Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta
masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo, unívoco
y contundente, fue el mismo de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las
empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a
los atropellos del pasado y el presente. "La tierra, robada, será recuperada",
fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron
ayer a la tarde a Plaza de Mayo. Todos los discursos denunciaron el rol
extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras,
y también a la dirigencia política "que por acción u omisión permite nuestra
opresión". Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para
"mostrar que seguimos vivos".
Por Darío Aranda publicado en
Página/12
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 21/05/2010. La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y prometió
atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge Nahuel, de la
Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban "anuncios concretos a
las históricas demandas".
La movilización fue impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén, la
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND de Tucumán), Kollamarka de
Salta y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa. También participó el
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y contó con
el apoyo fundamental de la organización Tupac Amaru, que dirige la jujeña
Milagro Sala.
"Es una marcha histórica, nos animamos a llegar hasta este mundo de
edificios, asfalto, y venimos con respeto pero también fuerza, queremos que les
quede claro que los grandes negocios de las empresas arrasan nuestras tierras y
se llevan nuestra vida", graficó al comienzo de la marcha Félix Díaz, pilagá de
la comunidad La Primavera de Formosa, uno de los ocho mil indígenas que llegaron
hasta Buenos Aires.
Las columnas de comunidades indígenas ocuparon siete cuadras de la avenida 9
de Julio. Lo ancho de todo un carril estaba desbordado de rostros curtidos,
abuelos, muchas mujeres, niños y gran cantidad de jóvenes. En Diagonal Norte los
esperaron organizaciones sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Camino hacia la Plaza, desde algunos
edificios tiraban papelitos, aplaudían el paso indígena y las banderas
argentinas convivían con las wiphala, emblema multicolor de los pueblos
originarios.
"Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional",
fue la consigna de la marcha, que comenzó el 12 de mayo en Jujuy, Misiones y
Neuquén, atravesó diez provincias y contó con la presencia de los pueblos kolla,
mapuche, qom-toba, diaguita, lule, huarpe, wichí, mocoví, guaraní, vilela,
sanavirones y guaycurú. Elías Maripan, de la Confederación Mapuche de Neuquén
(CMN), arengó desde el escenario. "Los pueblos originarios están de pie, dignos
y conscientes de sus derechos", gritó con el puño en alto. La multitud lo
ovacionó.
Desde el ingreso de las columnas a la ciudad de Buenos se hizo hincapié en el
pliego consensuado antes de comenzar la marcha. Territorio, cultura-educación,
"madre naturaleza" y reparación económica. En base a leyes ya vigentes, exigen
inmediato reconocimiento y restitución de tierras, aplicar con urgencia el
derecho a la consulta y consentimiento sobre los hechos y acciones que los
afectan, y la aplicación efectiva de la ley 26.160, de emergencia territorial,
ya vigente hace cuatro años y muy demorada en su aplicación.
En el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas como
idiomas oficiales, incluir planes de estudio interculturales, crear
universidades e institutos de formación indígena y suplantar el 12 de octubre
por fechas significativas de los pueblos originarios. "Solicitamos la derogación
del Código de Minería", remarcan desde la convocatoria -como freno a la avanzada
de la minería metalífera a gran escala- e impulsan la creación de un "tribunal
de justicia climática".
David Sarapura, de la Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas
(Kollamarka, de Salta), aclaró que la marcha "no es para festejar el
Bicentenario, marchamos para demostrar que estamos vivos, que somos los antiguos
pobladores de esta tierra y que hemos resistido y seguiremos resistiendo, eso es
lo que nos llevó a todos los hermanos a estar en esta marcha. Lo que sí
festejamos es que estamos vivos".
La Presidenta recibió a una treintena de delegados durante una hora. "Propuso
una agenda de trabajo para la primera quincena de junio. Dijo que está de
acuerdo en muchos puntos, y en otros para nada. Suponemos que no comparte
nuestro rechazo a la minería, las petroleras y empresas que saquean y contaminan
nuestros territorios, no lo dijo pero lo dio a entender", explicó Jorge Nahuel,
de la Confederación Mapuche, y reconoció que esperan "anuncios concretos. Nos
hubiera gustado respuestas claras a nuestras demandas, pero sabemos que al
Estado les cuesta entender nuestra realidad, aunque tiene claro que estamos
organizados y no bajaremos las demandas". El derecho y la protección del
territorio es la histórica demanda de todos los pueblos indígenas, sin
distinción de etnias y regiones.
Una investigación de Página/12 reveló en 2007 que existen al menos 8,6
millones de hectáreas en conflicto entre comunidades indígenas y multinacionales
mineras, los estados provinciales y nacional, privados multimillonarios -aunque
también algunos menos acaudalados-, empresarios turísticos, plantas de celulosa,
empresas sojeras, universidades nacionales y, según acotan las comunidades, "un
sistema político y judicial que desobedece las leyes". En la misma línea, un
trabajo de la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) relevó seis
provincias del noreste argentino y aportó datos inéditos: cinco millones de
hectáreas en conflicto, casi 600 mil personas afectadas, y confirma que el
sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e
indígenas. El informe demuestra que la mayor conflictividad comenzó en la década
del 90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
Jorge Nahuel, mapuche, aseguró que ahora los pueblos indígenas están
"movilizados, se hacen escuchar y tienen una fortaleza mayor que hace
décadas".
Un sector organizado, pero atomizado
En Argentina habitan, según datos oficiales, 600 mil personas que se
reconocen pertenecientes o descendientes de 24 pueblos indígenas. Las
organizaciones indígenas aseguran que el número es mayor, cercano al 1,5 millón
de personas, y afirman que hay al menos 30 pueblos indígenas. En el país no hay
una organización que nuclea a todas las comunidades, ni siquiera existe un
organización que reúna a todos los indígenas de una provincia o etnia. Al
contrario, en provincias con alta población indígena (Chaco, Salta, Jujuy,
Formosa, Misiones o las patagónicas) existen decenas de organizaciones,
disputas, divisiones y, en algunos casos, alianzas con gobiernos provinciales o
nacional.
Las demandas explicitadas en la marcha de ayer son tan antiguas como la
conformación del Estado nacional. En toda la historia indígena hubo reclamos, de
distintos modos (huelgas, enfrentamientos, marchas, cortes de ruta) y en
distintos lugares del país, pero nunca una movilización tan masiva y heterogénea
había llegado a Buenos Aires.
La marcha no estuvo ajena a polémicas y enfrentamientos dentro de las mismas
organizaciones indígenas. La movilización comenzó a gestarse en diciembre
pasado. En febrero de este año contó con el visto bueno del Gobierno, que
acompañó la iniciativa desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
el Ministerio de Desarrollo Social y desde Radio y Televisión Argentina (RTA).
Pero una división entre organizaciones significó el retiro del apoyo económico a
la marcha. El otro sector, llamado Encuentro Nacional de Pueblos Originarios,
reúne a una decena de organizaciones, sí cuenta con el respaldo del INAI y
también fue recibido ayer por la Presidenta, que realizó junto a ellos un acto
en el Salón de la Mujer de Casa de Gobierno. Ambos sectores son afines al
gobierno nacional, enarbolan las mismas demandas, sobre todo territorio, eje
central de todas las comunidades indígenas del país.
Otro sector se reunirá el lunes y martes próximo en lo que se denomina "el
otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos". Participan organizaciones
sociales, comunidades indígenas de Salta, Chaco, Jujuy, Tucumán y Formosa.
También estará la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo) y
la mayor parte de los reclamos pasan por el rechazo a las industrias extractivas
y el papel del Gobierno.
Leyes para incumplir
A lo largo de los ocho días de marchas indígenas no se pidió la sanción de
nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. El libro Crónicas de la
resistencia Mapuche, un completo relato histórico del investigador y periodista
Adrián Moyano, da cuenta de que esos incumplimientos son recurrentes a lo largo
de la historia. Recuerda la violación sistemática de tratados de paz firmados
por la corona española y, luego, el Estado argentino. Revela que se acordaba con
los pueblos indígenas, pero los gobiernos luego violaban esos pactos para
avanzar sobre tierras ancestrales y asesinar comunidades. "Al internarse las
tropas de Roca en territorio indígena, varios de esos tratados estaban en
vigencia. Sin embargo, a los que invadían en nombre de su civilización no les
importó respetar los acuerdos que habían celebrado poco tiempo antes", denuncia.
En el marco del Seminario de Derecho Indígena Comparado, en 1998, el
especialista en historia del derecho del Conicet Abelardo Levaggi identificó 74
tratados con comunidades indígenas. Su gran mayoría fueron incumplidos por las
autoridades argentinas, que violaron la ley y desconocieron los derechos
indígenas.
Un sector importante de la clase política consideró que el 1º de noviembre de
2006 era el "día de la reparación histórica". El Congreso acababa de sancionar
la Ley 26.160, que declaraba por cuatro años la "emergencia en materia y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas".
La norma suspendía los desalojos y comprometía al Estado a realizar un
relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva
de las tierras ocupadas ancestralmente. Tan retrasada estaba la aplicación de la
ley que fue prorrogada otros tres años. El noviembre de 2009, el Congreso aprobó
que se extendiera el plazo hasta el 2013.
En la actualidad los derechos indígenas constan en el artículo 75, incisos 17
y 22, de la Constitución nacional, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango superior a las leyes
ordinarias) y una decena de constituciones provinciales. Son sólo algunas de las
legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación
bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los
recursos naturales y reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan.
Minga Pueblos Orig
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