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 | | Asunto: | [redluzargentina] Intocables, los proveedores de armas | | Fecha: | Miercoles, 9 de Mayo, 2007 21:37:44 (-0500) | | Autor: | Proyecto Interredes <lacasadelared @.....com>
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Intocables, los proveedores de armas
J. Jesús Esquivel
www.proceso.com.mx
No. 1590
La
falta de datos confiables sobre el contrabando de armas y los delitos
en los que se utilizan, el blindaje legislativo de los armeros
estadunidenses y la falta de cooperación binacional, obstaculizan la
lucha contra el crimen organizado. Y ni la ola de narcoviolencia que
padece México ni la matanza de estudiantes en Virginia han quebrado la
resistencia a transformar las leyes que regulan la venta de armas en el
país vecino.
WASHINGTON.- Aunque el gobierno de Felipe Calderón
le achaca la creciente ola de ejecuciones al crimen organizado y a la
falta de cooperación del gobierno estadunidense para contener el
tráfico de armas y el consumo de drogas, no puede probar
fehacientemente la corresponsabilidad de Washington.
En Mérida,
durante la vista del presidente estadunidense George W. Bush el pasado
14 de marzo, Calderón le reclamó una mayor participación de su gobierno
para reducir el consumo de drogas de sus ciudadanos y contener el
tráfico de armas, que en su mayor parte llegan a los miembros de los
cárteles mexicanos del narcotráfico.
Nueve días después de la
reunión de Calderón y Bush, Arturo Sarukhán –recién nombrado embajador
mexicano en Washington el 27 de febrero– declaró en una entrevista para
The Washington Post: "De manera significativa, vamos a necesitar más
cooperación de parte de los Estados Unidos" para reducir el consumo de
drogas y el flujo de armas hacia México.
El problema es que
"el 70% de las armas aseguradas en México son manufacturadas en Estados
Unidos. El resto son procedentes de Europa y Asia", afirmó un
funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), quien
advirtió al reportero que sólo podía publicar este comentario "tan
delicado" si omitía su nombre.
–¿Tienen las pruebas para demostrarlo? –se le pregunta.
–No, porque es muy difícil recolectar los datos sobre el acopio de
armas en todo el país. Por ejemplo, el Ejército es muy celoso de sus
labores y no comparte tan fácilmente sus estadísticas. Las autoridades
estatales y municipales tienen otro problema: muchos de sus policías
que aseguran armas se quedan con ellas.
Una respuesta similar
dio la embajada de México en Washington, tras más de cuatro semanas de
solicitarle datos que apoyaran el reclamo del embajador Sarukhán que
tanto molestó al Departamento de Estado (Proceso 1586).
Según
los acuerdos de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen
organizado, el gobierno de Estados Unidos está obligado a investigar la
procedencia y forma en que llegó a México cualquier arma de origen
estadunidense asegurada en territorio mexicano y relacionada con
cualquier delito.
Y es el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), dependiente del
Departamento del Tesoro, la instancia encargada de darle seguimiento a
las denuncias y peticiones de investigación sobre el tráfico de armas
que la Secretaría de Seguridad Pública de México le hace a Estados
Unidos.
"Por una disposición legal no tenemos la autorización
para dar a conocer el número de peticiones que hemos recibido por parte
del gobierno de México para rastrear la procedencia de armas
involucradas en algún delito, y menos si son investigaciones que están
en curso", dice a Proceso Andrew Lluberes, uno de los voceros del ATF.
El funcionario estadunidense se refiere a la llamada "enmienda Tiarht",
aprobada por el Congreso federal y promulgada por el entonces
presidente de Estados Unidos George H.W. Bush (padre del actual
mandatario) en agosto de 1999.
La enmienda fue nombrada como su
autor y promotor, el entonces representante federal republicano por el
estado de Kansas, Todd Tiarht. Se trata de una disposición legal
diseñada para proteger a los fabricantes y vendedores de armas
estadunidenses de verse implicados en cualquier delito relacionado con
el tráfico de armas, corrupción u homicidio.
Los fundamentos de
la enmienda Tiarth no son afectados por ninguna solicitud de
información, incluso si se realiza a través del derecho constitucional
definido en el Acta de Libertad de Información (Freedom of Information
Act). Entre las restricciones de la enmienda están las siguientes:
–Evita que el ATF publique reportes sobre el rastreo de armas para
analizar, en todo el país, el flujo de las que están relacionadas con
delitos.
–Limita el acceso de los gobiernos locales a la información de rastreo de armas del ATF.
–Previene que, aun fuera de sus jurisdicciones, las agencias de la
aplicación de la ley tengan acceso a la base de datos del ATF.
–Prohíbe que las agencias policiales intercambien datos obtenidos del ATF.
–Prohíbe el uso de la información recolectada por el ATF como evidencia
en cualquier revocación de una licencia estatal para la venta de armas,
en una demanda civil o en cualquier otro procedimiento administrativo.
–Evita el uso del dinero del Estado para difundir públicamente el
contenido de la base de datos de la ATF sobre el rastreo de armas.
Información clave... y parcial
En
su último informe correspondiente al sexenio de Vicente Fox, la PGR
sostiene que del 1 de enero al 30 de junio de 2006 "se iniciaron 30
averiguaciones previas, de las cuales 20 se encuentran relacionadas con
violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se han
consignado 13 de ellas. En el mismo período se han iniciado 20 actas
circunstanciadas relacionadas con ilícitos de violación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos".
Sin embargo, el
documento no da cuenta de la cantidad de denuncias o solicitudes de
investigación que presentaron las autoridades mexicanas al ATF.
De acuerdo con las estadísticas sobre los bienes asegurados durante el
sexenio de Fox por agentes del Ministerio Público de la Federación,
entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2006 la PGR aseguró 32
mil 686 armas de fuego, sin especificar su procedencia o el país de
manufactura.
La PGR establece que el MP aseguró 388 armas en
2000, 2 mil 67 en 2001, 3 mil 404 en 2002, 5 mil 166 en 2003, 13 mil 79
en 2004, 5 mil 989 en 2005, y 2 mil 593 hasta el 30 de junio de 2006.
Interrogado sobre el tema, el funcionario de la PGR que habla con
Proceso dice desconocer la cantidad de armas aseguradas desde el 1 de
julio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2007, período que incluye el
primer trimestre del sexenio calderonista.
"Lo único que puedo
decir es que el 70% de las armas aseguradas fueron hechas y traficadas
desde Estados Unidos", reitera el funcionario, quien también desconoce
cuántas peticiones de investigación se han hecho al ATF sobre el
rastreo de armas relacionadas con delitos cometidos en México durante
los primeros tres meses de la administración de Calderón.
Sin
transgredir la enmienda Tiarth, el vocero Lluberes proporcionó a este
semanario los datos de tres casos referentes al tráfico de armas de
Estados Unidos a México, "cuya investigación ya concluyó" y en los
cuales los inculpados son mexicanos.
El primero se ubica en
Dallas, Texas. El funcionario del ATF no da fechas, pero se refiere al
encausamiento judicial de José Soto Quintero, señalado como líder de
una organización de tráfico de armas; quien está en proceso de ser
extraditado a México.
"El caso fue iniciado por un tip obtenido
por parte de una armería local. Durante la investigación un agente del
ATF identifico varias compras (realizadas por Soto Quintero) que
involucraban más de 100 armas de fuego posteriormente traficadas a
México. Como resultado de la investigación, seis personas se declararon
culpables de varios cargos", se asienta en el documento proporcionado a
Proceso por la oficina central del ATF.
El segundo caso está
radicado en Houston, Texas, y señala al mexicano Alonzo Flores,
operador y dueño de una tienda de artículos para cacería y pesca, quien
"conspiró con otros ciudadanos de México" para adquirir armas de fuego.
"Alonzo Flores y otra persona identificada confesaron haber traficado
más de 100 armas de fuego que entregaron a otras personas para que las
metieran a México. Los dos involucrados han recibido ya una sentencia
por los delitos que cometieron", señala el documento.
La
investigación del tercer caso también se desarrolló en Houston. El ATF
menciona a un grupo compuesto por el padre, la madre, la hija y un
amigo cercano a la familia: "Los integrantes de esta red de tráfico de
armas a México aceptaron haber estado involucrados en el envío de 70
armas de fuego a territorio mexicano, y en la compra de otras 100",
establece el ATF.
Blindaje legislativo
Carente
de datos precisos sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México,
el gobierno de Felipe Calderón enfrenta fuertes limitaciones para
sostener sus denuncias de la falta de cooperación del país vecino.
"Es obvio que en las leyes de Estados Unidos existen muchos huecos para
castigar a los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas de
fuego, pero también es evidente para el caso del gobierno de México
que, sin datos duros o hechos, (será difícil que) sustente las
exigencias que ha hecho en este sentido al gobierno de Bush el propio
presidente Calderón, y recientemente el embajador (Sarukhán)", comenta
en entrevista Ladd Everitt, directivo de la Coalición para Detener la
Violencia con Armas de Fuego.
Ésta es una organización no
gubernamental que, en coordinación con otras similares, con la
Asociación Nacional de Alcaldes de Estados Unidos y con varias agencias
policiales de casi todos los estados, se ha enfrascado en una lucha que
ya tiene más de una década. Sin embargo, no han podido derrotar en el
Capitolio a los legisladores del Partido Republicano, que se oponen a
cualquier proyecto para modificar o eliminar la enmienda Tiahrt.
"No es muy sorprendente que en México los narcotraficantes estén
ejecutando a la gente con armas fabricadas aquí –añade Everitt–. En
Canadá pasa algo similar: en más del 60% de los homicidios que se
comenten en ese país están involucradas armas con registro
estadunidense; lamentablemente, los gobiernos de estos dos países no
hacen nada concreto para que el Capitolio deje de proteger a los
vendedores y fabricantes de armas corrompidos por el crimen organizado".
A raíz de la masacre en la Universidad Politécnica y Estatal de
Virginia, el pasado 16 abril, reavivó las discusiones sobre la
necesidad de una reforma a las leyes para el control y venta de armas
de fuego, cuya última modificación data de 1996, bajo el gobierno de
Bill Clinton. Sin embargo, los líderes de los partidos Republicano y
Demócrata en el Congreso adelantaron que, pese a la conmoción por la
tragedia, no existe ahora la fuerza política necesaria para modificar
las leyes respectivas.
Por su parte, Everitt sostiene que la
falta de voluntad de los legisladores no es otra cosa que miedo de
perder una importante fuente de financiamiento para sus campañas
proselitistas, sobre todo cuando se disputa la presidencia (la elección
será en noviembre de 2008).
Los fabricantes y vendedores de
armas aportan decenas de millones de dólares a través de organismos
como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), de la que son miembros más
de dos tercios de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 100
del Senado, lo mismo que el vicepresidente Dick Cheney, el exsecretario
de Defensa Donald Rumsfeld y otros funcionarios y exintegrantes del
gobierno de Bush.
La poderosa asociación tiene conexiones
políticas en todos los niveles gubernamentales de Estados Unidos y en
los dos recientes períodos legislativos derrotó siete proyectos de ley
para restringir la venta de armas de fuego y eliminar la enmienda
Tiahrt. Lo consiguió con los servicios de nueve firmas de abogados
coordinadas por Chris W. Cox, jefe del departamento de estrategia de
cabildeo de la NRA.
Con el respaldo de la mayoría republicana
que hasta el pasado enero dominaba el Congreso federal, la NRA y Cox
echaron para atrás los proyectos de ley denominados S.77, Acta contra
el Tráfico de Armas, legislación HR 297, HR 96; HR 5005, HR 5092 y HR
1384. Para ese fin la NRA gastó 1 millón 600 mil dólares en cabildeo
durante 2006, y 1 millón 790 mil dólares en 2005.
En la etapa
actual, con los demócratas dominando el Congreso, el primer intento de
modificar a las leyes que rigen la venta de armas de fuego fue
presentado el 14 de febrero pasado. La representante del partido
mayoritario por el estado de Nueva York, Carolyn McCarthy impulsa el
proyecto de ley HR 1022 para acabar con la enmienda Tiahrt y cambiar
las reglas para la venta de pistolas y rifles automáticos y
semiautomáticos.
La oficina de prensa de la NRA ya había
aceptado la petición de Proceso para entrevistar a Chris W. Cox sobre
las quejas del gobierno mexicano hacia el estadunidense en el tema del
tráfico de armas, pero la masacre de la Universidad de Virginia obligó
al directivo a cambiar de planes.
De acuerdo con las más
recientes estadísticas del Buró Federal de Investigaciones (FBI)
divulgadas en su Reporte Uniforme del Crimen, durante 2005 se
cometieron en Estados Unidos 16 mil 692 homicidios con armas de fuego,
16 mil 528 en 2003, 16 mil 37 en 2001, y 15 mil 522 en 1999.
En
cuanto a los asaltos violentos con armas de fuego, en 2004 fueron unos
44 mil, 43 mil 400 en 2005, y 44 mil 100 en 2006 (un aumento del 9.98%
entre 2004 y 2006).
Tres días después de la matanza en la
Universidad de Virginia, el Departamento de Estado renovó su aviso a
los ciudadanos estadunidenses sobre los peligros que corren al viajar a
México:
"La violencia por elementos criminales afecta muchas
partes del país; áreas urbanas, rurales y fronterizas", dice la alerta,
que vence hasta el 16 de octubre.
Y agrega: "En meses
recientes ha habido asesinatos estilo ejecución de funcionarios
mexicanos en Tamaulipas (particularmente en Nuevo Laredo), Michoacán,
Baja California, Guerrero (particularmente Acapulco), Nuevo León
(particularmente Monterrey) y en otros estados". ?
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Mesa puesta para Matar
J. Jesús Esquivel
Diversos
estudios sobre violencia criminal en Estados Unidos pretendieron
advertir a tiempo acerca de las proporciones que está adquiriendo este
fenómeno patológico y de los riesgos que implica. La misma preocupación
aqueja desde hace mucho a varias organizaciones civiles que tienen muy
claro algo: hechos de sangre como los que protagonizó hace una semana
el estudiante Cho Seung-Hui en Virginia son fomentados por una "cultura
de la violencia" que se expresa, por ejemplo, en películas y
videojuegos, y se materializan gracias a la permisividad para comprar
armas de fuego. Con todo, la Casa Blanca y el Capitolio siguen sordos...
W
ASHINGTON.-
La masacre de 32 personas en la Universidad Politécnica y Estatal de
Virginia (Virginia Tech), que de manera premeditada cometió el
surcoreano Cho Seung-Hui el lunes 16, reactivó el debate en Estados
Unidos sobre la necesidad de discutir con seriedad las leyes
relacionadas con la venta de armas de fuego y emprender acciones para
frenar la cultura de la violencia.
En su reporte Crimen
violento en Estados Unidos, 24 meses con una tendencia alarmante,
publicado en febrero último, el Foro de Investigación de Policía
Ejecutiva (Police Executive Research Forum, PERF) había advertido: "Es
increíble. Los crímenes violentos han tenido un aumento preocupante en
los últimos dos años". Y agregaba que este tipo de crímenes se
incrementaron en 10.21% de 2004 a 2006.
Entre el 10 y el 15 de
enero, The Tarrance Group (TTG), formado por el bufete de criminalistas
Greenberg Quinlan Rosner, realizó una encuesta en torno del mismo
fenómeno y la completó con una investigación que dio a conocer el 23
del mismo mes. Ambas –la encuesta y la investigación– se elaboraron a
petición de la Asociación Nacional de Alcaldes de Estados Unidos.
En sus conclusiones, el TTG destaca que "existe un fuerte deseo por la
instrumentación de leyes más severas para restringir la venta de armas
de fuego, y hay un gran respaldo para que las autoridades utilicen los
datos sobre este comercio para resolver investigaciones criminales y
fincar por ello responsabilidad a los vendedores".
Investigaciones como las del PERF y el TTG muestran que en el país el
debate respecto de las crecientes cifras de violencia, venta y uso de
armas de fuego sólo interesa a las autoridades locales, como los
alcaldes, pero nunca llega a los poderes federales.
Una historia ya contada
En
Estados Unidos ya es costumbre que, cuando suceden tragedias como la de
la Universidad Politécnica y Estatal de Virginia, se reavive la
discusión acerca de la necesidad de legislar para controlar la venta de
armas de fuego y se realicen estudios de personalidad a quienes cometen
homicidios en masa, tal como el que ejecutó Cho.
El caso de
este joven de origen surcoreano, quien terminó por suicidarse tras
cometer la matanza, no es diferente de los de aquellos que han
irrumpido armados en otros campus universitarios. Las autoridades de la
Universidad de Virginia y los compañeros de clases y de dormitorio de
Cho aseguran que desde 2005 notaron en él alteraciones emocionales y
actitudes fatalistas, que se reflejaban en los ensayos literarios que
escribió y en su aislamiento.
Cho preparó la matanza con
antelación. Incluso mandó por correo una videograbación y un mensaje de
mil 800 palabras a las oficinas centrales de la cadena de televisión
NBC ubicadas en Nueva York horas antes de irrumpir en la Universidad de
Virginia. "Gracias a ustedes muero como Jesucristo para inspirar a
generaciones de personas débiles e indefensas", dice el joven
surcoreano en el mensaje grabado en video.
Las imágenes
muestran a Cho con un rostro descompuesto y una mirada desafiante.
Viste una camiseta negra, así como un chaleco de cazador color café
claro, una gorra negra con la visera hacia atrás y un pantalón
amarillo. Un cuchillo de caza le cuelga del cinturón. Cho apunta a la
cámara con dos pistolas: en la mano derecha tiene una calibre 9
milímetros, mientras que en la izquierda empuña una calibre 22. Los
investigadores consideran que con estas armas mató a las 32 personas.
La imagen, transmitida por la NBC, es similar a la de películas de
acción, como Rambo, Perros de reserva –estrenada en Estados Unidos en
1992 y dirigida por Quentin Tarantino– o Nacidos para matar –exhibida
en 1994, dirigida por Oliver Stone y escrita por Tarantino.
Si
bien algunos expertos en psicología y comportamiento humano sostienen
que personalidades como la de Cho son producto de desequilibrios
mentales, aceptan también que este tipo de actitudes fatalistas y
criminales son resultado de un fomento inconsciente de la llamada
cultura de la violencia en Estados Unidos.
El ejemplo más claro
de la inconciencia con la cual la sociedad estadunidense fomenta la
cultura de la violencia se observa en la aceptación, por parte de los
padres de familia, de que sus hijos jueguen desde temprana edad con
reproducciones de armas de fuego, equipo militar, bombas de destrucción
masiva biológicas y químicas, o destacen con las manos a personajes
humanos representados con dibujos animados en los videojuegos o en
internet.
Según el sitio electrónico Gamespot News, dedicado a
la promoción y clasificación de los videojuegos con mayor demanda
comercial en el mundo, los 10 más violentos son: Resident Evil 4
(Residente diabólico 4), Grand Theft Auto: San Andreas (Gran robo de
auto: San Andreas), God of War (Dios de la guerra), Narc (Narco),
Killer 7 (Asesino 7); The Warriors (Los guerreros), 60 Cent:
Bulletproof (60 centavos: A prueba de balas); Crime Life: Gang Wars
(Vida criminal: guerra de pandillas); Condemned: Criminal Origins
(Condenado: orígenes criminales) y True Crime: New York City (Crimen
verdadero: ciudad de Nueva York). En todos ellos aparecen personajes
que muestran poses o actitudes como la que Cho adoptó en su
videograbación y en las fotografías que entregó a la NBC.
"La
violencia con armas de fuego es una de las principales preocupaciones
de los estadunidenses", apunta el reporte de TTG titulado Fuerte apoyo
a la instrumentación de leyes de sentido común sobre las armas.
La encuesta nacional del TTG se realizó del 10 al 15 de enero de este
año. Su muestra fue de 803 estadunidenses adultos, con un margen de
error de más/menos 3.5 puntos porcentuales. Al responder la pregunta
¿cuál es su principal preocupación?, 72% de los entrevistados dijo que
es el elevado costo por el cuidado de la salud; 59%, que es el precio
de la gasolina; 58% que es la violencia con armas, y 56% contestó que
es la calidad de la educación pública".
Según el sondeo del
TTG, de febrero de 2001 a enero de 2007, el porcentaje de
estadunidenses que apoyan la instrumentación de leyes más severas para
el control de las armas de fuego oscila entre 62 y 56%. Además, 82% de
la población de Estados Unidos quiere que por lo menos las autoridades
apliquen con más severidad y sin ningún tipo de excepción las leyes de
control de armas, aunque 38% preferiría la promulgación de nuevas
leyes; 44% se opone a que se haga eso, mientras que 14% piensa que, en
ese sentido, el país está saturado de leyes sobre las armas.
El
estudio del PERF, elaborado por expertos de agencias policiacas
federales y sustentado con estadísticas del Buró Federal de
Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), menciona que el
índice de crímenes violentos en Estados Unidos se incrementó 10.21%
entre 2004 y 2006. Las estadísticas del estudio provienen de 56
jurisdicciones de agencias policiales del país y fueron clasificadas en
cuatro categorías: homicidio, robo, asalto con violencia y asalto
violento con arma de fuego.
Rechazo a legislar
La
masacre de Virginia Tech obligó al presidente George W. Bush y a los
líderes demócratas y republicanos del Congreso federal a declarar siete
días de luto nacional. Sin embargo, esta expresión simbólica contrasta
con la negativa reiterada de la Casa Blanca y del Capitolio a legislar
sobre cambios a las leyes nacionales para la venta de armas, a pesar de
las exigencias en ese sentido por parte de organizaciones civiles y
algunos medios de comunicación.
Los estudios del PERF y del TTG
sostienen que una de las organizaciones más poderosas de Estados Unidos
que se oponen a legislar al respecto es la Asociación Nacional del
Rifle (Nacional Rifle Association, NRA). La Casa Blanca y el Congreso
mantienen relaciones con ese tipo agrupaciones, las cuales se oponen a
que nuevas leyes restrinjan la venta de armas de fuego.
Tanto
el presidente Bush como los líderes de su partido, el Republicano, se
han mostrado preocupados últimamente ante la posibilidad de que en los
comicios federales de noviembre de 2008 los demócratas les arrebaten la
presidencia. Por eso prefieren no discutir ahora una nueva legislación
de armas de fuego. Y los demócratas saben también que abordar el tema
no les redituaría ningún capital político.
La agrupación no gubernamental Open Secrets (Secretos Abiertos), contraria a la
venta de armas de fuego, señala que la NRA
encabeza
una lista de 18 organizaciones que son partidarias de la venta de
pistolas y rifles de todo tipo a cualquier residente legal que no tenga
antecedentes penales.
En 2006, por ejemplo, la NRA, que tiene a
su servicio nueve firmas de abogados dedicados al cabildeo profesional,
gastó 1 millón 600 mil dólares para mantener intactas las leyes
federales, estatales y locales sobre la venta de armas. Y así ha venido
haciéndolo durante varios años: destinó 1 millón 790 mil dólares en
2005, 1 millón 575 mil dólares en 2004 y 1 millón 550 mil dólares en
2003.
A pesar de que la NRA es la organización más activa en la
guerra contra la restricción de la venta de armas de fuego, y no
obstante que entre sus miembros honorarios están el vicepresidente Dick
Cheney, el expresidente George H. W. Bush (padre del actual mandatario)
y por lo menos 418 de los 535 legisladores federales que conforman la
Cámara de Representantes y la de Senadores, no es la agrupación que más
dinero destina al cabildeo profesional para facilitar la venta, uso y
aportación de armas, según Open Secrets.
La Asociación de
Dueños de Pistolas (Gun Owners of America, GOA) gastó en cabildeo
profesional 1 millón 753 mil 290 dólares en 2004 y 1 millón 640 mil
dólares en 2003.
En contraste, la organización Campaña Brady
para Prevenir la Violencia con Armas, dedicada a patrocinar en el
Capitolio la formulación de nuevas leyes para restringir la venta de
armas, gastó 90 mil 100 dólares en cabildeo profesional para sus causas
en 2006 y 190 mil dólares en 2005. A su vez, el Comité de Ciudadanos
por el Derecho a Mantener y Portar Armas de Fuego, la organización más
pequeña de entre las 18 que luchan para evitar las leyes restrictivas,
gastó 643 mil 961 dólares en cabildeo profesional en 2006 y 654 mil 173
dólares en 2005.
Expertos en el tema aseguran que la mayoría de
organizaciones como la NRA se sostienen con el dinero que aportan sus
miembros: en su mayor parte habitantes de poblaciones rurales o
ciudades pequeñas donde se practica la caza y las leyes locales les
permiten portar armas también para defensa personal.
La
encuesta del TTG, en contraste, reveló que 51% de la población de las
grandes ciudades consideró que deben aprobarse nuevas leyes para hacer
más restrictivas las que existen actualmente, 44% opina lo mismo en las
ciudades pequeñas, 34% en las zonas suburbanas, 32% en las poblaciones
pequeñas y sólo 28% en las áreas rurales, como Blacksburg.
El
13 de marzo, Cho compró por 571 dólares una de las pistolas que usó en
la masacre –la 9 milímetros– en una armería de Blacksburg, Virginia,
donde se ubica Virginia Tech, una comunidad rural que se localiza en la
región más montañosa de la entidad y cuya población se dedica
principalmente a la agricultura.
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CALENDARIO ESPIRITUAL 2007
Recursos en red actualizados:
www.mind-surf.net/redluzcalendario.htm
CASA ATZINGO
www.lacasadelared.com
Portal fisico y virtual a la:
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www.egrupos.net/grupo/redcuauhnahuak
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RED ANAHUAK
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PROYECTO INTERREDES
www.interredes.org
www.egrupos.net/grupo/interredes
ENLACES RECOMENDADOS
www.bigbangmex.unam.mx
www.ivanillich.org
www.karinamalpica.net
www.casaluna.org.mx
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www.portalterraluz.com
www.aibandu.cl
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