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Asunto:[redluzargentina] Intocables, los proveedores de armas
Fecha:Miercoles, 9 de Mayo, 2007  21:37:44 (-0500)
Autor:Proyecto Interredes <lacasadelared @.....com>

Intocables, los proveedores de armas

J. Jesús Esquivel
www.proceso.com.mx
No. 1590

La falta de datos confiables sobre el contrabando de armas y los delitos en los que se utilizan, el blindaje legislativo de los armeros estadunidenses y la falta de cooperación binacional, obstaculizan la lucha contra el crimen organizado. Y ni la ola de narcoviolencia que padece México ni la matanza de estudiantes en Virginia han quebrado la resistencia a transformar las leyes que regulan la venta de armas en el país vecino.

WASHINGTON.- Aunque el gobierno de Felipe Calderón le achaca la creciente ola de ejecuciones al crimen organizado y a la falta de cooperación del gobierno estadunidense para contener el tráfico de armas y el consumo de drogas, no puede probar fehacientemente la corresponsabilidad de Washington.

En Mérida, durante la vista del presidente estadunidense George W. Bush el pasado 14 de marzo, Calderón le reclamó una mayor participación de su gobierno para reducir el consumo de drogas de sus ciudadanos y contener el tráfico de armas, que en su mayor parte llegan a los miembros de los cárteles mexicanos del narcotráfico.

Nueve días después de la reunión de Calderón y Bush, Arturo Sarukhán –recién nombrado embajador mexicano en Washington el 27 de febrero– declaró en una entrevista para The Washington Post: "De manera significativa, vamos a necesitar más cooperación de parte de los Estados Unidos" para reducir el consumo de drogas y el flujo de armas hacia México.

El problema es que "el 70% de las armas aseguradas en México son manufacturadas en Estados Unidos. El resto son procedentes de Europa y Asia", afirmó un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), quien advirtió al reportero que sólo podía publicar este comentario "tan delicado" si omitía su nombre.

–¿Tienen las pruebas para demostrarlo? –se le pregunta.

–No, porque es muy difícil recolectar los datos sobre el acopio de armas en todo el país. Por ejemplo, el Ejército es muy celoso de sus labores y no comparte tan fácilmente sus estadísticas. Las autoridades estatales y municipales tienen otro problema: muchos de sus policías que aseguran armas se quedan con ellas.

Una respuesta similar dio la embajada de México en Washington, tras más de cuatro semanas de solicitarle datos que apoyaran el reclamo del embajador Sarukhán que tanto molestó al Departamento de Estado (Proceso 1586).

Según los acuerdos de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos está obligado a investigar la procedencia y forma en que llegó a México cualquier arma de origen estadunidense asegurada en territorio mexicano y relacionada con cualquier delito.

Y es el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, la instancia encargada de darle seguimiento a las denuncias y peticiones de investigación sobre el tráfico de armas que la Secretaría de Seguridad Pública de México le hace a Estados Unidos.

"Por una disposición legal no tenemos la autorización para dar a conocer el número de peticiones que hemos recibido por parte del gobierno de México para rastrear la procedencia de armas involucradas en algún delito, y menos si son investigaciones que están en curso", dice a Proceso Andrew Lluberes, uno de los voceros del ATF.

El funcionario estadunidense se refiere a la llamada "enmienda Tiarht", aprobada por el Congreso federal y promulgada por el entonces presidente de Estados Unidos George H.W. Bush (padre del actual mandatario) en agosto de 1999.

La enmienda fue nombrada como su autor y promotor, el entonces representante federal republicano por el estado de Kansas, Todd Tiarht. Se trata de una disposición legal diseñada para proteger a los fabricantes y vendedores de armas estadunidenses de verse implicados en cualquier delito relacionado con el tráfico de armas, corrupción u homicidio.

Los fundamentos de la enmienda Tiarth no son afectados por ninguna solicitud de información, incluso si se realiza a través del derecho constitucional definido en el Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act). Entre las restricciones de la enmienda están las siguientes:

–Evita que el ATF publique reportes sobre el rastreo de armas para analizar, en todo el país, el flujo de las que están relacionadas con delitos.

–Limita el acceso de los gobiernos locales a la información de rastreo de armas del ATF.

–Previene que, aun fuera de sus jurisdicciones, las agencias de la aplicación de la ley tengan acceso a la base de datos del ATF.

–Prohíbe que las agencias policiales intercambien datos obtenidos del ATF.

–Prohíbe el uso de la información recolectada por el ATF como evidencia en cualquier revocación de una licencia estatal para la venta de armas, en una demanda civil o en cualquier otro procedimiento administrativo.

–Evita el uso del dinero del Estado para difundir públicamente el contenido de la base de datos de la ATF sobre el rastreo de armas.



Información clave... y parcial



En su último informe correspondiente al sexenio de Vicente Fox, la PGR sostiene que del 1 de enero al 30 de junio de 2006 "se iniciaron 30 averiguaciones previas, de las cuales 20 se encuentran relacionadas con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se han consignado 13 de ellas. En el mismo período se han iniciado 20 actas circunstanciadas relacionadas con ilícitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos".

Sin embargo, el documento no da cuenta de la cantidad de denuncias o solicitudes de investigación que presentaron las autoridades mexicanas al ATF.

De acuerdo con las estadísticas sobre los bienes asegurados durante el sexenio de Fox por agentes del Ministerio Público de la Federación, entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2006 la PGR aseguró 32 mil 686 armas de fuego, sin especificar su procedencia o el país de manufactura.

La PGR establece que el MP aseguró 388 armas en 2000, 2 mil 67 en 2001, 3 mil 404 en 2002, 5 mil 166 en 2003, 13 mil 79 en 2004, 5 mil 989 en 2005, y 2 mil 593 hasta el 30 de junio de 2006.

Interrogado sobre el tema, el funcionario de la PGR que habla con Proceso dice desconocer la cantidad de armas aseguradas desde el 1 de julio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2007, período que incluye el primer trimestre del sexenio calderonista.

"Lo único que puedo decir es que el 70% de las armas aseguradas fueron hechas y traficadas desde Estados Unidos", reitera el funcionario, quien también desconoce cuántas peticiones de investigación se han hecho al ATF sobre el rastreo de armas relacionadas con delitos cometidos en México durante los primeros tres meses de la administración de Calderón.

Sin transgredir la enmienda Tiarth, el vocero Lluberes proporcionó a este semanario los datos de tres casos referentes al tráfico de armas de Estados Unidos a México, "cuya investigación ya concluyó" y en los cuales los inculpados son mexicanos.

El primero se ubica en Dallas, Texas. El funcionario del ATF no da fechas, pero se refiere al encausamiento judicial de José Soto Quintero, señalado como líder de una organización de tráfico de armas; quien está en proceso de ser extraditado a México.

"El caso fue iniciado por un tip obtenido por parte de una armería local. Durante la investigación un agente del ATF identifico varias compras (realizadas por Soto Quintero) que involucraban más de 100 armas de fuego posteriormente traficadas a México. Como resultado de la investigación, seis personas se declararon culpables de varios cargos", se asienta en el documento proporcionado a Proceso por la oficina central del ATF.

El segundo caso está radicado en Houston, Texas, y señala al mexicano Alonzo Flores, operador y dueño de una tienda de artículos para cacería y pesca, quien "conspiró con otros ciudadanos de México" para adquirir armas de fuego.

"Alonzo Flores y otra persona identificada confesaron haber traficado más de 100 armas de fuego que entregaron a otras personas para que las metieran a México. Los dos involucrados han recibido ya una sentencia por los delitos que cometieron", señala el documento.

La investigación del tercer caso también se desarrolló en Houston. El ATF menciona a un grupo compuesto por el padre, la madre, la hija y un amigo cercano a la familia: "Los integrantes de esta red de tráfico de armas a México aceptaron haber estado involucrados en el envío de 70 armas de fuego a territorio mexicano, y en la compra de otras 100", establece el ATF.



Blindaje legislativo



Carente de datos precisos sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México, el gobierno de Felipe Calderón enfrenta fuertes limitaciones para sostener sus denuncias de la falta de cooperación del país vecino.

"Es obvio que en las leyes de Estados Unidos existen muchos huecos para castigar a los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas de fuego, pero también es evidente para el caso del gobierno de México que, sin datos duros o hechos, (será difícil que) sustente las exigencias que ha hecho en este sentido al gobierno de Bush el propio presidente Calderón, y recientemente el embajador (Sarukhán)", comenta en entrevista Ladd Everitt, directivo de la Coalición para Detener la Violencia con Armas de Fuego.

Ésta es una organización no gubernamental que, en coordinación con otras similares, con la Asociación Nacional de Alcaldes de Estados Unidos y con varias agencias policiales de casi todos los estados, se ha enfrascado en una lucha que ya tiene más de una década. Sin embargo, no han podido derrotar en el Capitolio a los legisladores del Partido Republicano, que se oponen a cualquier proyecto para modificar o eliminar la enmienda Tiahrt.

"No es muy sorprendente que en México los narcotraficantes estén ejecutando a la gente con armas fabricadas aquí –añade Everitt–. En Canadá pasa algo similar: en más del 60% de los homicidios que se comenten en ese país están involucradas armas con registro estadunidense; lamentablemente, los gobiernos de estos dos países no hacen nada concreto para que el Capitolio deje de proteger a los vendedores y fabricantes de armas corrompidos por el crimen organizado".

A raíz de la masacre en la Universidad Politécnica y Estatal de Virginia, el pasado 16 abril, reavivó las discusiones sobre la necesidad de una reforma a las leyes para el control y venta de armas de fuego, cuya última modificación data de 1996, bajo el gobierno de Bill Clinton. Sin embargo, los líderes de los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso adelantaron que, pese a la conmoción por la tragedia, no existe ahora la fuerza política necesaria para modificar las leyes respectivas.

Por su parte, Everitt sostiene que la falta de voluntad de los legisladores no es otra cosa que miedo de perder una importante fuente de financiamiento para sus campañas proselitistas, sobre todo cuando se disputa la presidencia (la elección será en noviembre de 2008).

Los fabricantes y vendedores de armas aportan decenas de millones de dólares a través de organismos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), de la que son miembros más de dos tercios de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 100 del Senado, lo mismo que el vicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld y otros funcionarios y exintegrantes del gobierno de Bush.

La poderosa asociación tiene conexiones políticas en todos los niveles gubernamentales de Estados Unidos y en los dos recientes períodos legislativos derrotó siete proyectos de ley para restringir la venta de armas de fuego y eliminar la enmienda Tiahrt. Lo consiguió con los servicios de nueve firmas de abogados coordinadas por Chris W. Cox, jefe del departamento de estrategia de cabildeo de la NRA.

Con el respaldo de la mayoría republicana que hasta el pasado enero dominaba el Congreso federal, la NRA y Cox echaron para atrás los proyectos de ley denominados S.77, Acta contra el Tráfico de Armas, legislación HR 297, HR 96; HR 5005, HR 5092 y HR 1384. Para ese fin la NRA gastó 1 millón 600 mil dólares en cabildeo durante 2006, y 1 millón 790 mil dólares en 2005.

En la etapa actual, con los demócratas dominando el Congreso, el primer intento de modificar a las leyes que rigen la venta de armas de fuego fue presentado el 14 de febrero pasado. La representante del partido mayoritario por el estado de Nueva York, Carolyn McCarthy impulsa el proyecto de ley HR 1022 para acabar con la enmienda Tiahrt y cambiar las reglas para la venta de pistolas y rifles automáticos y semiautomáticos.

La oficina de prensa de la NRA ya había aceptado la petición de Proceso para entrevistar a Chris W. Cox sobre las quejas del gobierno mexicano hacia el estadunidense en el tema del tráfico de armas, pero la masacre de la Universidad de Virginia obligó al directivo a cambiar de planes.

De acuerdo con las más recientes estadísticas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) divulgadas en su Reporte Uniforme del Crimen, durante 2005 se cometieron en Estados Unidos 16 mil 692 homicidios con armas de fuego, 16 mil 528 en 2003, 16 mil 37 en 2001, y 15 mil 522 en 1999.

En cuanto a los asaltos violentos con armas de fuego, en 2004 fueron unos 44 mil, 43 mil 400 en 2005, y 44 mil 100 en 2006 (un aumento del 9.98% entre 2004 y 2006).

Tres días después de la matanza en la Universidad de Virginia, el Departamento de Estado renovó su aviso a los ciudadanos estadunidenses sobre los peligros que corren al viajar a México:

"La violencia por elementos criminales afecta muchas partes del país; áreas urbanas, rurales y fronterizas", dice la alerta, que vence hasta el 16 de octubre.

Y agrega: "En meses recientes ha habido asesinatos estilo ejecución de funcionarios mexicanos en Tamaulipas (particularmente en Nuevo Laredo), Michoacán, Baja California, Guerrero (particularmente Acapulco), Nuevo León (particularmente Monterrey) y en otros estados". ?

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Mesa puesta para Matar

J. Jesús Esquivel

Diversos estudios sobre violencia criminal en Estados Unidos pretendieron advertir a tiempo acerca de las proporciones que está adquiriendo este fenómeno patológico y de los riesgos que implica. La misma preocupación aqueja desde hace mucho a varias organizaciones civiles que tienen muy claro algo: hechos de sangre como los que protagonizó hace una semana el estudiante Cho Seung-Hui en Virginia son fomentados por una "cultura de la violencia" que se expresa, por ejemplo, en películas y videojuegos, y se materializan gracias a la permisividad para comprar armas de fuego. Con todo, la Casa Blanca y el Capitolio siguen sordos...

W

ASHINGTON.- La masacre de 32 personas en la Universidad Politécnica y Estatal de Virginia (Virginia Tech), que de manera premeditada cometió el surcoreano Cho Seung-Hui el lunes 16, reactivó el debate en Estados Unidos sobre la necesidad de discutir con seriedad las leyes relacionadas con la venta de armas de fuego y emprender acciones para frenar la cultura de la violencia.

En su reporte Crimen violento en Estados Unidos, 24 meses con una tendencia alarmante, publicado en febrero último, el Foro de Investigación de Policía Ejecutiva (Police Executive Research Forum, PERF) había advertido: "Es increíble. Los crímenes violentos han tenido un aumento preocupante en los últimos dos años". Y agregaba que este tipo de crímenes se incrementaron en 10.21% de 2004 a 2006.

Entre el 10 y el 15 de enero, The Tarrance Group (TTG), formado por el bufete de criminalistas Greenberg Quinlan Rosner, realizó una encuesta en torno del mismo fenómeno y la completó con una investigación que dio a conocer el 23 del mismo mes. Ambas –la encuesta y la investigación– se elaboraron a petición de la Asociación Nacional de Alcaldes de Estados Unidos.

En sus conclusiones, el TTG destaca que "existe un fuerte deseo por la instrumentación de leyes más severas para restringir la venta de armas de fuego, y hay un gran respaldo para que las autoridades utilicen los datos sobre este comercio para resolver investigaciones criminales y fincar por ello responsabilidad a los vendedores".

Investigaciones como las del PERF y el TTG muestran que en el país el debate respecto de las crecientes cifras de violencia, venta y uso de armas de fuego sólo interesa a las autoridades locales, como los alcaldes, pero nunca llega a los poderes federales.



Una historia ya contada



En Estados Unidos ya es costumbre que, cuando suceden tragedias como la de la Universidad Politécnica y Estatal de Virginia, se reavive la discusión acerca de la necesidad de legislar para controlar la venta de armas de fuego y se realicen estudios de personalidad a quienes cometen homicidios en masa, tal como el que ejecutó Cho.

El caso de este joven de origen surcoreano, quien terminó por suicidarse tras cometer la matanza, no es diferente de los de aquellos que han irrumpido armados en otros campus universitarios. Las autoridades de la Universidad de Virginia y los compañeros de clases y de dormitorio de Cho aseguran que desde 2005 notaron en él alteraciones emocionales y actitudes fatalistas, que se reflejaban en los ensayos literarios que escribió y en su aislamiento.

Cho preparó la matanza con antelación. Incluso mandó por correo una videograbación y un mensaje de mil 800 palabras a las oficinas centrales de la cadena de televisión NBC ubicadas en Nueva York horas antes de irrumpir en la Universidad de Virginia. "Gracias a ustedes muero como Jesucristo para inspirar a generaciones de personas débiles e indefensas", dice el joven surcoreano en el mensaje grabado en video.

Las imágenes muestran a Cho con un rostro descompuesto y una mirada desafiante. Viste una camiseta negra, así como un chaleco de cazador color café claro, una gorra negra con la visera hacia atrás y un pantalón amarillo. Un cuchillo de caza le cuelga del cinturón. Cho apunta a la cámara con dos pistolas: en la mano derecha tiene una calibre 9 milímetros, mientras que en la izquierda empuña una calibre 22. Los investigadores consideran que con estas armas mató a las 32 personas.

La imagen, transmitida por la NBC, es similar a la de películas de acción, como Rambo, Perros de reserva –estrenada en Estados Unidos en 1992 y dirigida por Quentin Tarantino– o Nacidos para matar –exhibida en 1994, dirigida por Oliver Stone y escrita por Tarantino.

Si bien algunos expertos en psicología y comportamiento humano sostienen que personalidades como la de Cho son producto de desequilibrios mentales, aceptan también que este tipo de actitudes fatalistas y criminales son resultado de un fomento inconsciente de la llamada cultura de la violencia en Estados Unidos.

El ejemplo más claro de la inconciencia con la cual la sociedad estadunidense fomenta la cultura de la violencia se observa en la aceptación, por parte de los padres de familia, de que sus hijos jueguen desde temprana edad con reproducciones de armas de fuego, equipo militar, bombas de destrucción masiva biológicas y químicas, o destacen con las manos a personajes humanos representados con dibujos animados en los videojuegos o en internet.

Según el sitio electrónico Gamespot News, dedicado a la promoción y clasificación de los videojuegos con mayor demanda comercial en el mundo, los 10 más violentos son: Resident Evil 4 (Residente diabólico 4), Grand Theft Auto: San Andreas (Gran robo de auto: San Andreas), God of War (Dios de la guerra), Narc (Narco), Killer 7 (Asesino 7); The Warriors (Los guerreros), 60 Cent: Bulletproof (60 centavos: A prueba de balas); Crime Life: Gang Wars (Vida criminal: guerra de pandillas); Condemned: Criminal Origins (Condenado: orígenes criminales) y True Crime: New York City (Crimen verdadero: ciudad de Nueva York). En todos ellos aparecen personajes que muestran poses o actitudes como la que Cho adoptó en su videograbación y en las fotografías que entregó a la NBC.

"La violencia con armas de fuego es una de las principales preocupaciones de los estadunidenses", apunta el reporte de TTG titulado Fuerte apoyo a la instrumentación de leyes de sentido común sobre las armas.

La encuesta nacional del TTG se realizó del 10 al 15 de enero de este año. Su muestra fue de 803 estadunidenses adultos, con un margen de error de más/menos 3.5 puntos porcentuales. Al responder la pregunta ¿cuál es su principal preocupación?, 72% de los entrevistados dijo que es el elevado costo por el cuidado de la salud; 59%, que es el precio de la gasolina; 58% que es la violencia con armas, y 56% contestó que es la calidad de la educación pública".

Según el sondeo del TTG, de febrero de 2001 a enero de 2007, el porcentaje de estadunidenses que apoyan la instrumentación de leyes más severas para el control de las armas de fuego oscila entre 62 y 56%. Además, 82% de la población de Estados Unidos quiere que por lo menos las autoridades apliquen con más severidad y sin ningún tipo de excepción las leyes de control de armas, aunque 38% preferiría la promulgación de nuevas leyes; 44% se opone a que se haga eso, mientras que 14% piensa que, en ese sentido, el país está saturado de leyes sobre las armas.

El estudio del PERF, elaborado por expertos de agencias policiacas federales y sustentado con estadísticas del Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), menciona que el índice de crímenes violentos en Estados Unidos se incrementó 10.21% entre 2004 y 2006. Las estadísticas del estudio provienen de 56 jurisdicciones de agencias policiales del país y fueron clasificadas en cuatro categorías: homicidio, robo, asalto con violencia y asalto violento con arma de fuego.

Rechazo a legislar



La masacre de Virginia Tech obligó al presidente George W. Bush y a los líderes demócratas y republicanos del Congreso federal a declarar siete días de luto nacional. Sin embargo, esta expresión simbólica contrasta con la negativa reiterada de la Casa Blanca y del Capitolio a legislar sobre cambios a las leyes nacionales para la venta de armas, a pesar de las exigencias en ese sentido por parte de organizaciones civiles y algunos medios de comunicación.

Los estudios del PERF y del TTG sostienen que una de las organizaciones más poderosas de Estados Unidos que se oponen a legislar al respecto es la Asociación Nacional del Rifle (Nacional Rifle Association, NRA). La Casa Blanca y el Congreso mantienen relaciones con ese tipo agrupaciones, las cuales se oponen a que nuevas leyes restrinjan la venta de armas de fuego.

Tanto el presidente Bush como los líderes de su partido, el Republicano, se han mostrado preocupados últimamente ante la posibilidad de que en los comicios federales de noviembre de 2008 los demócratas les arrebaten la presidencia. Por eso prefieren no discutir ahora una nueva legislación de armas de fuego. Y los demócratas saben también que abordar el tema no les redituaría ningún capital político.

La agrupación no gubernamental Open Secrets (Secretos Abiertos), contraria a la

venta de armas de fuego, señala que la NRA

encabeza una lista de 18 organizaciones que son partidarias de la venta de pistolas y rifles de todo tipo a cualquier residente legal que no tenga antecedentes penales.

En 2006, por ejemplo, la NRA, que tiene a su servicio nueve firmas de abogados dedicados al cabildeo profesional, gastó 1 millón 600 mil dólares para mantener intactas las leyes federales, estatales y locales sobre la venta de armas. Y así ha venido haciéndolo durante varios años: destinó 1 millón 790 mil dólares en 2005, 1 millón 575 mil dólares en 2004 y 1 millón 550 mil dólares en 2003.

A pesar de que la NRA es la organización más activa en la guerra contra la restricción de la venta de armas de fuego, y no obstante que entre sus miembros honorarios están el vicepresidente Dick Cheney, el expresidente George H. W. Bush (padre del actual mandatario) y por lo menos 418 de los 535 legisladores federales que conforman la Cámara de Representantes y la de Senadores, no es la agrupación que más dinero destina al cabildeo profesional para facilitar la venta, uso y aportación de armas, según Open Secrets.

La Asociación de Dueños de Pistolas (Gun Owners of America, GOA) gastó en cabildeo profesional 1 millón 753 mil 290 dólares en 2004 y 1 millón 640 mil dólares en 2003.

En contraste, la organización Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, dedicada a patrocinar en el Capitolio la formulación de nuevas leyes para restringir la venta de armas, gastó 90 mil 100 dólares en cabildeo profesional para sus causas en 2006 y 190 mil dólares en 2005. A su vez, el Comité de Ciudadanos por el Derecho a Mantener y Portar Armas de Fuego, la organización más pequeña de entre las 18 que luchan para evitar las leyes restrictivas, gastó 643 mil 961 dólares en cabildeo profesional en 2006 y 654 mil 173 dólares en 2005.

Expertos en el tema aseguran que la mayoría de organizaciones como la NRA se sostienen con el dinero que aportan sus miembros: en su mayor parte habitantes de poblaciones rurales o ciudades pequeñas donde se practica la caza y las leyes locales les permiten portar armas también para defensa personal.

La encuesta del TTG, en contraste, reveló que 51% de la población de las grandes ciudades consideró que deben aprobarse nuevas leyes para hacer más restrictivas las que existen actualmente, 44% opina lo mismo en las ciudades pequeñas, 34% en las zonas suburbanas, 32% en las poblaciones pequeñas y sólo 28% en las áreas rurales, como Blacksburg.

El 13 de marzo, Cho compró por 571 dólares una de las pistolas que usó en la masacre –la 9 milímetros– en una armería de Blacksburg, Virginia, donde se ubica Virginia Tech, una comunidad rural que se localiza en la región más montañosa de la entidad y cuya población se dedica principalmente a la agricultura.


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