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Responder a este mensaje
Asunto:[redluzargentina] La sociedad se activa, mientras los poderes callan
Fecha:Sabado, 14 de Junio, 2008  19:17:23 (-0500)
Autor:Ricardo Ocampo <lacasadelared @.....com>

---------- Forwarded message ----------
From: Ricardo Ocampo <lacasadelared@gmail.com>
Date: 14-jun-2008 19:13
Subject: 1810-1910-2010 / Defenderse de lo indefendible: La sociedad
se activa, mientras los poderes callan
To: red-cuauhnahuak <red-cuauhnahuak@googlegroups.com>,
redmorelos@googlegroups.com, recicladoresenred
<recicladoresenred@googlegroups.com>, Proyecto Piloto Cuidado
Barrancas Cuernavaca <adoptatubarranca@googlegroups.com>, "Asociacion
de Colonos de Lomas de Atzingo, AC." <colonosatzingo@googlegroups.com>


To: RED ANAHUAK <redanahuak@elistas.net>
Date: 14-jun-2008 19:10

From: Universidad Comunitaria <fepap-unicom@cantv.net>
Date: 14-jun-2008 18:50
Subject: [unicom99] Defenderse de lo indefendible: La sociedad se
activa, mientras los poderes callan
To: unicom99@yahoogrupos.com.mx



Declaración de Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de
Organizaciones de la Sociedad Civil Por la Derogación del Decreto Ley
de Inteligencia y Contra Inteligencia

"DEFENDERSE DE LO INDEFENDIBLE…"

LA SOCIEDAD SE ACTIVA, MIENTRAS LOS PODERES CALLAN

Los vicios en el proceso de formulación y aprobación del Decreto Ley
del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia y la falta de
reacción de los Poderes Públicos, deben llamar a la reflexión a todos
los venezolanos, sea cual sea su posición política o su ubicación
ideológica.

SINERGIA, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil,
luego de un cuidadoso análisis realizado con otros actores, no sólo
del contenido del Decreto Ley, sino de la forma en la que fue aprobado
y a la inaceptable ausencia de los Poderes Públicos durante el intenso
debate público y las exigencias de sectores diversos de la sociedad,
que llevaron al Presidente de la República a derogarlo, considera
necesario promover urgentemente un debate abierto serio, respetuoso y
profundo, despartidizado y no ideologizado, sobre los siguientes
elementos:

1. La forma en la que fue formulado y aprobado el Decreto Ley, aún en
el marco de la Ley Habilitante, fue absolutamente contraria a las
provisiones de la Constitución Nacional y a lo que indican los
tratados y convenios que en materia de Derechos Humanos ha suscrito la
República en materia legislativa.

2. Ninguna Ley que afecte la Institucionalidad Democrática y la
vigencia de los Derechos Humanos puede ser aprobada sin la consulta
pública que exige la Constitución Venezolana, y aun en estos casos,
prevaleciendo siempre el principio constitucional de la "progresividad
de los Derechos".

3. Flagrantes vicios, denunciados por diversos sectores de la sociedad
en el ejercicio de sus derechos constitucionales a la participación en
asuntos públicos, no produjeron, sin embargo, ningún tipo de reacción
de Instituciones esenciales para la garantía de los Derechos Humanos
consagrados en nuestra Constitución, como la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Justicia.

4. Tampoco hubo reacción en contra por parte de la Asamblea Nacional
en pleno; por el contrario, dos diputados hicieron pública y vehemente
defensa de los contenidos del Decreto Ley.

5. Es hora de que las Instituciones del Estado Venezolano asuman su
responsabilidad y velen por la vigencia de la democracia y la garantía
de los Derechos Humanos del pueblo venezolano. Es a este pueblo, a sus
ciudadanos y ciudadanas, a quienes se deben de manera preeminente y es
el bienestar de ellos y ellas lo que debe privar a la hora de actuar.

6. Lo ocurrido con el Decreto Ley debe servir de explícito ejemplo en
cuanto a la exigencia de la independencia de los Poderes: es
responsabilidad de la Asamblea, legislar de acuerdo con la
Constitución y ejercer funciones de control sobre el Gobierno; de la
Defensoría del Pueblo, promover, defender y vigilar la garantía de los
derechos humanos de la ciudadanía; del Ministerio Público, garantizar
el respeto de los derechos constitucionales en los procesos
judiciales; del Tribunal Supremo de Justicia, ejercer la jurisdicción
constitucional. Es hora de que asuman plena e independientemente sus
responsabilidades constitucionales.

Desde los Poderes Públicos, fuera de muy contadas excepciones
independientes, solo el Presidente Chávez, en actitud que debemos
reconocer, expresó que no era posible "defender lo indefendible" y, de
manera expedita, produjo el Decreto Derogatorio. Y aún a la fecha en
la que emitimos este comunicado, no ha habido pronunciamiento alguno
por parte de los Poderes Públicos mencionados como cuerpos
independientes.

Quienes representan al pueblo venezolano, especialmente en la Asamblea
Nacional, deben asumir de una vez que es a la voz del pueblo a la que
deben responder, a ninguna otra, y es por el bienestar del pueblo por
lo que deben velar. La habilitación del Presidente para legislar no
constituye otra cosa que hacer dejación de su responsabilidad ante el
pueblo venezolano. Es en la Asamblea Nacional donde se deben producir
las consultas exigidas por la Constitución Nacional, donde se debe
facilitar la participación de los distintos sectores en los asuntos de
interés general que cobran vida a través de las políticas públicas,
donde mediante esta participación plural se garantizan los derechos
humanos y se evitan los abusos de poder; por ello, es propicio que
estando por prescribir la habilitación legislativa que recibió el
Presidente, se evalúe objetivamente el resultado de este año y medio
de Ley Habilitante, para con esta experiencia la Asamblea Nacional
retome su responsabilidad legislativa y de control, ponderando, entre
otras cosas, la ausencia injustificable en el debate generado por la
Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, de quienes tienen la
obligación legal y moral de velar por los Derechos de la población, y
alertar oportunamente de posibles excesos u omisiones. El Ejecutivo
Nacional, repetimos, debe central sus esfuerzos en hacer posible los
planes de gobierno y la Asamblea Nacional debe volver a regular y
controlar la gestión del gobierno en su conjunto: Ejecutivo, Judicial,
Poder Ciudadano y Electoral. Nunca más, salvo en situaciones
excepcionales que por causas de desastre o convulsión social la
realidad lo amerite, la Asamblea puede evadir sus competencias,
transfiriéndolas al Ejecutivo Nacional. Nunca más, el Ejecutivo debe
desenfocarse de concretar los planes que satisfagan las necesidades
populares. Nunca más, el pueblo puede quedar en situación de
indefensión por el silencio de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía
General de la Republica y Tribunal Supremo de Justicia. Aprender de
los errores u omisiones, hace posible no repetirlos.

Por último, queremos reiterar nuestro reconocimiento a quienes desde
las más diversas expresiones organizadas de la sociedad civil
—academia, iglesia, gremios, sociedades profesionales, medios de
comunicación y organizaciones de desarrollo social y de derechos
humanos—, contribuyeron a restituir la institucionalidad democrática,
el estado derecho y la garantía de los Derechos Humanos, tal como lo
establece la Constitución Nacional. Son esas expresiones ciudadanas,
atentas, vigorosas y de profunda convicción democrática, las que, en
ausencia de las instituciones —o junto a ellas cuando funcionan de
manera independiente y en el ejercicio de sus responsabilidades
constitucionales—, ponen límites al poder cuando éste se sale de su
cauce.

12 de junio de 2008

sinergia@cantv.net www.sinergia.org.ve




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