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Asunto:[RedLuzArgentina] Una guerra perdida / Las politicas prohibicionistas han fracasado / Comision Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
Fecha:Lunes, 9 de Marzo, 2009  10:59:48 (-0600)
Autor:Ricardo Ocampo <lacasadelared @.....com>

From: Juan Pablo García Vallejo <juanpablotinta@hotmail.com>
From: acatl56@yahoo.com.mx
Date: Sun, 8 Mar 2009 23:44:34 -0700
Subject: :vcd! Fracaso de la prohibición. La Jornada de Michoacán


Las políticas prohibicionistas han fracasado
Escrito por Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
Domingo, 08 de Marzo de 2009 00:00

Una guerra perdida

La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas
ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América
Latina.


Frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos
costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de
“guerra a las drogas” aplicada en los últimos treinta años en la
región.

Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la
producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como
la criminalización del consumo, no han producido los resultados
esperados.

Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de
las drogas.

Una evaluación realista indica que: América Latina sigue siendo el
mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en
creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de
drogas sintéticas; Los niveles de consumo continúan expandiéndose en
América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y
Europa.

En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún
más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a las
instituciones democráticas. Asistimos en las últimas décadas a: Un
aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como
por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte
de los grupos criminales; Un crecimiento a niveles inaceptables de la
violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a
los pobres y jóvenes; La criminalización de la política y la
politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre
ambos que se refleja en la infiltración del crimen organizado en las
instituciones democráticas; La corrupción de los funcionarios
públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político
y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la
ley y el orden.

Romper el silencio, abrir el debate El modelo actual de política de
represión de las drogas está firmemente arraigado en prejuicios,
temores y visiones ideológicas. El tema se ha transformado en un tabú
que inhibe el debate público por su identificación con el crimen,
bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a
círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del
crimen organizado.

Por ello, romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas
vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de
un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas.

Eso no significa condenar en bloque políticas que han costado enormes
recursos económicos y el sacrificio de incontables vidas humanas en la
lucha contra el tráfico de drogas. Tampoco implica esconocer la
necesidad de combatir a los carteles y traficantes.

Significa, eso sí, que debemos reconocer la insuficiencia de los
resultados y, sin descalificar en bloque los esfuerzos hechos, abrir
el debate sobre estrategias alternativas con el concurso de sectores
de la sociedad que se han mantenido al margen del problema por
considerar que su solución incumbe a las autoridades.

La cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las
drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones.
Para ello, es esencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo
con el daño que provocan a la salud y a la sociedad.

Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos
implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como
priorizar la prevención y el tratamiento. Esas políticas no deben
negar la importancia de las acciones represivas - incluso con la
participación de las fuerzas armadas en situaciones límite de acuerdo
a la decisión de cada país – para hacer frente a los desafíos
planteados por el crimen organizado.

Límites y efectos indeseables de las estrategias represivas. Es
imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia
prohibicionista seguida por Estados Unidos y las ventajas y los
límites de la estrategia de reducción de daños seguida por la Unión
Europea, así como la escasa jerarquía que le dan al problema de las
drogas algunos países, tanto industrializados como en desarrollo.

Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política
represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas,
este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un
esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los
enormes gastos y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos
de Colombia en su lucha contra los carteles de la droga y la
disminución de los índices de violencia y de delitos, han vuelto a
aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de
drogas desde Colombia y el área Andina.

México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la
actividad violenta de los grupos criminales del narcotráfico. Esto
plantea desafíos al gobierno mexicano en su lucha contra los carteles
de drogas que han reemplazado a los traficantes colombianos como los
que introducen la mayor cantidad de narcóticos al mercado de Estados
Unidos.

México tiene el derecho de reivindicar del Gobierno y de las
instituciones de la sociedad estadounidense un debate sobre las
políticas que allí se aplican y también pedir a la Unión Europea un
esfuerzo mayor para la reducción del consumo. La traumática
experiencia colombiana sin duda es una referencia para que se evite el
error de seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y se
encuentren alternativas innovadoras.

La política europea de focalizar en la reducción de daños causados por
las drogas, como un asunto de salud pública, mediante el tratamiento
de los usuarios, se muestra más humana y eficiente. Sin embargo, al no
dar prioridad a la reducción del consumo, bajo el argumento de que las
estrategias de reducción de daños minimizan la dimensión social del
problema, la política de los países de la Unión Europea mantiene
intacta la demanda de drogas ilícitas que estimula su producción y
exportación de otras partes del mundo.

La solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas
pasa por la reducción de la demanda en los principales países
consumidores. No se trata de buscar países culpables por tal o cual
acción u omisión pero sí de afirmar que Estados Unidos y la Unión
Europea son co-responsables de los problemas que enfrentamos en la
región, pues sus mercados son los mayores consumidores de las drogas
producidas en América Latina.

Es deseable, por ello, que apliquen políticas que efectivamente
disminuyan el nivel de consumo y que reduzcan significativamente el
tamaño de este negocio criminal.

La visión de América Latina: hacia un nuevo paradigma. Considerando la
experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas
y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana
sobre Drogas y Democracia se dirige a la opinión pública y a los
gobiernos de América Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad
internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres
grandes directrices:

Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
Focalizar la represión sobre el crimen organizado. Nuestro enfoque no
es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que estas provocan daños
a las personas y a la sociedad. Tratar el  consumo de droga como un
tema de salud pública y promover la reducción de su uso son
precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos
críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las
redes de traficantes.

Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latina
tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de
transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:

1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado
ilegal en pacientes del sistema de salud.

La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico sólo
podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus
fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado debe crear las
leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas

que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el
mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud.

Esto, en conjunto con campañas educativas y de información, llevaría a
una reducción de la demanda de drogas ilegales y al desplome de los
precios de las mismas, minándose de esta manera las bases económicas
de este negocio criminal.

2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más
avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia
de marihuana para consumo personal.

La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina.
Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la
salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que
los daños causados por esta droga son similares a los causados por el
alcohol o el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños
asociados a la marihuana – de la prisión y encarcelamiento
indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que
afectan toda la sociedad – son el resultado de las políticas
prohibicionistas vigentes.

La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de
políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia
la profundización de los problemas de adicción.

Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica más
recursos a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema
está en la eficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política
de encarcelar a los usuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo
del respeto a los derechos humanos y de su eficacia, es inaplicable en
América Latina, considerando la superpoblación carcelaria y las
condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política
represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de
la policía.

En ese país también es descomunal la magnitud de los recursos que se
usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistema
carcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la
prevención, tratamiento o rehabilitación de los consumidores.

3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información
y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular
por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

Las drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El
testimonio de ex-adictos sobre estos riesgos puede tener mayor poder
de convencimiento que la amenaza de represión o la exhortación
virtuosa a no consumir. Los cambios en la sociedad y la cultura que
llevaron a reducciones impresionantes en el consumo de tabaco
demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención
basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con la experiencia
de las personas a que se destinan.

Cabe a las campañas de comunicación alertar de modo constante a la
población en general y a los consumidores en particular sobre la
responsabilidad de cada uno frente al problema, los peligros que
genera el “dinero fácil” y los costos de violencia y corrupción
asociados al tráfico de drogas.

La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en
el mundo son bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las
experiencias de países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido,
Holanda y Suiza y es preciso explorar experiencias de otras regiones.

4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable
contra el crimen organizado.

Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos
más nocivos para la sociedad del crimen organizado, como la violencia,
la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de
armas, el control de territorios y poblaciones. En esta materia es
importante el desarrollo de estrategias regionales y globales.

5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de
programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que
contemplen las realidades locales en términos de productos viables y
con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar
no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social de fuentes
de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de
soluciones en un contexto participativo. Simultáneamente se deben
considerar los usos lícitos de plantas como la coca, en los países
donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al fenómeno
de su utilización como insumo para la fabricación de droga,
promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a
ese tipo de consumo.

La participación de la sociedad civil y de la opinión pública. Un
nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas deberá estar
menos centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano de
la sociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben basarse en
estudios científicos y no en principios ideológicos. En ese esfuerzo
se debe involucrar no sólo a los gobiernos sino al conjunto de la
sociedad.

La percepción de la sociedad sobre el problema así como la legislación
sobre drogas ilícitas se encuentran en proceso acelerado de
transformación en América Latina. Un número creciente de líderes
políticos, cívicos y culturales han expresado la necesidad de un
cambio drástico de orientación.

La profundización del debate en relación a las políticas sobre consumo
de drogas debe apoyarse en evaluaciones rigurosas del impacto de las
diversas propuestas y medidas alternativas a la estrategia
prohibicionista, que ya están siendo probadas en diferentes países,
buscando la reducción de los daños individuales y sociales.

Esta construcción de alternativas es un proceso que requiere la
participación de múltiples actores sociales: instituciones de justicia
y seguridad, educadores, profesionales de la salud, líderes
espirituales, las familias, formadores de opinión y comunicadores.
Cada país debe enfrentar el desafío de abrir un amplio debate público
sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más
adecuadas a su historia y su cultura.

En el ámbito continental, América Latina debe establecer un diálogo
con el gobierno, congresistas y la sociedad civil de Estados Unidos
para desarrollar en forma conjunta alternativas a la política de
“guerra a las drogas”. La inauguración de la Administración de Barack
Obama representa una oportunidad propicia para la revisión en
profundidad de una estrategia que ha fracasado y la búsqueda en común
de políticas más eficientes y más humanas.

Simultáneamente, a nivel global, debemos avanzar en la articulación de
una voz y visión de América Latina capaz de influir en el debate
internacional sobre drogas ilícitas, sobre todo en el marco de las
Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas. Esta participación activa de América Latina en el
debate global marcaría la transición de región-problema a la de
región-pionera en la implementación de soluciones innovadoras para la
cuestión de las drogas.

Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia: César Gaviria //
Colombia // co-presidente. Ernesto Zedillo // México // co-presidente.
Fernando Henrique Cardoso // Brasil // co-presidente. Ana María Romero
de Campero // Bolivia. Antanas Mockus // Colombia. Diego García Sayán
// Perú. Enrique Krauze // México. Enrique Santos Calderón //
Colombia. General Alberto Cardoso // Brasil. João Roberto Marinho //
Brasil. Mario Vargas Llosa // Peru. Moisés Naím // Venezuela. Patricia
Marcela LLerena // Argentina.<Paulo Coelho // Brasil. Sergio Ramírez
// Nicaragua. Sonia Picado // Costa Rica. Tomás Eloy Martínez //
Argentina

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