficios de la expoliación de los pueblos que iban
a ser avasallados. El nazismo le pagó al pueblo alemán con cinco millones
de muertos.
También podríamos recordar el
Primero de Mayo de 1951 en Argentina, cuando la CGT
propuso a Eva Perón como candidata a vice-presidente de
la república (los argentinos dicen "de la
nación") detrás de Perón, pero esa fórmula
fue rechazada. Y muchos otros, porque el Primero de Mayo tiene muchas
historias.
El Día de los Trabajadores siempre
estuvo en disputa con el Día (otro más de ellos) del Poder. El día en que
el poder de turno muestra cual es la forma concreta en que se propone
mantener la sujeción de los trabajadores a la relación de explotación del
trabajo. El día en que se muestra el grado de rebelión del trabajo y el
grado y la forma de sujeción, la relación entre las clases y en qué punto
estamos de la lucha de clases.
Su historia comienza en una convención de la Federación de
trabajadores de Estados Unidos y Canadá en 1884, que
lanza la lucha por la jornada de 8 horas (que se reclamaba desde
1860, la jornada entonces era de 10, 12 y hasta 16
horas). A eso siguieron varios meses de preparativos tanto de las
organizaciones de trabajadores como de las fuerzas represivas. Chicago fue
el centro principal de la agitación. El primero de mayo de
1886 se realizó en esa ciudad una manifestación de 80
mil trabajadores, y en los días siguientes se unieron 350
mil trabajadores de toda la Unión Americana a una huelga nacional
que afectó más de mil fábricas. El 4 de mayo un acto de
trabajadores fue reprimido por la policía. Una bomba, que nunca se supo
quien lanzó, mató un policía, lo que generalizó la represión. En
junio, ocho líderes sindicales fueron juzgados y
condenados por conspiración. El 11 de noviembre fueron
ahorcados Parsons, Spies,
Fischer y Engel. Lingg
se suicidó en prisión, otros dos recibieron cadena perpetua. Son los
Mártires de Chicago. Este acto de ignominia dio nacimiento al Primero de
Mayo. En 1889, durante el Primer Congreso de la Segunda
Internacional Socialista celebrado en París, se decidió que el 1º de mayo
conmemoraría el Día Internacional del Trabajador. Desde
1890 los partidos y sindicatos integrados en la
Internacional organizaron manifestaciones de trabajadores en casi todos los países industrializados, en la
lucha por la jornada de ocho horas.
Gradualmente, y de acuerdo a los avatares de cada país y los
respectivos regímenes políticos, el Primero de Mayo se institucionaliza
como día festivo. En 1954 la Iglesia católica se suma, al
declarar ese día como San José Obrero. Pero en su cuna, Estados Unidos y
Canadá, el 1º de mayo se celebra como Día de la Ley, mientras que se les
concede a los trabajadores el Día del Trabajo en el primer lunes de
septiembre, un día sin significado histórico.
El Primero de Mayo es entonces no
solamente un día de lucha obrera, es un día de lucha por el control de la
lucha obrera. Hay en torno al Primero de Mayo una lucha permanente por
darle uno u otro significado, respondiendo a distintos contenidos de
clase. Cada país, cada período, es un escenario distinto. Hay Primeros de
Mayo organizados desde abajo y los hay organizados por el poder. Los hay
unitarios y los hay fragmentados y dispersos. El Primero de Mayo es el
termómetro del desarrollo de la lucha obrera y el grado de su
independencia de clase, de su madurez, de su fecundidad. En el espejo del
Primero de Mayo se ve la clase trabajadora.
Uruguay no es una excepción. La dictadura
militar no solamente prohibió el tradicional acto público unitario del
movimiento sindical, sino que además lo "corrió"
para el lunes más próximo, pero de hecho ese despojo solamente pudo
aplicarse un año. Cada Primero de Mayo, antes y después de la dictadura,
se entabla en el seno de nuestro movimiento sindical una lucha ideológica
(y a veces no solamente ideológica) por definir el contenido que tendrá
esa jornada. Por ejemplo, las distintas polémicas sobre si
invitar o no a políticos burgueses "aliados". No
haremos aquí una crónica detallada. Solamente mencionaremos el caso del
1º de mayo de 1973. Recordemos el contexto. El golpe
militar en cámara lenta está en pleno proceso de avance, y acaba de
ocurrir la maniobra de los Comunicados 4 y 7 de los militares golpistas,
que encuentra eco en las corrientes oportunistas de la izquierda y el
movimiento obrero. La distorsión llega a extremos muy grandes. Esto es lo
que recuerda el libro de Hugo Cores
"Reflexiones sobre el movimiento obrero y la crisis política
uruguaya, 1968-1973", a propósito de la forma en que estas
corrientes pensaban organizar el acto obrero de ese año (que no llegó a
concretarse).
En esos días el movimiento obrero comienza la
preparación de la jornada del 1º de mayo. Desde filas reformistas, se
encara esta jornada "como una manifestación de alegría y
optimismo", previéndose la realización de un
desfile sin precedentes en las tradiciones obreras uruguayas. Este
comenzaría con un desfile y una banda de músicos seguido de un grupo de
caballería gaucha y seis tractores. Más atrás 500 niños de escuela
vestidos con túnica y moña. Luego los jubilados y al final los sindicatos.
Estos llevarían carros alegóricos alusivos a las distintas profesiones
representadas. Este grotesco proyecto desató una verdadera indignación en
las bases obreras...
Todo esto no es en absoluto agua pasada. Las
luchas políticas en torno al Primero de Mayo siguen estando presentes, y son un
elemento crucial en la definición del contenido del propio movimiento
obrero frente a los problemas de la clase, sus propuestas políticas, sus
relaciones con la sociedad toda y con el poder político. Y estas
relaciones y sus conflictos se introducen en el movimiento obrero y en la propia
celebración del Primero de Mayo. ¿Un acto o varios actos? ¿Quemar
monigotes? ¿Tapar la cabeza del monumento a Batlle con la
cara de Marx? También los oradores, proclamas,
propuestas, pero además los dispositivos de seguridad, los cordones, lo
oficialmente permitido y lo que no. Lucha de consignas, de volantes, de
columnas, de grupos, las pujas, los incidentes. Y hace no tanto tiempo,
los enfrentamientos violentos. El Primero de Mayo no es un día de idílica
armonía para que quede en las fotos, no puede serlo.
Este año, por ejemplo, en Estados
Unidos, habrá un Primero de Mayo diferente. Las organizaciones de
trabajadores inmigrantes organizarán actos masivos contra las leyes
discriminatorias, con la consigna "Ningún ser humano es
ilegal". Será el retorno de la lucha obrera al Primero de
Mayo.
Porque la recuperación del
carácter clasista del Primero de Mayo es la recuperación de la propia
identidad del movimiento obrero, la reivindicación de su propia condición
de movimiento de los explotados, que solamente se puede desarrollar en
confrontación con el orden capitalista, proponiendo la transformación
radical de la sociedad. El Primero de Mayo es también un día en que el
movimiento obrero rinde cuentas a la sociedad toda y pone a prueba su
programa y su capacidad propositiva.
Y confrontado con esto está siempre la tendencia
de subordinar las reivindicaciones obreras a la conciliación de clase,
el intento de secuestrar esa identidad clasista y disolverla. Un intento
que no solamente viene de afuera por las represiones y las prohibiciones,
las balas de la policía y las horcas de la
"justicia". También desde dentro de las filas
del movimiento obrero las claudicaciones, los renunciamientos, las
arriadas de las banderas históricas de la clase. No es necesario mirar muy
lejos.
Parsons,
Spies, Fischer, Engel,
Lingg. Pero también todos los demás, los nuestros, los de
antes, los de ahora. Hasta los muertos te quitarán si los
dejás.
Porque se acabó la
Historia
como dice el
Japonés
Pero queda la
memoria
y vos sabés lo que
hacés
(Mauricio Rosencof)
(Publicado en "Un lugar de lucha",
periódico del
Encuentro de Agrupaciones y Militantes
Sindicales Clasistas
)
Fragmentos de la proclama del PIT-CNT
Montevideo, 1 de mayo de 2006
(...) "Una vez más, como siempre,
los trabajadores de todo el mundo estamos conmemorando un nuevo primero de
mayo, de lucha y esperanzas en la construcción de un mundo mejor, por una
sociedad sin explotados ni explotadores.
Realizamos este acto
en un momento en que se revelan con mayor nitidez las contradicciones
internas del modo de producción capitalista, con su secuela de desempleo,
desrregulación, flexibilización laboral. Un mundo en el cual y pese a la
revolución científico técnica que posibilita la producción de una inmensa
masa de bienes y servicios, 100.000 personas mueren por día de hambre o
enfermedades prevenibles.
Esto ocurre no solo
en los países dependientes desde siempre saqueados por el capitalismo de
los países centrales, sino en los propios países imperialistas. En EEUU
existen 37 millones de pobres, ni Francia, con sus
sublevados inmigrantes sin destino, o Alemania o Italia o Inglaterra, por
nombrar a los principales países europeos, se salvan de tener crecientes y
amenazantes "terceros mundos" en su propio
seno.
Vaya pues en primera
instancia un saludo internacionalista a todos nuestros hermanos de clase,
que en diferentes circunstancias y condiciones luchan para que algún día
podamos vivir en una sociedad más justa, donde se haya eliminado la
explotación del hombre por el hombre.
Especialmente un
saludo a los trabajadores y a los estudiantes franceses que por millares
lucharon y vencieron los intentos neoliberales de las grandes
corporaciones de imponer los contratos laborales chatarra, esos que tanto
conocemos y sufrimos en estos años los uruguayos y pudieron vencer
demostrando al mundo entero que unidos la lucha tiene
recompensa.
También destacamos la
movilización que tienen lugar hoy en EEUU donde el 1 de mayo pretende ser
desfigurado en su contenido por el imperio, y que a pesar de eso, cientos
de miles de inmigrantes hispanos marchan hoy por sus calles reclamando por
sus derechos civiles. Vaya también nuestra solidaridad con los
trabajadores mineros mexicanos que enfrentan hoy una dura represión, que
cobró tres vidas obreras, con intento de militarización por parte del
gobierno de Presidente Fox. Asimismo extendemos nuestro
saludo a los trabajadores bolivianos y ecuatorianos que se están
movilizando contra la imposición de los TLC en sus respectivos países por
los EEUU.
Está abierto un
período histórico de agudización de la lucha de clases, de confrontaciones
entre los estados y de enfrentamientos económicos en el ámbito mundial, en
que la principal fuente de desestabilización planetaria es la agresividad
intrínseca del imperialismo norteamericano, que pretende proclamarse juez
y gendarme del mundo, cuya política llega hoy a extremos de poner en
riesgo la existencia misma de la humanidad. (...)
El proceso de cambios
que comenzó el 1 de marzo del año pasado, presenta elementos de avance que
incluyen a las grandes mayorías de nuestro pueblo y por lo tanto de
nuestro movimiento sindical, como ser: instalación de los Consejos de
Salarios, Ley de fuero sindical, instalación del Plan de Emergencia,
intento de reforma del Sistema de Salud, avances en la investigación sobre
los crímenes cometidos por la dictadura.
Asimismo señalamos
que existen contradicciones por parte del gobierno en la aplicación de su
actual política, con su programa promovido en la campaña electoral, que
terminan manifestándose en diferencias, en algunos casos notorias, con
nuestro movimiento sindical.
No hay posibilidades
de resolver la pobreza, la exclusión social, la inseguridad si no se
resuelve un proyecto económico y social sustentable que resuelva el
trabajo de todos los orientales.
El drama social de la
falta de trabajo es el principal de los problemas que tenemos, no hay
rutas de salida, ni integración social posible sin esta
premisa.
El Gobierno lanzó en
Salto la propuesta de país productivo; con un conjunto de ideas
compartibles pero para ser sinceros muy generales, no muy claros en su
desarrollo y contenidos, es decir, mucho marco y poco contenido en
concreto.
Si primero todos los
uruguayos no discutimos y acordamos algunas premisas básicas que permitan
orientar al mismo, no será sencillo sustentar y desarrollar el país
productivo.
Para nosotros lo
primero es el carácter participativo de cualquier proyecto; no
desconocemos el papel y la autoridad que el gobierno tiene, del respaldo
popular que posee.
A este respecto
pensamos que justamente es el gobierno quién no debe olvidar que es el
respaldo popular con que hoy cuenta lo que sustenta su autoridad y
legitimidad. Porque los destinos del país nos pertenecen a todos, a las
autoridades representativas pero también a las organizaciones sociales en
las cuales los uruguayos nos sentimos representados.
Y cuando decimos
participativo, lo decimos en todos los temas, incluso los compromisos
financieros que tiene el país o los temas presupuestarios.
(...)
Nosotros nos
preguntamos entonces si será posible desarrollar un proyecto económico de
país sin una fuerte inversión pública (como además ha sido característico
en la historia nuestra).
Una segunda pregunta
es si es posible una fuerte inversión pública sin discutir el carácter y
la forma de pago de la deuda externa que pagamos todos los días todos los
uruguayos; no estamos de acuerdo en haber adelantado los pagos al
FMI y no haber destinado ese dinero al trabajo productivo.
¿Por qué si la deuda la pagamos peso a peso todos los días y si
hacemos diariamente un enorme sacrificio para pagarla, no deberíamos saber
lo que estamos pagando, quién y cómo se contrajo la
deuda?
El gobierno no
consultó el año pasado antes de acordar con el FMI la forma de
pago.
El gobierno
debe auditar la deuda pública. Hay que saber que parte de esa
deuda fue contraída por la dictadura, y en esa auditoría debe participar
no solo el equipo de gobierno sino el conjunto del pueblo organizado,
consciente y movilizado, con nuestro movimiento sindical en medio de todo
ese proceso.
Sin duda la inversión
privada nacional y extranjera debemos incentivarla, pero sin inversión
pública importante es muy difícil desarrollar un país productivo.
(...)
Un país productivo
implica el desarrollo de cadenas productivas, de políticas agro
industriales, y también de la inserción regional y mundial del Uruguay y
sus productos.
Para ello en primera
instancia una integración regional a través de un MERCOSUR de pueblos y
gobiernos enfrentando el ALCA, los tratados bilaterales
de Inversiones y los tratados de Libre Comercio con
EEUU.
Con una verdadera
comunidad sudamericana de naciones, con la integración de Venezuela y de
Bolivia, con lazos de integración con la comunidad andina y el
fortalecimiento de los lazos de integración en curso en la región
centroamericana y caribeña sin la presencia de EEUU.
(...)
Un capítulo aparte
merece la aprobación de la Ley de Libertad Sindical y el proceso de
movilización del movimiento sindical, para su aprobación y su defensa.
Fruto de ello cerca de 100.000 nuevos afiliados a los
sindicatos se incorporan a la lucha en defensa de los intereses de los
trabajadores.
Las patronales
realizaron un operativo en acuerdo con dirigentes políticos de los
partidos tradicionales que pretendió hacer responsables de las luchas
obreras desarrolladas, a la supuesta intransigencia de los trabajadores y
así pretender achacarle a esta Ley dichos conflictos.
En realidad las
patronales y sus aliados están defendiendo sus intereses de clase y
pretenden mantener los niveles de explotación, flexibilización, represión
e impunidad con los que se manejaron con la complacencia de los gobiernos
de turno de los últimos 20 años y defender así sus tasas de ganancia y
acumulación de capital. En este tema el gobierno tuvo
contradicciones.
Señalamos que nuestro
movimiento sindical está dispuesto a discutir en su totalidad una Ley de
Negociación Colectiva y no la aceptación de un simple instrumento de
regulación de ocupaciones.
La ocupación, en
tanto una de las expresiones del Derecho de Huelga, forma parte
indisoluble del mismo. (...)
Por eso recorremos
primero el camino de la negociación. Y es así que quien concurra cualquier
día al MTSS constatará que se realizan decenas de instancias de
negociación solicitadas por los trabajadores y siempre las mismas tienen
como génesis la violación de nuestros derechos por parte de las
patronales: no se respetan los laudos acordados en los Consejos de
Salarios, siguen habiendo miles de trabajadores en negro, se hecha a
quienes organizan sindicatos, no se respetan las categorías acordadas, ni
siquiera las leyes nacionales más elementales y ni que hablar del derecho
de los trabajadores a ser tratados con respeto, como seres humanos y no
como bienes muebles. Basten los ejemplos de DANCOTEX, NAUSA, SUTMA, SOIMA,
GIOVANA, CINES, CAÑEROS, COPROGRAF, NUBARIAN, etc. (...)
Desde
1992 la Comisión Interamericana de DDHH recomendó a
Uruguay la remoción de la ley de caducidad por ser contraria al derecho
humano internacional y a los compromisos asumidos por nuestro
país.
Como lo han expresado
destacados juristas, el parlamento tiene las potestades para disponer la
anulación de aquellas leyes que contienen un vicio sustancial y material
de ir en contra de normas internacionales en materia de protección a
derechos humanos fundamentales.
El movimiento obrero
lanza junto a organizaciones de DDHH la Campaña Nacional por
la Anulación de la Ley de Caducidad, recorriendo cada rincón del
país. (...)
Sobre la reforma de
la Salud. Se hace impostergable la instrumentación de la misma por parte
del gobierno, con la participación directa de usuarios y trabajadores para
superar las carencias, inequidades e ineficiencias que dificultan o
directamente privan del acceso a la salud de miles de
uruguayos.
Para ello se necesita
dotar de recursos al sector público y al Hospital de Clínicas, se necesita
reorientar el gasto de salud en el país que hoy ronda en los 1.100
millones de dólares democratizando el acceso a la salud de la
población, abaratando sus costos para la misma, evitando nuevos cierres de
centros de salud, preservando puestos de trabajo, salarios y terminando
con el lucro y la mercantilización de la misma por sectores corporativos
empresariales que representan los intereses de la burguesía. Se impone sin
más demora y sin más dudas por parte del gobierno la discusión en el
parlamento para su posterior aprobación del Proyecto de Ley del Sistema
Nacional Integrado de Salud, con un Seguro Nacional de Salud que lo
financie. (...)
Es tiempo de
reparar las injusticias... de saldar deudas sociales... de aprobar el
proyecto de los trabajadores que lleva justicia a los compañeros que
pasaron por la cárcel, la clandestinidad o el exilio...; de aprobar el
proyecto de regulación del trabajo domestico..., de rebajar a 30 años de
servicio para acceder a la jubilación dejando de lado los actualmente
inhumanos 35..., de reformar el sistema de seguro de paro, de manera que
efectivamente cubra las necesidades de los trabajadores como ser el tiempo
que efectivamente se demora en obtener empleo. (...)
El PIT-CNT hace suyo
el reclamo de la APU, de iniciar un proceso de democratización de los
medios de comunicación, fortalecimiento de los medios estatales, nueva Ley
de Radiodifusión y normas claras para la entrega de frecuencias,
eliminación de los delitos de comunicación, (difamación e injurias,
desacato, entre otros), libre acceso a los documentos
públicos y archivo nacional, y la legalización de las radios
comunitarias.
El PIT-CNT junto a la
APU y otras organizaciones sociales, ratifican su postura de que el Poder
Ejecutivo le revoque los permisos administrados por la familia
Rupenián y sociedades comerciales conexas que formen un
grupo económico ligado a estos. El reciente procesamiento por parte de la
justicia penal de los hermanos Rupenián por defraudación
tributaria por 12 millones de dólares, indica que existe
semiplena prueba de que ambos incurrieron en esa figura, a través de
varias frecuencias de radios AM y FM, otorgadas por el Estado para su
correcta administración.
Este debe ser el
comienzo del fin de la impunidad que reinó en este país en el uso y abuso
del espectro radioeléctrico. (...)
Estamos convencidos
que el crecimiento de la economía debe ir acompañado de una distribución
más justa de la riqueza, para que ese crecimiento no se concentre en unos
pocos sino que contribuya al desarrollo de la sociedad y fundamentalmente
a los que menos tienen, creando trabajo y salarios dignos. Porque un tipo
de crecimiento vulnerable y excluyente no alcanza para resolver los
grandes dramas de nuestro pueblo, de lo que se trata es de impulsar con la
más amplia participación popular una estrategia de desarrollo productivo,
social y democrático.
A tales efectos
proponemos:
- El
desarrollo de una política de tierras, financiación, asistencia
técnica que permita repoblar nuestra campaña generando el acceso viable a
la tierra por parte de los productores pobres y los asalariados
rurales.
- Que se implemente
el sistema de compras públicas para que la capacidad de compra del Estado
se vincule a la creación de empresas y puestos de trabajo en nuestro
país.
- Que se instrumenten
ámbitos de negociación tripartitos en el Ministerio de Industria para
definir política industrial y cadenas productivas, generando un plan
concreto de creación de puestos de trabajo de calidad.
- Que se apruebe una
ley de estímulo a la recuperación de unidades productivas por
parte de los trabajadores, declarando a las empresas cerradas y a
la capacidad ociosa de producción de la República como de utilidad social.
Anunciamos el desarrollo junto a la Universidad de la República y UTU del
proyecto del Mapa del Uruguay Productivo, pensado para elaborar dicha
estrategia con la más amplia y democrática participación
popular.
- Reclamamos el
aumento inmediato del Salario Mínimo Nacional a $ 3000.
- Es imperioso e
impostergable la aprobación de la ley de Salud Reproductiva, desterrando
una hipocresía social, que ha cobrado tantas vidas de mujeres jóvenes
mayoritariamente pobres.
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Resolución
de la Asamblea de FUCVAM
En el marco de la
57ª Asamblea Extraordinaria de FUCVAM realizada entre el 13 y 14 de mayo
del 2006, el organismo soberano de nuestra Federación resuelve:
Que en virtud de
la preocupante toma de distancias del gobierno de su programa y de los
compromisos adquiridos con los sectores populares que fueron su soporte
material y simbólico, entendemos necesario convocar a las organizaciones
sociales, al movimiento sindical en su conjunto a cerrar filas, a superar
la fragmentación corporativa y la mera lucha economicista, para ensanchar
la plataforma recogiendo las mejores tradiciones de independencia política
y programática que levantó el histórico congreso del pueblo hace más de 40
años.
Consecuentemente,
convocamos al movimiento popular organizado (PIT-CNT, FEUU, ONAJPU) a
generar opinión, nuevas instancias de organización permanente y
movilización para resistir la eventual homologación de un tratado de libre
comercio TLC con el gobierno de los EEUU, de George Bush; el mayor
genocida de la humanidad, extremo que ejecutaría de manera vergonzosa los
restos de soberanía que fue hipotecada por mas de medio siglo con la
suscripción de sucesivas cartas de intención con el FMI; ensanchando la
brecha de asimetrías y quebrando las expectativas de avanzar, en una ya
por si difícil y necesaria integración regional.
De la misma
manera, ratificamos la decisión de anteriores asambleas oponiéndonos a la
proliferación de plantas de celulosa en nuestro territorio por ser parte
del modelo excluyente y depredador, su instalación en Zona Franca, exime a
las transnacionales de aportar 1200 millones de U$S anualmente,
equivalentes a un plan de vivienda que abatiría el déficit endémico de
viviendas, aumenta la precarización y la sub-capacitación del trabajo por
la ausencia de valor agregado y la alarmante redistribución latifundista
en beneficio de la siembra de eucaliptos que además del daño ambiental
emergente representa la transferencia de nuestro suelo, en más de un 60%,
en estos últimos 2 años a Sociedades Anónimas Financieras (SAFIS)
traduciéndose en una alarmante transferencia y extranjerización del suelo
en beneficio de las Transnacionales.
Paradójicamente,
el proyecto de reforma tributaria coloca al movimiento cooperativo en
peores condiciones que a las trasnacionales depredadoras, amenazando en el
mediano plazo la sobre vivencia de las propias cooperativas.
Tomamos distancia
de la campaña chauvinista y patriotera que plantea que el diferendo de la
celulosa es un problema de soberanía, cuando irónicamente, su instalación
se hace a expensas de recortes de soberanía cotidiana.
En tal sentido,
lejos de sentirnos convocados a la invitación a la ciudad de Fray Bentos
el 24 de mayo para participar de la reunión del Consejo de Ministros, al
igual que aquel 16 de abril del 2002 en ocasión de la concentración en el
Obelisco convocando por la olvidable concertación para el crecimiento;
queremos ser claros en que las articulaciones con el gobierno solo son
posibles cuando se construyen desde el debate y síntesis programática y no
desde adhesiones obsecuentes que comprometen la independencia política del
campo popular.
Finalmente,
convocamos a luchar por la anulación de la ley de impunidad, ulcera
abierta en nuestra sociedad que solo cicatrizará con juicio y castigo a
los culpables.
57ª Asamblea Nacional
Extraordinaria de FUCVAM
13 y 14 de mayo de
2006
www.fucvam.org.uy/
Uruguay debe terminar con la cultura de
impunidad
LA JUVENTUD -Hoy hay un
gobierno que siempre tuvo un discurso de protección a los DDHH y de
condena a quienes los violaron; y se esperaban acciones, decisiones
políticas para que los implicados fueran llevados ante la Justicia.
¿Existe ese compromiso en el gobierno progresista, sobre todo teniendo en
cuenta que no se avanza en la anulación de la ley de Caducidad?
CHARGOÑIA -Del punto de
vista de la protección de los Derechos Humanos hay que ser claros,, no se
puede actuar considerando estrategias de neutralización, de opiniones
contrarias de los militares por ejemplo. Eso no le sirve a la protección
de los Derechos Humanos. Con esto quiero decir que si bien hay algunos
aspectos favorables, notoriamente la localización de los restos de los
desaparecidos, si uno analiza lo que debe hacer el Estado, también en esa
materia está todo por hacer. Por ejemplo: El Estado uruguayo, el Poder
Ejecutivo, no tiene solamente la obligación de localizar restos humanos,
tiene la obligación de investigar y no es lo mismo. A mi entender esa
investigación está pendiente, porque la investigación supone explicar por
qué estaba Chaves Sosa donde lo encontraron, por qué
estaba Fernando Miranda donde lo encontraron. Y ese
"por qué" implica la individualización de los
responsables, situación que desde el Poder Ejecutivo sigue pendiente. No
lo hizo, por cierto que ninguna de las administraciones de
Sanguinetti, ninguna de la administración de
Lacalle, tampoco, la Comisión para la Paz -en la
administración de Batlle- que no individualizó ningún
responsable. Al punto que fue curioso porque algunos de los informes de la
Comisión para la Paz hablaban de la OCOA, utilizando la sigla, ni siquiera
desarrollaban, el Organismo de Coordinación de Operaciones
Antisubversivas.
LJ - ¿No tenían nombres? ¿No
había represores en el informe de la Comisión para la Paz?
CH -No, no los había. Había nombres de
las víctimas pero no de victimarios. Y en los informes del Poder Ejecutivo
actual, que básicamente consisten en haberle encomendado a los Comandantes
en Jefe que ampliaran el informe de la Comisión para la Paz, siguen sin
aparecer esos nombres. Cuando el entonces comandante Ángel
Bertolotti dice donde supuestamente está la tumba de
María Claudia García de Gelman -que no está- no aparecen
tampoco los nombres, la individualización de los responsables.
LJ -¿Es posible creer que esta
es una investigación administrativa?
CH -No. Sin individualización no hay
verdad histórica, no hay verdad material. No se conoce desde el trabajo
del Poder Ejecutivo lo que ocurrió en la época del terrorismo de Estado.
Entonces, en ese sentido está faltando. Pero en el otro Poder del Estado,
en el sentido del Poder Legislativo, también está faltando. Por ejemplo,
¿la Ley de Caducidad tiene que estar vigente? Los organismos
internacionales dicen que es incompatible con el Pacto de San José de
Costa Rica, entonces ¿qué tiene que hacer el legislador uruguayo?
Compatibilizar la legislación interna al derecho internacional de
protección de los Derechos Humanos y eso pasa por anular la ley de
caducidad.
LJ -Usted habla de anular,
pero hay voceros del gobierno que hablan de interpretar la Ley de
Caducidad. ¿Podría explicar la diferencia entre una y otra
opción?
-Desde el punto de vista práctico -lo
digo como abogado denunciante en causa de los derechos humanos- la
interpretación no me sirve absolutamente para nada, porque voy a tener en
algunos casos a un fiscal como Moller que se va a
afirmar en la noción de cosa juzgada, como lo ha hecho en el caso
Gelman. Necesitamos también desde el punto de vista
práctico, forense, que al sistema judicial le llegue el mensaje del Poder
Legislativo de que la Ley de Caducidad se reputa inválida y que no puede
ser aplicada. De lo contrario vamos a tener enormes dificultades.
LJ -Si se anula, ¿se
desecharían todos los juicios amparados por esa Ley de Caducidad?
CH -Lo que pasa es que el concepto
jurídico de anulación supone la desaparición del acto que se anula, el
acto legislativo en este caso. La Ley de Caducidad se entendería no válida
desde su origen, por lo tanto ese tipo de argumentaciones no serían
posibles de tener éxito. Que alguien lo pudiera presentar, bueno, sí;
siempre alguien puede presentar argumentos, desde los oficiales nazis que
iban contra el tribunal de Nüremberg sosteniendo que eran inválidos los
argumentos para su juzgamiento, hasta lo de Pinochet.
Siempre va a haber argumentos del otro lado. Pero, del lado de la
promoción de los derechos humanos más eficaz, tenemos que ver no solo las
formas más prácticas para llegar a un determinado resultado sino cuáles
son las formas más adecuadas y más ajustadas al derecho internacional de
los derechos humanos. Y ahí, la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos no le está diciendo al Estado uruguayo "interprete la Ley
de Caducidad". Le está diciendo que la vigencia de la Ley de
Caducidad es incompatible con el derecho de los familiares de acceder a la
justicia. No está diciendo interprétela de cierta manera, restringida.
Está diciendo sáquela del ordenamiento jurídico positivo, como se lo dice
al Estado uruguayo se lo dijo al Estado argentino que anuló las leyes de
Punto Final y de Obediencia Debida; y se lo dice a todos los Estados que
en los períodos post-autoritarios aprobaron leyes, como califica la
Comisión Interamericana, de autoamnistía, es decir, provocada por el
propio violador de los derechos humanos presionando para que el delito no
sea castigado.
Alcanza con una ley para anular la ley de
caducidad
En el
Frente Amplio "deben ser las bases las que movilicen a
sus dirigentes"
Oscar López Goldaracena
La Lucha Continúa -Algunos
respetados compañeros vinculados a la lucha por los Derechos Humanos
tienen posición contraria a impulsar un recurso jurídico de anulación de
la ley porque consideran que esto implica "dialogar con la ley",
es decir, aceptar su validez jurídica o siquiera su existencia como norma.
Hay incluso quienes consideran que fue un error presentar en su momento el
recurso de referéndum contra esa ley y que se debió solamente desconocerla
o proclamar su invalidez ética, ya que ese recurso reconoció la existencia
de la ley como tal y abrió el camino a su "sanción" por el cuerpo
electoral. El recurso de anulación ¿implica reconocer la ley?
Goldaracena
-Nunca se ha planteado esta
opinión en relación con la anulación. Creo que hay una confusión, ya que
sí se planteó cuando se discutía la ley interpretativa de la ley de
caducidad. Interpretar la ley de caducidad, como se propuso el año pasado,
sí implicaba, a mi criterio, validar políticamente la ley y reconocer su
eficacia y validez jurídica. Por el contrario, cuando proponemos anular la
ley (no interpretarla), no puede hablarse de ningún "diálogo
con la ley"; por el contrario, se le está declarando
expresamente como inexistente por ser jurídicamente nula. En materia
jurídica, cuando existe un acto "nulo" se
requiere igualmente declararlo "nulo"; para el
caso, el competente es el Parlamento-. En otro orden "la
invalidez ética" no tiene consecuencias jurídicas. La
anulación no implica reconocer la ley, sino todo lo
contrario.
LLC -Si bien haz dicho ya que
no es el momento de discutir los mecanismos concretos de anulación, ¿qué
opinión te merece la posibilidad de hacerlo por medio de una reforma
constitucional que incorpore a la Constitución las normas de Derecho
Internacional ya reconocidas, como por ejemplo está incluido en la
"Constitución Bolivariana" de Venezuela? ¿Podrías dar una opinión tanto
desde el punto de vista jurídico como político, y compararlo con otros
mecanismos?
-N o creo adecuado el mecanismo de reforma
constitucional para anular la ley de caducidad, ya que aunque incorporemos
los delitos de lesa humanidad en la Constitución (lo que hay está
planteado en nuestro proyecto de ley por la vía legal -proyecto
"Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y
Cooperación con la CPI") no solucionamos la impunidad que genera
la ley de caducidad. ¿Si se puede anular por ley, que necesidad hay de
reformar la Constitución? Ojo que esto no quiere decir que no sea
necesario reformar la Constitución por otros temas y estaría de acuerdo en
hacerlo por la vía de una Asamblea General Constituyente electa por el
pueblo. Pero no lo veo hoy, como un mecanismo efectivo para anular la
ley. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Alcanza con una ley
para anular la ley de caducidad. Estoy profundamento convencido
que el medio, ahora, es concientizar a la sociedad sobre el error ético,
político y jurídico que implicó la ley de caducidad al conocerse que
existieron supuestos que calificarían como crímenes contra la humanidad; y
sobre la necesidad de construir un modelo global de sociedad sobre los
derechos humanos. Primero la labor de concientización: debate interno en
lo social y en las bases políticas. Luego, serán los distintos sectores
políticos los que recogerán o no los resultados del debate. Ese será el
momento de la evaluación de instrumentos. En relación con nuestra fuerza
política, el Frente Amplio, deben ser las bases las que movilicen a sus
dirigentes. Hablar hoy de otras posibilidades, puede llegar a
confundir.
La
Justicia ordenó la captura de los militares
Gavazzo y Vázquez, Arab y el ex policía Medina
Fulminante operativo en todo el país: detienen a los ex
miembros de OCOA
La República
A pedido de la Justicia, Interpol
Uruguay lanzó anoche un vasto operativo en todo el país para detener a dos
militares retirados, un ex policía y un ex militar, acusados por el
secuestro y desaparición de la nuera del poeta Juan
Gelman, cuyo arresto preventivo fue solicitado desde
Argentina.
Al cierre de esta
edición, en el operativo en curso había sido detenido el ex militar
José Ricardo Arab. El ex oficial del Ejército, expulsado
por conducta deshonrosa, fue detenido por varios efectivos policiales en
el momento en que llegaba a su casa, según informó anoche Telemundo
12.
Canal 5, a su vez,
informó que el teniente coronel (r) José Nino Gavazzo
también había sido detenido, aunque este extremo no pudo ser
confirmado.
Además de
Gavazzo, el operativo incluye a los militares retirados
Gilberto Vázquez y el ex policía Ricardo
Medina, cuyos paraderos se procuraba establecer.
A última hora, el
senador Rafael Michelini aseguró a LA
REPUBLICA que Medina también había sido
capturado, además de Gavazzo y
Arab.
La jueza de turno la doctora Aída
Vera Barreto concedió cuatro de los siete arrestos preventivos
solicitados por Interpol Argentina a su similar de Uruguay, a raiz del
requerimiento efectuado en las últimas horas por la Justicia de ese país.
El pedido original incluía al fallecido ex comandante en jefe del Ejército
Julio Vadora y también a los militares Jorge
Silveira y Ernesto Rama. Sobre estos dos
últimos, la jueza entendió que no existía peligro de que no huirían del
país.
La petición desde la
República Argentina fue tramitado por el juez federal argentino
Guillermo Montenegro, que investiga la participación de
este grupo de uruguayos, ex miembros de la Organismo Coordinador de
Actividades Antisubversivas (OCOA), que también operó en Argentina, en el
crimen de la ciudadana argentina María Claudia García,
nuera del poeta Juan Gelman.
El Ministerio del Interior se encargó de
las detenciones de Arab y Medina, según
confirmó anoche una alta fuente policial. En tanto ayer, a las 17 horas,
la ministra de Defensa Azucena Berrutti ordenó al
comandante en jefe del Ejército teniente general Carlos
Díaz proceder a la detención inmediata de los militares. Según
supo LA REPUBLICA, Díaz se contactó a
última hora con Gavazzo y procuraba hacerlo también con
Vázquez, para imponerlo de la situación. Este último, se
encontraba en el interior del país. Las detenciones, a cargo del Ejército,
eran "inminentes".
El arresto, de carácter preventivo, se
complementará el lunes con el pedido formal de extradición, que efectuará
el lunes el embajador argentino, Hernán Patiño Mayer. El
juicio recaerá sobre el juez Gustavo Mirabal, quien ya
tramitara el pedido de extradición a Chile de los militares
Eduardo Radaelli, Tomás Casella y
Wellington Sarli, por el secuestro de Eugenio
Berríos. Además, se está a la espera de los recaudos que deben
llegar por la vía establecida (Autoridad Central del MEC), con miras a la
extradición de los mismos para ser juzgados en Argentina, por causa penal
a cargo del juez Canicoba Corral.
La solicitud cursada Interpol Uruguay se
adjunta al artículo 24 de la Ley 17.225, que ratifica el Tratado de
Extradición con la República Argentina y estipula condiciones. Una vez
detenidas las personas se les informa de su situación en presencia de los
abogados defensores quedando a la espera de la llegada de los recaudos
legales, documentos judiciales que envía la justicia argentina, vía la
oficina especializada del Ministerio de Educación y Cultura, que los
remite a la Suprema Corte de Justicia y esta a la sede penal que entiende
en la causa.
Antes de producirse los arrestos, el
ministro del Interior, José Díaz, dijo ayer que la
ciudadanía puede tener la seguridad que en el caso de las extradiciones de
militares y policías que solicita la Justicia argentina
"actuaremos conforme a derecho".
"Vamos a actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
La ciudadanía tiene que tener la seguridad de que vamos a actuar de
acuerdo a derecho, que es lo que corresponde en estos
casos", aseveró. "Esperemos que el exhorto de
extradición ingrese efectivamente a la Cancillería y allí el Poder
Ejecutivo actuará conforme a derecho", insistió. En relación
a si la cartera actuará en forma diferente al existir requerimiento sobre
un ex funcionario policial, como es el caso de Ricardo
Medina, Díaz dijo que "el policía es
un ciudadano uniformado, así que está en la misma situación de cualquier
persona y nosotros actuaremos en función de ese criterio".
El lunes será presentado el pedido de
extradición de militares uruguayos a Argentina vinculados a la
desaparición de la nuera de Gelman. Según confirmó a
LA REPUBLICA el embajador argentino en Uruguay
Hernán Patiño Meyer, el exhorto librado por el Juez
Federal Guillermo Montenegro, estará en sus manos el
domingo y el lunes será presentado sin falta ante la Cancillería uruguaya.
Con respecto al fiscal actuante, según lo dispone nuestro sistema legal,
el expediente corresponde al fiscal de turno al momento que se pone número
a la ficha. De modo que, atendiendo a dicha premisa, el Fiscal será
Fernández Dovat.
Compañeras, compañeros,
uruguayos de dondequiera que hayan ido a parar:
El Foro de frenteamplistas residentes en
Argentina se suma al torrente social que quiere garantizar
transformaciones profundas en nuestro país, por las que venimos luchando
desde hace cuarenta años. Nos inquieta advertir la falta de voluntad de
concretar dichas transformaciones en los siguientes puntos:
DERECHOS HUMANOS
La impunidad vigente en el Uruguay no
ha permitido resolver los daños a la sociedad que provocó la dictadura
cívico-militar. La impunidad frente a todos los crímenes, inclusive los
que aún hoy se siguen cometiendo, como la desaparición de personas, no
sólo constituye una agresión cotidiana a todas las víctimas y sus
familiares, sino que coloca a la democracia de rehén de los criminales
sueltos y sus protectores, dañando la institucionalidad, degradando la
justicia, convirtiendo en palabras huecas, falsas, la pretendida legalidad
y seguridad jurídica.
La impunidad es un instrumento de
control y opresión hacia la sociedad. Es la herramienta preventiva del
poder económico, político y cultural dominante en las últimas décadas. Su
vigencia tiene como objetivo mantener amenazada a la sociedad, a las
organizaciones populares de todo tipo, y evitar su movilización.
La impunidad vigente corre todo el
escenario político hacia la derecha. Obtura horizontes, restringe la
búsqueda de salidas, reduce la democracia a una formalidad, suprime la
libertad.
La impunidad está sostenida por una
amplia coalición política y social de complicidades. Desde este Foro,
hemos decidido sumarnos a quienes, en nuestro país, han comenzado a
organizarse para terminar con la Ley de Caducidad de la Pretención
Punitiva del Estado. Llamamos a la movilización, a la participación activa
para derrotar a la impunidad en la sociedad y en el Estado.
INTEGRACIÓN REGIONAL O SOMETIMIENTO AL
IMPERIALISMO
El Foro de frenteamplistas residentes
en Argentina reafirma el compromiso histórico de nuestra fuerza política
en el sentido de implementar medidas político-económicas que favorezcan a
las grandes mayorías, que prioricen la distribución de la riqueza, que
profundicen en la búsqueda de caminos originales para aprovechar las
ventajas de un país lleno de praderas, de corrientes de agua, de una
población con buen nivel educativo y una red de infraestructura
comunicacional y de servicios. Es el momento de distribuir las tierras
improductivas entre aquellos que necesitan trabajarlas. Es el momento de
privilegiar la inversión interna con nuestros recursos, en lugar de
desviarlos al pago de una deuda en gran parte ilegítima y usurera (FMI,
Banco Mundial, BID, etc).
El MERCOSUR desde sus orígenes,
auspiciado por los Collor de Mello, Menem, Lacalle y Andrés Rodríguez, de
ninguna manera podía representar el proyecto de una América Latina
independiente de los designios imperiales. Por el contrario junto a todas
las fuerzas políticas y sociales de carácter popular de la región,
impulsamos la integración latinoamericana asentada en la solidaridad, la
amistad y la igualdad entre los pueblos, para lo cual las clases
dominantes resultan un obstáculo insalvable.
Que sea una herramienta efectiva para
mejorar las condiciones de vida de las mayorías, antes que una alianza
para negocios de las grandes empresas.
El bloque regional abre el camino
para potenciarnos e insertarnos en mejores términos en la puja con los
bloques dominantes. No concebimos abandonar el MERCOSUR por derecha, con
una política que torpedea la integración regional y privilegia la relación
con Estados Unidos (Tratado Bilateral de Inversiones, Tratado de Libre
Comercio o "como se lo quiera llamar"). Que esta potencia imperialista sea
el coyuntural mejor comprador de carnes no es una excusa válida para
romper el bloque regional. Uruguay tiene perspectivas en una integración
regional que deberemos conquistar con las grandes mayorías, con un
contenido social.
Estados Unidos tiene interés en
cerrar acuerdos con Uruguay, no tanto por intereses económicos sino
fundamentalmente para acentuar el carácter de "Estado tapón" que nos
adjudicó la diplomacia inglesa en nuestros orígenes como estado.
No aceptamos convertirnos en la cuña
imperialista en la región. Rechazamos la política derechista de promover
el enfrentamiento entre pueblos y estados que tenemos los mismos
intereses.
MODELO FORESTAL Y PASTERAS
Cuestionamos la implementación y
continuidad del modelo forestal. Continuamos, como lo hizo nuestra fuerza
política, rechazando la Ley de zonas francas, el tratado bilateral de
inversiones con Finlandia y la instalación de las plantas de celulosa, la
exención tributaria a la actividad forestal, la conversión de praderas y
las mejores tierras en monocultivos de eucaliptos, la venta de tierras a
sociedades anónimas, la extranjerización y concentración de la tierra.
Rechazamos este modelo impuesto por el Banco Mundial y aceptado por las
clases dirigentes del país para aprovecharse una vez más de las exenciones
impositivas y hacer negocios para una minoría de amigos del poder, de
Sanguinetti, Lacalle, Batlle, que son los que impulsaron la instalación de
las pasteras y que "casualmente" son dueños de los cultivos de eucaliptos,
comprometiéndonos por más de 50 años con un modelo económico depredador de
nuestros recursos naturales y seguramente de nuestro medio ambiente, de
exacción de riquezas y de concentración y extranjerización del poder
político-económico, de la toma de decisiones.
El modelo forestal requiere un debate
nacional.
Para demostrar con la participación
del pueblo que no podemos abrazar una política de depredación y
sometimiento.
Apoyaremos con todas nuestras fuerzas
a los compañeros que con gran esfuerzo y sacrificio impulsan cambios desde
diferentes estamentos en el Estado y las intendencias, a todas las
políticas nacionales que van en el sentido de nuestro programa.
Nos oponemos a todas las desviaciones
del programa de nuestra fuerza política aprobado en congresos democráticos
y a todas las políticas que contradicen los compromisos pre-electorales y
la línea histórica del Frente Amplio.
Asimismo, el foro se suma a todos los
que luchan por hacer cumplir el plebiscito de reforma constitucional sobre
el agua, negado en forma arbitraria por un decreto presidencial.
Compañeras y compañeros: la
participación activa, la movilización permanente y en todos los ámbitos,
es condición indispensable para garantizar las transformaciones políticas,
económicas, sociales y culturales que son parte de una misma lucha global
por cambiar la sociedad en el largo camino de conquistar una más justa,
más igualitaria, más libre. No regalemos la construcción política de
cuarenta años, basada en la militancia y la lucha de miles y cientos de
miles de anónimos luchadores.
Foro de Frenteamplistas residentes en
Argentina
Internacionales - Bolivia
ENERGÍA: Morales pisa fuerte
Franz
Chávez
Los bolivianos se
miraban aún sorprendidos este martes al observar en las fachadas de las
gasolineras de la firma brasileña Petrobras un gran
letrero con la palabra "Nacionalizada", junto al
emblema de la casi extinguida empresa estatal YPFB.
Para completar el
cuadro, debajo de los carteles, que también indican que los expendios son
ahora "propiedad de los bolivianos", los
automovilistas se encontraron al ingresar con el ceño fruncido y la mirada
de desconfianza de soldados empuñando fusiles de guerra y en traje de
combate.
Son los signos
visibles del proceso de nacionalización de los hidrocarburos que el
presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, le dio
señal de largada en la víspera con el anuncio del decreto correspondiente,
como un "regalo por el Día Internacional de los
Trabajadores".
Petrobras es el emblema de la incidencia extranjera en el
principal recurso natural de Bolivia, donde invirtió 1.500
millones de dólares y es la única firma con fuerte participación
en toda la cadena productiva de petróleo y gas natural, desde la
exploración a la refinación, el transporte y la comercialización, con
64 gasolineras en las principales ciudades.
Además, el
gasoducto construido y controlado por empresas de
Petrobras permite llevar a Brasil 27 millones de
metros cúbicos de gas natural por día, 67 por
ciento del consumo de ese país y, por tanto, asunto central en
las relaciones bilaterales.
Por eso la reacción
desde Brasil no se hizo esperar. Un portavoz del Ministerio de Minas y
Energía de Brasil calificó de "gesto no amistoso, que puede
ser entendido como una ruptura de los entendimientos que venían siendo
mantenidos con Bolivia".
Además de la
declaración de Brasilia solo se ha conocido hasta ahora en La Paz un
comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España, en defensa de la firma Repsol-YPF, que
aparece entre las principales operadoras en el sector de hidrocarburos
junto a las británicas British Gas y British
Petroleum y la francesa Total.
El texto señala
"la más profunda preocupación de la administración del
presidente José Luis Rodríguez Zapatero y expresa la esperanza de
que el gobierno boliviano abra un proceso de auténtica negociación y
diálogo donde se respeten los intereses de unos y otros".
El primer artículo
del decreto 28701, dado a conocer el lunes por
Morales, da cuenta de la recuperación del petróleo, gas
natural y derivados para el Estado boliviano y convierte a las firmas
transnacionales en operadoras transitorias de los procesos de producción,
transportes, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e
industrialización de este sector energético.
La resolución
indica que YPFB deberá en el futuro recibir la producción
de hidrocarburos, dirigirá la comercialización y fijará volúmenes de
industrialización y los precios para el mercado interno y la exportación.
Bolivia posee la
segunda mayor reserva de gas natural de América del Sur, después de
Venezuela, con 53 trillones de pies cúbicos, cuyo valor
estimado es de 100.000 millones de dólares. Sus ingresos
anuales por impuestos fueron en la gestión 2005 de
250 millones de dólares.
A pesar de ello, la
economía boliviana es deficitaria en unos 400 millones de
dólares, que son cubiertos con donaciones y créditos externos.
Según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de
Estadísticas, la pobreza alcanza a 67,3 por ciento de los
9,2 millones de habitantes.
La nacionalización
de los hidrocarburos fue anunciada por Morales en el
sureño campo petrolero de San Alberto, cercano a la
población de Yacuiba, en la zona fronteriza con
Argentina, hasta donde llegó tras un viaje de 1.200 kilómetros a bordo de
una aeronave militar Hércules y acompañado de varios de sus ministros.
Tras el anuncio, un
militar se encargó de colocar una bandera boliviana en lo alto de las
instalaciones de este centro de producción, el más importante del país y
hasta la víspera bajo control de Petrobras, mientras que
batallones de ingeniería del ejército tomaban posesión de los demás campos
petroleros, lugares de distribución, gasoductos y las estaciones de
servicio.
Esta medida marca
el comienzo de la reversión del proceso privatizador lanzado en
1996, dijo Morales en la noche del lunes
ante una multitud frente a la sede de gobierno, tras un agitado día en que
recorrió unos 2.500 kilómetros entre La Paz, Yacuiba, la región central y
tropical de Carrasco (Cochabamba) y La Paz, en actos simbólicos de toma de
posesión de campos de producción.
"Llegó
la hora de acabar con los subastadores y llegó la hora de recuperar los
recursos naturales. Hoy nacionalizamos los hidrocarburos, 10 años después
de la capitalización (privatización)", dijo el mandatario,
el primero de origen indígena en ser elegido en la historia de Bolivia.
La legislación en
materia de hidrocarburos aprobada en la primera presidencia de
Gonzalo Sánchez de Lozada
(1993-1997 y
2002-2003) dejó en propiedad del Estado
el petróleo solo en las profundidades de los pozos y tras su extracción
pasaba a poder de las firmas transnacionales que reemplazaron a la estatal
YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos).
Desde
1996 y hasta el año pasado, las empresas privadas pagaron
un impuesto de 18 por ciento, pero tras la realización
del referéndum del 18 de julio de 2004, que aprobó por
mayoría la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, los
movimientos sociales lograron tras presionar al Congreso legislativo que
ese porcentaje aumentara hasta el 50 por ciento.
"Es una
nacionalización irresponsable", sostuvo Samuel Doria
Medina, líder de la centroizquierdista Unión Nacional y ex
ministro de Planificación del gobierno Jaime Paz Zamora
(1989-1993), tras conocer la decisión en
un día feriado por la conmemoración del Día Internacional de los
Trabajadores.
Dora
Medina entiende que la decisión fue tomada por razones políticas,
tras la caída de la popularidad del presidente Morales de
80 a 63 por ciento de los consultados,
según datos de un diario local. Añadió que el decreto adolece de claridad
y coherencia, dejando muchas interrogantes en un ambiente de excesivo
show.
La nacionalización
iniciada el lunes es la tercera que se adopta en Bolivia. La primera fue
dictada en 1937 por el gobierno nacionalista del general
David Toro, quien anuló las concesiones petroleras y
ordenó la entrega de los bienes de la firma estadounidense
Standard Oil al Estado a cambio de una indemnización de
1,7 millones de dólares.
En
1969, el gobierno del general Alfredo Ovando
Candia (1969-1970) nacionalizó
los bienes y concesiones de la también estadounidense Gulf Oil
Company, bajo el impulso del líder socialista y entonces ministro
de hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien el
17 de julio de 1980 fue asesinado por la dictadura de
Luis García Meza.
Desde el central
departamento de Cochabamba, el dirigente de los cultivadores de hoja de
coca y consejero departamental, David Herrera, aplaudió
la medida y la reivindicó como una iniciativa de los sectores empobrecidos
y pueblos originarios. "Bolivia
sufre de pobreza y sumisión al capital extranjero. Es momento de que los
beneficios lleguen a todos y no sólo a los empresarios",
declaró.
El decreto de
Morales llegó con una sentencia: las empresas petroleras
deben adecuarse a las nuevas condiciones en un plazo de 180
días y la negativa a someterse a los requisitos legales y
constitucionales determinará que "no podrán seguir operando en
el país".
"Algunas empresas petroleras dijeron que no invertirían, y las
que no desean invertir que se vayan. Si quieren continuar, deben
subordinarse a la voluntad del pueblo boliviano, las leyes y el decreto de
nacionalización. Bienvenidos a ellos", puntualizó
Morales en su discurso de anoche. Hasta ahora no se mencionó la posibilidad de otorgar
compensaciones económicas a las empresas extranjeras.
Desde la
privatización de la industria petrolera, las inversiones suman unos
3.500 millones de dólares. El presidente Carlos
Mesa (2003-2005) se resistió a
nacionalizar el sector porque estimaba una compensación de unos
8.000 millones de dólares, apenas unos 800
millones de dólares menos que el producto interno bruto del país.
Bajo el decreto de
nacionalización, los grandes campos de producción que el año pasado
registraron una producción de 100 millones de pies cúbicos por día o más,
pagarán el Estado 82 por ciento del valor de la
producción. Los pozos de menor capacidad a ese techo continuarán bajo la
legislación vigente hasta el lunes.
Además, la
petrolera YPFB será la nueva empresa asociada a las
transnacionales al tomar el control de las acciones pertenecientes a los
ciudadanos bolivianos y administradas actualmente por fondos privados de
pensiones. En el decreto no existen expropiaciones.
La falta de dinero
para invertir de YPFB, la ausencia de un plan que genere empleo y las
difíciles relaciones con Brasil, el principal comprador, tras las medidas
que afectan a Petrobras, representan un conjunto de problemas inmediatos,
a juicio de Doria Medina.
En tanto,
Herrera informó de la decisión de las bases sindicales de
movilizarse ante un llamado del presidente Morales frente
al permanente temor de una conspiración o sabotaje de las empresas
petroleras extranjeras.
Internacionales - Bolivia
(II)
Soliz: Repsol no puede anotar reservas que no tengan
contrato
El
ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada,
afirmó hoy que la empresa hispano-argentina Repsol YPF no
puede anotar las reservas bolivianas de gas en las bolsas de valores si no
tiene contrato de venta del energético. Soliz hizo esa declaración a una
cadena de televisión para responder a otra realizada por el ministro
español de Industria, José Montilla, en la que este opinó
que la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos 'afecta
a la credibilidad internacional de Bolivia como receptor de inversiones
extranjeras'. 'Bolivia necesita inversión extranjera y,
por eso, estoy seguro que se acabará encontrando una solución que pueda
ser satisfactoria y que trate conciliar los intereses legítimos de Bolivia
y los intereses de un inversor como Repsol', dijo
Montilla en una declaración difundida en los medios de
comunicación bolivianos.
Soliz
dijo que podía responder a su colega español con una 'llamada de
atención'. 'Amigo
ministro español, lo que le puedo decir es que ustedes (Repsol) ya no
pueden anotar las reservas que tenemos en gas y petróleo en la Bolsa de
Nueva York como si fueran suyas', dijo Soliz.
Agregó que, de ahora en adelante,
todos los contratos que se firmen en Bolivia dirán que las reservas son
bolivianas y que las empresas solo podrán anotar en las bolsas de valores
la parte que corresponde a un contrato y un mercado seguro. 'Se han estado anotado, por parte de
Repsol, Total, Petrobras, British Gas un montón de reservas que elevaban
el valor de sus acciones a costa de las reservas bolivianas. Eso no va
más', puntualizó Soliz.
Internacionales - Bolivia
(III)
Bruselas lamenta que Morales no consultase previamente sobre
decreto
La Comisión Europea
lamentó hoy que el presidente de Bolivia, Evo Morales,
haya decidido nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos sin un proceso
de consulta y discusión previo.
Morales firmó el lunes un decreto que impone a las
petroleras extranjeras la entrega de toda su producción en Bolivia, la
cesión del poder de gestión a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y el pago un nuevo impuesto directo del
32 por ciento para aquellas empresas que posean las dos
reservas más grandes de gas natural en el país andino.
Según el decreto,
las compañías petroleras extranjeras tienen seis meses para aceptar el
nuevo contrato o levantar sus inversiones y abandonar el país.
Desde Bruselas, el
portavoz de la Comisión Europea, Yohannes Laitenberger,
dijo que el Gobierno comunitario 'ha tomado nota con
preocupación' y, aunque reconoció que sabían que
Morales iba a aumentar el papel del Estado en el sector
de los hidrocarburos, tenían la 'esperanza' de que antes
de decidir nada hubiese 'un proceso de consulta y
discusión'.
Por ahora Bruselas
no prevé que la decisión de Morales repercuta en el
suministro a la Unión Europea (UE), ya que sus estados miembros solo
importan una 'insignificante' cantidad de petróleo
boliviano y nada de gas, pero sí reconoce que 'puede tener un
impacto negativo en los mercados', actualmente sometidos a
fuertes tensiones de precios, según el portavoz de Energía de la CE,
Ferrán Tarradellas.
Para el alto
representante para la Política Exterior de la UE, Javier
Solana, la decisión no beneficiará a Bolivia ni a su desarrollo
político y económico, ya que la seguridad jurídica es
'fundamental' para que las empresas extranjeras se animen
a invertir en el país andino.
Así las cosas, un
portavoz de la única empresa española afectada, la petrolera Repsol YPF,
dijo que todavía es pronto para analizar las consecuencias de la decisión
del Gobierno boliviano.
Sin embargo,
subrayaron que siempre estarán 'dispuestos a negociar'
los contratos de explotación de crudo y gas, que actualmente suponen el
2,5 por ciento de los beneficios de la compañía y cerca
del uno por ciento del resultado de sus
operaciones.
La vicepresidenta
primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la
Vega, anunció que el Ejecutivo se reunirá 'en los
próximos días' con representantes de las empresas españolas que
operan en Bolivia para analizar la situación, que, según el ministro de
Industria, José Montilla, 'no es una buena
noticia'.
De momento, el
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos,
ha convocado al encargado de Negocios de la embajada de Bolivia en España,
Alvaro Pozo, para manifestarle 'su más profunda
preocupación' por la decisión y las consecuencias que esta puede
tener en las relaciones bilaterales.
Al igual que Repsol
YPF, las compañías europeas que operan en Bolivia, como la británica BP o
la francesa TotalFinalElf, fueron cautas y mostraron su disposición a
negociar con el Gobierno boliviano.
Portavoces de BP
dijeron a EFE que la empresa tiene 'poca presencia' en
Bolivia, pero esperan que el Gobierno de ese país concrete los detalles de
su propuesta para renegociar los contratos.
Desde Francia,
tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como la petrolera TotalFinalElf,
que solo tiene dos pozos en Bolivia bajo explotación de la brasileña
Petrobras, anunciaron que examinarán las consecuencias de la medida
adoptada por Morales.
La decisión del
presidente de Bolivia también tuvo su reflejo en la Bolsa de Madrid, donde
las acciones de Repsol YPF perdieron hoy un 0,63 por ciento, al cierre de
la bolsa. Al término de la jornada, los títulos
de la petrolera hispano-argentina se colocaron en 23,53 euros, 15 céntimos
menos que el pasado viernes. Pese a una caída
inicial por encima del 3 por ciento, las acciones de la petrolera
hispano-argentina se fueron recuperando a lo largo de la sesión hasta
perder un 0,63 por ciento al cierre y conformaron así lo expresado por
varios analistas, que aseguraron que el problema de Repsol YPF en Bolivia
estaba casi descontado.
El vicepresidente
de Bolivia, Alvaro García Linera, consideró
'alentador' que la nacionalización del gas y el petróleo
no haya repercutido aún más en los mercados de valores españoles.
Recibimos y
publicamos
Análisis del decreto de
"nacionalización" de los hidrocarburos en Bolivia
Mauricio
E. Ochoa Urioste
La
primera hipótesis es que Evo pretende con esta norma
jurídica –y toda la parafernalia de discursos, vítores y aplausos-
presionar a las empresas petroleras para mejorar las rentas petroleras. La
segunda hipótesis es que desea desquitarse de manera burda de una de sus
principales promesas electorales para preservar su todavía elevada
popularidad en vísperas a la Asamblea Constituyente.
La
prensa boliviana e internacional informa que el gobierno boliviano
nacionalizó los hidrocarburos. żEl Decreto Supremo 28701
- D.S. 28701 – promulgado por el Presidente Evo Morales
nacionaliza verdaderamente la industria petrolera en Bolivia?
El
jurista Eduardo Novoa Monreal, define la nacionalización
como "un acto gubernativo de alto nivel destinado a un mejor
manejo de la economía nacional o su reestructuración, por el cual la
propiedad privada sobre empresas de importancia es transformada, de manera
general e impersonal, en propiedad colectiva y queda en el dominio del
Estado… La nacionalización permite alcanzar por su propio efecto y
mediante un solo acto integral los complejos procesos y resultados
necesarios para que un área de la actividad económica nacional, en actual
explotación por empresarios particulares: a) quede sustraída a la
posibilidad jurídica de ser realizada por particulares; b) pasen en
dominio al Estado los bienes y elementos con que los empresarios privados
la llevaban a cabo anteriormente; y c) corresponda al Estado la futura
explotación de ella".
En
primer lugar, el D.S. 28701 se inscribe - tal como
anunció el Presidente de la República y el Ministro de Hidrocarburos y
Energía – dentro del denominado "proceso de
nacionalización". Sin embargo, la nacionalización es un solo
acto integral, por lo que no es posible un proceso de nacionalización, es
decir una nacionalización llevada por etapas. En efecto, la naturaleza de
la nacionalización se diferencia de la expropiación, el monopolio estatal
y otras formas de participación del Estado en la economía, en que se trata
de un solo acto integral que abarca todos los procesos necesarios para
convertir la propiedad privada de las empresas en propiedad colectiva de
dominio del Estado. Por esta razón, es impropio hablar de un
"proceso de nacionalización".
En
segundo lugar, el D.S. 28701 no imposibilita a los
empresarios particulares la explotación de los hidrocarburos; sino, por el
contrario, mantiene vigente la posibilidad que estos realicen todas las
actividades de la cadena productiva, ya sea individualmente o por medio de
convenios de asociación con el Estado boliviano.
En
tercer lugar, mediante la indicada norma jurídica no pasan al dominio del
Estado los bienes de las empresas petroleras que operan en el país -
plantas, maquinarias y otros activos -. A pesar de que se infiere del art.
7 num. II que YPFB controlaría el 50% más 1 de las
acciones de las empresas capitalizadas, las demás acciones de las empresas
petroleras quedarían vigentes, así como sus bienes.
Por estas tres razones, la llamada nacionalización de los hidrocarburos en
Bolivia no es tal. Además, el texto del D.S. 28701
presenta una cantidad considerable de imprecisiones jurídicas y
ambigüedades:
El
art. 1 indica que se "nacionalizan los recursos naturales
hidrocarburíferos del país". Cualquier nacionalización
afectaría a la industria del sector que explota un recurso natural, pero
no así a los recursos naturales que son, constitucionalmente, de dominio
inalienable e imprescriptible del Estado.
El
art. 7 num. II prescribe que "se nacionalizan las acciones
necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas
Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación
S.A. y Compańía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A".
A simple vista podría pensarse que YPFB sería, bajo la nueva norma
jurídica, propietaria del 50% más 1 de las acciones de las empresas
capitalizadas. Sin embargo, esto no es muy claro: el texto refiere al
"control" de las acciones y no así la
titularidad o la propiedad del 50% más 1 de las acciones. Tampoco queda
claro si el Estado debería o no indemnizar a las empresas capitalizadas.
El
art. 4 indica que para ciertos campos se crea una participación adicional
de 32% para YPFB, con lo que el Estado incrementaría su
renta petrolera hasta alcanzar un 82% del valor de la
producción. Esta nueva participación adicional es un tributo: son tributos
las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de
imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de
sus fines (art. 9 Código Tributario). Según el art. 6 del Código
Tributario, en concordancia con la Constitución boliviana, solo la ley –
entiéndase la ley aprobada por el Poder Legislativo - puede crear,
modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación
tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo
de la misma; y designar al sujeto pasivo. Por lo tanto la creación de este
nuevo tributo mediante decreto supremo es completamente ilegal.
Pero las mayores ambigüedades e imprecisiones de este decreto se presentan
en el art. 3 y en el art. 9. El art. 3 otorga un plazo de 180 días a las
empresas petroleras para suscribir nuevos contratos; caso contrario
instruye al Ministerio de Hidrocarburos y Energía a tomar a su cargo la
operación de los campos. El art. 9 indica que se mantienen vigentes los
reglamentos y normas vigentes hasta que sean modificados de acuerdo a ley.
Esto significa que la plena vigencia del decreto promulgado por el
Presidente Evo Morales está subordinado a la suscripción
de nuevos contratos con las empresas petroleras. Ahora bien, según el art.
450 del código civil boliviano "hay contrato cuando dos o más
personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre
sí una relación jurídica". Uno de los requisitos para la
formación de los contratos es el consentimiento de las partes. Según el
art. 473 de la norma civil sustantiva "no es válido el
consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo".
En otras palabras, el Estado y las empresas petroleras, al momento de
suscribir nuevos contratos, pueden introducir los términos que vean
convenientes, pero en ningún caso pueden ser obligados a firmar contratos
que sean lesivos a sus intereses, porque ello sería causal de anulación de
los mismos.
El
art. 3 y el art. 9 no definen en qué condiciones se llevaría a cabo esta
toma de control de los campos en caso de que el Estado y las empresas
petroleras no llegasen a un acuerdo para la suscripción de los nuevos
contratos. żSerían los campos petroleros ocupados por la fuerza pública?,
żCuál sería la situación laboral de los trabajadores de estas empresas?.
En el régimen jurídico actual los campos petrolíferos son de propiedad de
las empresas petroleras, por lo que el Estado solo podría tomar a su cargo
la operación de los campos si existe una norma jurídica que regule la
nacionalización de la industria petrolera, o la expropiación de las
empresas petroleras.
żCuál fue el verdadero motivo del Presidente Evo Morales
para promulgar este decreto supremo que no nacionaliza los hidrocarburos y
subordina la participación del Estado en este sector de la economía a la
suscripción de nuevos contratos?. La primera hipótesis es que el
Presidente pretende con esta norma jurídica – y toda la parafernalia de
discursos, vítores y aplausos - presionar a las empresas petroleras para
mejorar las rentas petroleras. La segunda hipótesis es que desea
desquitarse de manera burda de una de sus principales promesas electorales
para preservar su todavía elevada popularidad en vísperas a la Asamblea
Constituyente.
En
ciento ochenta días –o antes- lo sabremos. Por el momento, la
nacionalización de la industria petrolera ha sido desechada por el nuevo
gobierno.
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Bolivia:
Bolivia se integra al ALBA. Rebelión.
En audio: Bolivia: el Proyecto del Gasoducto del Sur con empresas
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Eduardo Galeano: la literatura debe denunciar la
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Asia, América y la superpotencia
reinante. Noam
Chomsky
Iraq: Tres años de infamia. El Incorfomista Digital
Destacamos:
Pasado, presente y futuro de China: ¿De semicolonia a
potencia mundial? James
Petras El consenso general es que China está surgiendo como la
próxima gran superpotencia económica. A pesar de la creciente consciencia
de graves problemas ecológicos y del reconocimiento ocasional de las
crecientes desigualdades sociales, muchos escritores prevén que China (y
últimamente India) serán las próximas potencias mundiales, desafiando y
superando a Japón, Europa y Estados Unidos. Este ensayo plantea serias cuestiones metodológicas,
conceptuales, históricas y empíricas acerca de la noción de China como
próxima superpotencia mundial.
Las forestaciones
con eucaliptos disminuyen el agua en la región Entrevista al Ing. Agr. José Paruelo,
Magíster en Recursos Naturales y Doctor en Filosofía. "Para maximizar la
producción de este bien (madera, pasta de celulosa) el ecosistema se
transforma, se modifica su estructura y su funcionamiento y, como
consecuencia, disminuye su capacidad de proveer otros servicios y
bienes."
Buzón de los
lectores
Gracias a todos por sus aportes, los iremos
publicando en sucesivos números
1-
"Objetos prohibidos" Autor: Eduardo Galeano. Asunto: en toda América
Latina, los filántropos del Fondo Monetario y del Banco Mundial han
multiplicado las exportaciones de carne humana.
2-
"El Mundo de hoy" Autor: Jorge Gómez Barata. Asunto: el choque de
civilizaciones existe: Estados Unidos contra todos.
3- "De hecho, la resistencia es la que controla
Irak" Autor: Robert Fisk.
Aporte de Michel Collon. Asunto: Fisk es corresponsal extranjero en Medio
Oriente desde 1976. En un libro de reciente publicación retrata la
verdadera situación en Bagdad y las principales ciudades irakíes. Collon
nos envía una selección ilustrativa de algunos pasajes de dicho libro.
4- "El Gran Manipulador" Autor: Fernando Paolella y Christian Sánz.
Asunto: emulando algunas técnicas de manipulación y propaganda de Goebbels
varios medios argentinos desfiguran la realidad y desvian la atención
sobre los verdaderos responsables de la situación económica y social.
5- "El hipócrita Eugenio Pacelli" Autor: John Cornwell. Asunto: Eugenio Pacelli
que pasó a la historia como el Papa Pio XII estuvo implicado en el
exterminio de los judíos practicado por el régimen nazi durante la Segunda
Guerra Mundial. El investigador Cornwell ha publicado un reciente trabajo
en los EEUU titulado: " El Papa de Hitler: la historia secreta de Pio XII"
donde devela el verdadero carácter de este siniestro personaje que hoy el
Vaticano pretende canonizar.
6- "La metamorfosis del MPP" Autor: José Luis Vázquez. Asunto: la
transformación de la principal fuerza política del Frente Amplio en
Uruguay ha llevado a que los otrora guerrilleros más radicales hoy se
planteen una suerte de colaboración activa con los militares y el
imperialismo.
8- "Evo y los recursos naturales" Autor: Marcel Claude. Asunto: resumen de la
visión política del presidente de Bolivia respecto al manejo de los
recursos naturales.
9- "Primero, recuperar el petróleo" Autor: Fernando "Pino" Solanas. Asunto: la
crisis energética en ciernes en Argentina hace inexplicable la decisión
del presidente Kirchner de cancelar sus adeudos con el FMI sin antes
potenciar la inversión en la industria extractiva del petróleo.
11- "Los Estados Unidos torturan... desde hace
décadas" Autor: Naomí Klein.
Asunto: el hecho más sobresaliente de los últimos tiempos es el
reconocimiento público y oficial de torturas en la lucha contra el
terrorismo como algo necesario y normal en la administración Bush.
13- "¡No a
las plantas de celulosa!" Autor: Mario Rossi Garretano. Asunto:
informe de situación sobre el conflicto por la instalación de las plantas
de celulosa en Fray Bentos Uruguay. Rossi es Secretario General del
Movimiento Revolucionario Oriental. Aporte de La
Haine.
14- "La
Ideología Global del Miedo" Autor: Tariq Ramadan. Asunto: líder
musulmán analiza la situación de las comunidades islámicas en su relación
con la cultura de Occidente y los supuestos ideológicos que la discriminan
y criminalizan.
15- "La campana de
Gualeguaychu" Autor: Oscar Taffetani. Asunto: el conflicto de las
papeleras sobre el río Uruguay ha generado por primera vez en su historia
el desarrollo de una conciencia ambiental con carácter de masas en la
vecina orilla.
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la emancipación de los
trabajadores será obra de los trabajadores
mismos | |
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Nro.65.- ¿Qué hará
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