Escribo estas líneas la
víspera del 8 de junio, cuando los ciudadanos de diversas comunidades
del Valle del Huasco, en Chile, realizan la décima Marcha por la vida y
el agua contra Pascua Lama, proyecto minero del corporativo canadiense
Barrick Gold, primer productor mundial de oro. La importancia de la
movilización encabezada por el Movimiento Socioambiental del Valle del
Huasco trasciende el ámbito local, no sólo por enfrentar a Barrick y su
negro historial que la convierte en el sucio emblema global de las
mineras canadienses, sino por la defensa del territorio y las reservas
estratégicas de agua fósil de los glaciares, entre otros aspectos
relevantes asociados a la urgencia de cancelar la megaminería a cielo
abierto y replantear a escala mundial el modelo extractivo. Desde la
llegada de Barrick a la provincia del Huasco los habitantes de la región
han vivido en carne propia la experiencia de convivir con un poder
trasnacional que, además de confrontar con mentiras y dinero a las
comunidades, llegó al extremo de lograr que los gobiernos de Chile y
Argentina le transfieran una franja de territorio binacional para su
proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto en plena zona glaciar y
periglaciar.
Las exploraciones mineras en la región donde se asienta Pascua Lama
se iniciaron en los 70, mas la adquisición del proyecto por Barrick
Gold, en 1995, fue parte de una estrategia de expansión que incluyó
gestiones del gobierno canadiense. Para entonces habían pasado casi 10
años desde que en 1986 una pequeña compañía petrolera denominada Barrick
Resources Corporation comprara la mina Goldstrike en Nevada, en medio
de la revolución tecnológica provocada por el surgimiento de la
megaminería de tajo a cielo abierto para extraer partículas de oro
diseminadas en extensos territorios. Goldstrike, explotada en unos
cuantos años, dotó a Barrick de capital y ambición suficientes para
querer repetir la experiencia en África y América Latina. A comienzos de
los 90, el corporativo organizó un peculiar consejo consultivo
internacional formado, entre otros, por el ex presidente estadunidense
George HW Bush y el entonces primer ministro canadiense Brian Mulroney,
quien presumió años después haber pasado la mayor parte de su tiempo en
África, América Latina y China trabajando
en pro de los intereses
de Barrick. En sincronía con sus trasnacionales, Canadá realizó
gestiones con gobiernos latinoamericanos y desarrolló complicidades
políticas, logrando marcos regulatorios ventajosos a sus intereses.
Uno de los resultados más lamentables de estas gestiones de corte
neocolonial fue el Tratado de Integración y Complementación Minera
Argentino-Chileno, firmado en 1997 por Carlos Menem y Eduardo Frei, que
hace posible los proyectos de extracción minera en espacios formados por
territorios de ambos países en zonas de frontera, y que tuvo
dedicatoria para Barrick, pues Pascua Lama se compone en 70 por ciento
de territorio chileno y 30 por ciento de argentino. Al principio,
Barrick ocultó información sobre la presencia de glaciares en la zona
del emplazamiento minero. Posteriormente planteó la remoción de tres de
ellos en territorio chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza) para liberar
superficie de explotación, propuesta que ante la presión ciudadana fue
rechazada por la autoridad ambiental de la Región de Atacama. En 2005,
un informe difundido por Greenpeace determinó que la superficie de
dichos glaciares disminuyó entre 56 y 70 por ciento a consecuencia de
las actividades de exploración minera realizadas en tres décadas, y de
forma acelerada a partir de la presencia de Barrick en la zona. No
obstante, mediante un opaco proceso, Barrick obtuvo en 2006 la
aprobación de sus estudios de impacto ambiental tanto en Chile como en
Argentina.
Los severos impactos de la minería sobre glaciares y zonas
periglaciares han sido ampliamente documentados; por ejemplo, la
vulnerabilidad de estas formaciones frente a procesos geoquímicos
propios de sitios mineros, como la liberación de metales pesados o la
generación extensiva de drenajes ácidos que interactúan con el agua de
descarga de los glaciares y contaminan hielos milenarios y ríos. Poca
cosa para Barrick, que además de perseguir a sus críticos se le han
documentado, entre otros, alianzas con señores de la guerra en la
República Democrática del Congo (antiguo Zaire); o encubrimiento de
actos criminales como la inhumación en Tanzania de mineros artesanales
vivos que se oponían a la expropiación de su territorio en favor de
Sutton Mining, adquirida por Barrick; o la contaminación y destrucción
del sistema hidrográfico en la zona de su mina Porgera, en Papúa-Nueva
Guinea, situación que llevó a Noruega, por recomendación de su Consejo
de Ética, a retirar en 2009 las inversiones de fondos de pensión en
acciones de Barrick; o el bloqueo sistemático en Argentina a la ley que
protege glaciares y zonas periglaciares.
El pasado mayo la autoridad chilena multó a Barrick por 16 millones
de dólares y paralizó sus operaciones. La empresa reconoció como errores
haber contaminado el río Estrecho, incumplir el Plan de Manejo de
Protección de las Aguas y Glaciares, y haber omitido la construcción de
infraestructura para prevenir contaminación. Barrick también enfrenta
proceso judicial en la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en abril
ordenó paralizar completamente la mina. Mientras la sociedad avanza por
la vía legal y con la razón en la mano, Barrick aprovecha la visita del
presidente Sebastián Piñera a Canadá para buscar su apoyo político. Ante
un horizonte de destrucción que podría extenderse por dos décadas de
vida calculada para Pascua Lama, la movilización del Valle del Huasco
nos recuerda que la solución no vendrá de los gobiernos cómplices de
poderes fácticos trasnacionales, sino de la dignidad de los pueblos.
*Investigador de El Colegio de San Luis, AC
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