Editorial del diario mexicano La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/11/index.php?section=edito
Debe
saludarse la decisión mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) de otorgar plena validez legal en todo el territorio
nacional a los matrimonios entre personas del mismo sexo, legales en el
Distrito Federal desde el 21 de diciembre del año pasado, cuando la
Asamblea Legislativa del Distrito federal (ALDF) aprobó reformas al
Código Civil local que pusieron fin a la discriminación de las minorías
sexuales en materia de matrimonio.
Cabe recordar que, en aquel momento, las derechas políticas y
religiosas reaccionaron con una campaña de satanización de las uniones
legales entre parejas de homosexuales y de lesbianas. Aparte de la
alharaca clerical, el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe
Calderón Hinojosa, argumentó entonces, en forma errónea, que la
Constitución habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer
,
en tanto la Procuraduría General de la República inventó, para
justificar el recurso de inconstitucionalidad que ayer quedó resuelto
en forma definitiva por el fallo que se comenta, una defensa de los derechos de los menores que vayan a ser adoptados por parejas del mismo sexo
.
Un alegato similar empleó en la sesión de ayer de la SCJN el ministro
Sergio Aguirre Anguiano, uno de los dos que se opusieron –el otro fue
el presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia– al sentir
mayoritario del máximo tribunal del país: que los menores adoptados por
matrimonios gays podrían ser víctimas de rechazo y burla por sus
compañeros de escuela.
El tema de las adopciones no fue, sin embargo, abordado, toda vez
que no está directamente vinculado a la validez de las uniones entre
personas del mismo sexo, y probablemente será analizado en forma
separada.
En lo inmediato, cabe señalar que la determinación de la SCJN
consolida uno de los pocos logros civilizatorios obtenidos en tiempos
recientes en un país sumido en la crisis económica, la descomposición
institucional, la violencia incontenible, la impunidad, las tendencias
autoritarias cada vez más desembozadas y el declive generalizado en los
niveles de bienestar, consumo, salud y educación. Frente al avance de
la intolerancia oscurantista, enquistada en las propias instituciones
públicas –y que se traduce en situaciones tan aberrantes y exasperantes
como las que viven en diversas entidades las mujeres condenadas a
cárcel por abortar–, la despenalización del aborto y la inclusión de
las parejas del mismo sexo en las regulaciones matrimoniales, vigentes
ya en la capital de la República, constituyen una muestra de
tolerancia, respeto a la diversidad, reconocimiento de derechos
irrenunciables y modernidad. De hecho, al legalizar las bodas gays, el
Distrito Federal obtuvo reconocimiento como un sitio de avanzada en el
mundo –al lado de Bélgica, Canadá, España, Holanda, Noruega, Sudáfrica,
Uruguay, Suecia y algunos estados del vecino país del norte– en materia
de respeto a los derechos civiles, sexuales y reproductivos y de
combate a prácticas discriminatorias.
Ciertamente,
el fallo del máximo tribunal del país –motivo de alivio después de una
secuencia de determinaciones erradas, injustas y antipopulares– no
implica que ninguna de las otras entidades deba seguir los pasos de la
capital en materia de regulación de matrimonios; simplemente las obliga
a reconocer como válido, para todo efecto legal, el trámite que se
realice en la ciudad de México. Desde este punto de vista, la
determinación de la SCJN contribuye también a preservar el sentido del
pacto federal, pues impide que tome curso un precedente peligroso de
desconocimiento mutuo de documentación legal, el cual podría extenderse
a ámbitos como el educativo y vehicular, con los consiguientes efectos
de desintegración nacional.
Ayer, en suma, la cúspide del Poder Judicial adoptó una determinación atinada y justa.
Bodas gays: avance
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anahuak2001
