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Asunto:[RedLuzArgentina] Fondo del Bicentenario desfondado / Adolfo Perez Esquivel
Fecha:Sabado, 23 de Enero, 2010  15:13:37 (-0600)
Autor:Red de Consciencia <lacasadelared @.....com>

From: SERPAJ-Secretaria Nobel <secnobel@serpaj.org.ar>
Date: 2010/1/21
Subject: Fondo del Bicentenario desfondado, Artículo de Adolfo Pérez Esquivel. Se ruega su difusión.


Fondo del Bicentenario desfondado

Adolfo Pérez Esquivel

La resistencia contra la dictadura militar tuvo consignas claras en defensa de la vida y los derechos del pueblo, entre ellas: “la deuda externa, la represión…..son los que han vendido la nación”. Por entonces la militancia no dudaba que la primera era parte del proyecto de dominación cobrándose un alto costo en vidas y destruyendo la capacidad productiva del país, generando la dependencia , pobreza y hambre del pueblo.

Hoy la derecha se rasga las vestiduras ante la decisión presidencial de pagar los intereses de la deuda externa con reservas del Banco Central, pero no cuestiona el problema de fondo: se han callado todos estos años sobre quienes resultaron los responsables, así como sobre el origen de negociados que incrementaron la deuda externa.

En consecuencia es necesario recordar la falta de coraje y voluntad política de los gobiernos a partir de 1983, quienes se negaron sistemáticamente a investigar el origen fraudulento que profundizó el proyecto neoliberal; en especial durante el gobierno de Carlos Menem -quien  privatizó las empresas nacionales y los recursos energéticos, promovió la venta indiscriminada de tierras, la destrucción y apropiación de los recursos naturales, profundizando el neoliberalismo hasta el presente, todo ello con la complicidad de gobernadores provinciales.

En la actualidad, el gobierno debiera hacer memoria asumiendo la “Causa Olmos” e impulsando la auditoria sobre la deuda externa, que, después de 10 años de que el juez Federal Ballestero enviara lo actuado al Parlamento, continua sin tratamiento. Sin embargo, los diputados de diversos partidos han cajoneado la causa, negándose a realizar la investigación pertinente para determinar la deuda legítima de la ilegítima.

Durante el mandato presidencial de Néstor Kirchner, se anunció que la Argentina había pagado al FMI la deuda externa y que no quería saber más de ese organismo de rapiña. Pero la  presidenta Cristina Fernández Kirchner, haciendo uso del “Decreto de  Necesidad y Urgencia” quiere utilizar Fondos Reservados del Banco Central, para pagar la suma de 6569 millones de dólares de intereses de la deuda externa, a través del Fondo del Bicentenario.

El resto de la historia es conocida: el pedido de renuncia de Martín Redrado y todo el conflicto desatado en torno al mismo aprovechado por la derecha para desestabilizar al gobierno, con la total complicidad del vicepresidente Julio Cobos,  quien continúa en el cargo con una absoluta falta de ética política. Si quiere ser opositor al gobierno, debería hacerlo desde otro lugar. El aquelarre político esta de moda, mientras el gobierno incurriendo en contradicciones y desprolijidades se especializa en meterse goles en contra.

Es interesante leer las declaraciones de la presidenta cuando comparó a “los fondos buitres con las ratas del Riachuelo”. En especial porque las ratas y la contaminación continúan a pesar de las declaraciones de saneamiento que alguna vez se anunciaron pero nunca se concretaron.

Algo semejante ocurre con la economía del país, tan contaminada como el Riachuelo, la que reclama otra “limpieza” y para ello se debería ir al fondo del problema y no al Fondo del Bicentenario, desfondado. Con el cual, en definitiva, retornamos a la vieja historia: “Mas pagamos, más debemos y menos tenemos”.

El pueblo quiere saber de qué se trata, desde el 25 de Mayo de 1810 hasta la fecha: ¿por qué la Argentina debe someterse a tribunales de los EE.UU y tiene una deuda externa contaminada? ¿Cuáles son las razones para no hacer una auditoría y saber que debemos y que no debemos?

El DNU hay que  utilizarlo para superar el hambre y la pobreza que afecta a gran parte de nuestro pueblo; para recuperar el patrimonio perdido, las  tierras y recursos naturales, las empresas nacionales básicas y luchar para recuperar la soberanía nacional, hoy lamentablemente pérdida.

La presidenta dice que: “analizar si la deuda externa es legítima, fue durante el primer momento democrático, que no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo”. No suena lindo, suena irresponsable y dramática esa afirmación superficial. Ese argumento lleva a justificar lo injustificable, la deuda es parte de la represión y está manchada de sangre; es como querer justificar las leyes de impunidad de “punto final” y “obediencia debida”, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

La “ley de Medios de Comunicación” impuesta por la dictadura militar, estuvo vigente todos estos años, sin embargo el gobierno, tuvo la voluntad política de superar y enfrentar la fuerte resistencia de los intereses corporativos y de una oposición recalcitrante.

Muchos sectores de la sociedad apoyamos esas medidas y leyes justas, en bien del pueblo, como el subsidio a los niños de 180 pesos; la reforma de la Corte Suprema; la nulidad de las leyes de impunidad. No es imposible tomar medidas que hacen a transformar la realidad del país, se necesita claridad conceptual y voluntad política.

Entonces, ¿por qué no tener la misma actitud y audacia en encarar el  problema postergado de la deuda externa, habiendo herramientas legales para hacerlo?

La presidenta dice que no piensa impulsar ningún debate o revisión sobre la legitimidad de la deuda, cuando es evidente que, en las actuales políticas públicas de derechos humanos el respeto y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, aún brillan por su ausencia. El gobierno acota al periodo 1976-1983 la política de derechos humanos, sin tener en cuenta lo que ocurre en esa materia, quedando éstos en un “limbo” que oscila entre la indiferencia y la impunidad.

Sería de suma relevancia, en consecuencia, sumar las voluntades políticas de los sectores sociales y técnicos para obtener la tan mentada transparencia y soberanía  económica, en lugar de volver a estirar la mano para mendigarle al FMI.

Hay legisladores progresistas, organizaciones populares y económicas que durante años vienen trabajando y proponiendo dar respuesta a la situación de la deuda externa y la dependencia que soporta el país, así como sugerencias serias para encontrar caminos que permitan recuperar el patrimonio y la soberanía nacional.

El conflicto con el Banco Central puede ser para la presidenta una oportunidad para analizar con humildad el manejo de las cosas públicas, teniendo presente que nadie es dueño absoluto de la verdad y que, por lo tanto, resulta de “necesidad y urgencia” abrir los espacios de diálogo, incluso con sectores que no están de acuerdo con  algunas decisiones gubernamentales. 

Una cosa es oír y otra escuchar, una cosa es ver y otra mirar. Hay que aprender a escuchar y a mirar en simultáneo para saber por donde caminar en el país, como decía  Angelelli: “debemos tener un oído puesto en el Pueblo y otro en el Evangelio para saber hacia donde ir”. En ese sentido, el debate parlamentario sobre la deuda externa se torna indispensable para encontrar una solución justa y fortalecer la democracia.

El gobierno plantea de dónde va a sacar los fondos para hacer frente a los compromisos asumidos por el país.

Algunas sugerencias:

La ley de Minería es una ofensa al pueblo, es de necesidad y urgencia modificarla, puesto que con ello se permitirían obtener los recursos necesarios y preservar el medio ambiente, impidiendo que empresas sin escrúpulos continúen devastando y saqueando el país.

Esa normativa fue sancionada durante el menemato, con la complicidad de los gobiernos provinciales; nadie ignora que las éstas empresas se llevan el 97% de oro, plata, cobre y minerales estratégicos con una simple declaración jurada; dejando desolación, contaminación del agua, destruyendo la capacidad productiva de las provincias  y generando enfermedades y desempleo.

Éste es otro de los problemas estructurales y estratégicos que el gobierno debería asumir con responsabilidad, pero la presidenta ha vetado la Ley de Protección de los Glaciares, a fin de favorecer los intereses de la empresa Barrick Gold y de gobernadores que buscan favorecer a empresas y no al pueblo.

El gobierno hoy tiene la gran oportunidad de superar la “vieja Argentina” construyendo una patria libre y soberana, el dilema será entonces saber si la presidenta encontrará la claridad, la humildad y el coraje para superar las estructuras de dominación.

El pueblo no pierde la esperanza de que otra Argentina -y otro mundo- es posible.

 
Buenos Aires,  enero de 2010







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